Siete camiones compactadores que arrojaban basura en el basurero municipal de Tierra Blanca fueron asegurados por la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente (PMA), como parte del procedimiento iniciado en contra de la empresa concesionaria del servicio de recolección de basura, por presunto daño ambiental.
La dependencia estatal detalló que se tuvo apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública para acudir al tiradero a cielo abierto localizado en la calle Camino al Jícaro y la carreta San Joaquín, del municipio de Tierra Blanca.
En el lugar se hizo el aseguramiento de los vehículos, propiedad de la empresa Comercializadora Bertocal del Sur SA de CV., como parte del proceso que se inició en su contra en octubre del 2019.
El titular de la PMA, Sergio Rodríguez Cortés, afirmó que la Ley faculta a la dependencia a realizar el aseguramiento de los camiones compactadores de basura, ya que estos fueron utilizados para arrojar residuos sólidos urbanos de manera clandestina.
“Es una medida de seguridad prevista en el artículo 212 fracción VII de la Ley 62 Estatal de Protección Ambiental aplicado de manera supletoria a la Ley 847 de Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial para el Estado de Veracruz de Ignacio de Llave”, detalló el funcionario.
En octubre del 2019, la PMA informó que realizó un operativo en el tiradero a cielo abierto del municipio de Tierra Blanca, en donde se constataron diversas irregularidades cometidas por la empresa Comercializadora Bertocal del Sur SA de CV.
Entre otras cosas, la empresa favorecida por el Ayuntamiento con el título de concesión por 10 años a partir del 15 de febrero de 2016, no presentó sus permisos consistentes en manifestación en materia de impacto ambiental, registro de reciclado, remanufactura, tratamiento y disposición final de residuos sólidos y de manejo especial y su recolección de traslado y disposición final de los residuos sólidos municipales.
A pesar de no contar con la documentación requerida y las faltas en materia ambiental, la PMA afirmó que se cuenta con registros que confirman que la empresa seguía cobrando sus servicios al Ayuntamiento de Tierra Blanca.
Por el momento, no existe una dictamen definitivo sobre la responsabilidad de la empresa en presuntos delitos ambientales, por lo que esta podrá presentar las pruebas que considere a su favor para hacer frente al procedimiento en su contra.