Xalapa, Ver.- A través de un comunicado, el colectivo Solecito de Veracruz manifestó su rechazo a la decisión tomada en un tribunal federal relativa a la revocación de los decomisos de propiedades del exgobernador Javier Duarte de Ochoa.
El colectivo aseguró que se trata de un acto más de impunidad en el caso, toda vez que señalan a Duarte de Ochoa como responsable de las desapariciones forzadas en Veracruz y ejecuciones extrajudiciales, relativas a su sexenio (2011-2016).
?? Pronunciamiento
— Colectivo Solecito (@SolecitodeVer) May 22, 2020
??El @SolecitodeVer exige la revisión de la sentencia condenatoria contra el exgobernador Javier Duarte.
??Pide a las autoridades investigarlo, procesarlo y sancionarlo por su participación directa en #DesaparicionesForzadas ?? pic.twitter.com/SYgbigbJLu
En el documento expresan que se tienen pruebas fehacientes que comprueban que los bienes que estaban en proceso de decomiso, fueron adquiridos bajo actos de corrupción probados, como la creación de empresas fantasmas y prestanombres, a través de los cuales se desvió dinero del erario público de Veracruz.
Por ello, Solecito manifestó su rechazo e indignación ante la decisión tomada por la magistrada Isabel Porras Odriozola; titular del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal de Ciudad de México; bajo el argumento de que las propiedades pertenecen a procesados que aun no acreditan condena.
Hicieron un exhorto a la Secretaría de Gobernación de México, al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la Fiscalía General de la República para pedir una revisión de la sentencia al Consejo de la Judicatura, pues podría tratarse de un “perjuicio irreparable a la justicia en México”.
El decomiso de las propiedades debería significar la restitución y reparación del daño a familias y ciudadanos que resultaron afectados por la gestión del exgobernador Javier Duarte, incluyendo las familias de víctimas de desaparición forzada en el estado”.
En su postura, el colectivo reiteró que su lucha por la búsqueda de personas desaparecidas en el sexenio de Duarte de Ochoa no cesará, así como la búsqueda de justicia; pues “Veracruz es uno de los estados que más ha sufrido el flagelo del crimen y la impunidad. La revocación de los decomisosEl pasado 18 de marzo se anunció que un Tribunal Federal confirmó la sentencia de 9 años de prisión a Javier Duarte de Ochoa, misma que fue impuesta desde 2018 al exgobernador de Veracruz, pero se revocó el decomiso de más de 40 propiedades presuntamente ligadas a él.
Lo anterior de acuerdo con un información publicada por Animal Político, donde de detalla que entre las propiedades se encuentran 20 casas y departamentos ubicados en Veracruz, CDMX, Estado de México y Guerrero.
Además 21 bienes ubicados en terrenos ejidales en Campeche; la revocación de bienes era parte de la condena que adquirió por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa.
Fue la Magistrada Isabel Porras Odriozola, titular del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal de Ciudad de México, dictó como legal el proceso penal en el que Duarte de Ochoa se declaró culpable.
Sin embargo, la revocación del decomiso se dio luego de que la magistrada expusiera que se trata de propiedades de otros procesados, y que, al no recibir condena, deberán esperar hasta el cierre del caso.
Porras Odriozola reiteró que las pruebas que fueron aportadas a la PGR confirmaron que el exgobernador Duarte de Ochoa participó en el armazón de empresas fantasma y desvío de recursos de erario público.
La apelación en contra de la sentencia fue solicitada por Javier Duarte desde el 26 de septiembre de 2018, sin embargo, a decir de la magistrada, Duarte de Ochoa aceptó denunciar a su derecho a defenderse en un juicio y de combatir las pruebas del ministerio Público.
“La sentencia se funda en los hechos y las pruebas aceptadas por el acusado (…) Es inadmisible que en la apelación se analicen aspectos que ya fueron previamente convenidos y expresamente aceptados ante el juez de control, en cuanto al delito y la responsabilidad. Lo único exigible ante el juez y luego ante el tribunal, es que los datos de prueba sean suficientes e idóneos”, señala Animal Político citando el fallo.
Asimismo, Porras Odriozola consideró correcta la multa que se le impuso, por 58 mil 890 pesos, además de la amonestación verbal dictada y la pérdida de sus derechos políticos.