XALAPA, VER.- Los policías Martín “N”, Pedro “N”, Filiberto “N”, Francisco Javier “N” y José Israel “N”, quienes estaban privados de la libertad desde el 7 de agosto de 2020 en diversos penales de la entidad, lograron su libertad por orden de un juez federal en el amparo 232/2020.
Estos efectivos, así como otros 2 elementos municipales que siguen presos, fueron acusados de ultrajes a la autoridad y otros delitos.
Sin embargo, de acuerdo con el abogado Arturo Nicolás Baltazar, este viernes el juez local que lleva su caso tuvo que variarles la medida cautelar para que continúen su proceso en libertad.
Según el amparo de la autoridad jurisdiccional, la Fiscalía no acreditó la necesidad de cautela para que los 5 elementos municipales sigan en prisión.
“El día de ayer tuvimos una audiencia que duró 14 horas en la cual la jueza de amparo al dar cumplimiento a la sentencia antes referida emitida por el juez octavo de Distrito ordenó revocar el auto de vinculación a proceso y en su lugar dictar un nuevo auto de vinculación únicamente por los delitos de ultrajes a la autoridad y posesión simple de marihuana.
“Con este nuevo auto de vinculación estos cinco policías municipales después de un año y siete meses en cautiverio pudieron recuperar su libertad”, destacó el abogado en entrevista.
Nicolás Baltazar señaló que los elementos tenían abierto el proceso penal 115/2021 imputados por ultrajes a la autoridad, homicidio en grado de tentativa, daños dolosos y posesión simple de marihuana.
El abogado opinó que existe resistencia del Poder Judicial del Estado para poner en libertad a las personas acusadas por ultrajes a la autoridad, al no estar publicado el decreto que deroga el tipo penal de ultrajes, en la Gaceta Oficial del Estado.
RECLAMAN CUMPLIR FALLO DE LA SCJN
Tanto Nicolás Baltazar como otros abogados que integran el Movimiento por la Justicia acudieron al Congreso local requiriendo que se dé curso a la declaratoria de invalidez del delito de ultrajes a la autoridad determinada por el máximo tribunal del país.
El pasado primero de marzo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó el artículo 331 del Código Penal del Estado, referente a este tipo penal.
Sin embargo, ante los medios de comunicación los integrantes del Movimiento acusaron que “les cerraron las puertas” al Palacio Legislativo.
Arturo Nicolás Baltazar sentenció que la omisión del Congreso de no publicar la derogación del tipo podría encuadrar en los delitos de incumplimiento de un deber legal, en tanto que los jueces que no permiten la salida de los acusados únicamente por este delito estarían incurriendo en abuso de autoridad.
Por su parte, la académica Rosa Hilda Rojas Pérez calificó como lamentable que se tenga que solicitar al Congreso la publicación de los alcances de la acción de inconstitucionalidad.
“Desde luego ya todos los jueces saben que el tipo penal ha quedado derogado y no tendrían que esperar ni siquiera la publicación; da pena que, en el Congreso, por una mera formalidad, tenga que retenerse a personas que desde luego ya han sido beneficiadas con esta declaratoria”, mencionó.
Rojas Pérez indicó que es el Poder Legislativo, no la Secretaría de Gobierno -de la que depende la Editora de Gobierno, responsable de la publicación en la Gaceta- la que tiene que ordenar que se realice la publicación oficial.
“Por eso en este escrito estamos pidiendo que ordene y se nos expida copias certificadas del oficio de cumplimiento por parte de este órgano legislativo, lo que no ha ocurrido”, indicó.
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