La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitió la recomendación 62-2019 al Ayuntamiento de Veracruz y la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA), por la violación al derecho a la seguridad jurídica, al medio ambiente sano y a la intimidad.
El procedimiento fue resultado de una queja de vecinos de la colonia Valente Díaz por las afectaciones causadas por una empresa recicladora ubicada en la zona.
Entre otras cosas, la empresa generaba un ambiente insalubre y de contaminación a su alrededor por la falta de un programa de manejo ambiental adecuado, además de alterar la tranquilidad de los vecinos con el uso de maquinaria pesada que generaba ruido excesivo y bajas en la energía por el uso de la red eléctrica pública.
Otra de las situaciones era el incorrecto manejo de los materiales acopiados para su procesamiento, ya que no se tenían espacios adecuados para su confinamiento o manejo de desechos.
De acuerdo con la investigación emprendida por el organismo estatal, que hasta ahora solo ha sido respondido satisfactoriamente por la dependencia estatal, ambas autoridades incurrieron en omisión durante el procedimiento de inspección y sanción en dicha empresa.
A pesar de contar con elementos suficientes para clausurar el sitio y obligar a un correcto funcionamiento, ninguna de las dos autoridades dio seguimiento a sus obligaciones desde mayo del 2017 que se inició la denuncia por parte de los vecinos.
En ese entonces el Ayuntamiento era gobernado por el priista Ramón Poo Gil, mientras que la PMA dependía del gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares.
Sin embargo, vecinos dieron seguimiento ante instancias municipales y estatales hasta abril del 2018, ya en la administración municipal en funciones, a cargo de Fernando Yunes Márquez, antes de proceder ante la CEDH.
REPARACIÓN DEL DAÑO
Al detectar que la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente y el Ayuntamiento de Veracruz no atendieron las quejas ciudadanas, fundamentadas en afectaciones directas a sus derechos y seguridad jurídica, la CEDH ordenó a ambas instituciones a emprender acciones de satisfacción para la parte afecta.
Las acciones que tanto el municipio como la administración estatal deberán consistir en el seguimiento al expediente de la queja promovida en enero del 2017 por vecinos de la colonia Valente Díaz.
Ambas instancias deberán hacer cumplir el marco legal que regula el funcionamiento de la empresa recicladora, además de investigar a los funcionarios públicos involucrados en la atención de la queja, para sancionarlos conforme a los reglamentos internos.
Otra de las acciones obliga a la PMA y el Ayuntamiento porteño a impartir cursos de capacitación en materia de derechos humanos a los funcionarios que participan en cada una de las instituciones, a fin de garantizar que no se repetirá otro caso.
“En esa lógica, y tomando en consideración el material probatorio que obra en el presente expediente, es necesario que personal del H. Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz y de la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente, deberá capacitar y sensibilizar a los servidores públicos involucrados en la presente Recomendación, en materia del derecho humano a la seguridad jurídica, aun medio ambiente sano y a la intimidad y vida privada. Por último, es importante resaltar que la presente Recomendación constituye por sí misma una forma de reparación”, dice a la letra la recomendación 62-2019.
La recomendación es emitida en medio de una disputa entre ambas instituciones por el cierre del basurero municipal el 13 de agosto pasado, el cual incumplía con las leyes estatal y federal en materia de medio ambiente, equilibrio ambiental y manejo de los residuos sólidos, de acuerdo con la inspección realizada por la PMA.
ygr