XALAPA, Veracruz (La Silla Rota).-La juez de control del penal de Pacho Viejo, Alma Aleida Sosa Jiménez fue “sacrificada” por el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJE), Edel Álvarez Peña, que la reasignó al juzgado en el municipio de Ozuluama, ubicado en los límites con el Estado de Tampico.
Puedes leer:La guerra que heredó Yunes a Cuitláhuac con el CJNG
Entre trabajadores judiciales el cambio de sede laboral se asume como un castigo y una estrategia de Álvarez Peña para congraciarse con el gobernador Cuitláhuac García Jiménezal “aislar” a la responsable de enjuiciar a la mayoría de los exfuncionarios en la administración de Javier Duarte que fueron encarcelados por el exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares.
Ozuluama es un municipio ubicado en la zona norte del Estado, considerado de alta marginación. Cuenta con 23 mil habitantes. Dentro de los distritos electorales, tanto federal como estatal, pertenece a Pánuco, ambos representados por los diputados Ricardo y Rodrigo García Escalante, cercanos a Yunes Linares.
La demarcación está a 368 kilómetros de la capital del Estado, lo que obliga a un viaje de seis horas para llegar a la cabecera municipal.
Sosa Jiménez, quien en otro momento fue protegida del régimen panista, también forma parte de la lista de más de 430 aspirantes a Magistrados en el Estado de Veracruz, que compiten por las 13 vacantes del TSJE.
Recientemente la juez debía atender el amparo 1276/2017 que obliga a reponer el juicio contra cuatro expolicías de Veracruz acusados de la desaparición forzada y el asesinato del joven Carlos David Bautista López, sin embargo, en su lugar llegó Francisco Hernández Lima.
Fue así como se conoció el reacomodo de Alma Aleida Sosa, pues se reagendó la audiencia; posteriormente se logró confirmar su traslado con fuentes al interior del Poder Judicial.
Su historial
Alma Aleida Sosa fue Juez de Control del Penal de Pacho Viejo y destacó en los últimos dos años por ser la responsable de vincular a proceso a exfuncionarios de Javier Duarte acusados de tráfico de influencias, coalición, incumplimiento de un deber legal y desaparición forzada, a quienes les ha variado las medidas cautelares y han logrado obtener su libertad con amparos federales.
La trabajadora del Poder Judicial encarceló al exgobernador Flavino Ríos Alvarado. El priísta estuvo al frente del poder ejecutivo por un periodo de 48 días, y fue acusado de ayudar a escapar al exgobernador Javier Duarte de Ochoa del Estado, quien a la fecha lleva más de un año en la cárcel tras ser detenido en Guatemala.
Alma Aleida sancionó con seis meses de prisión preventiva a Flavino Ríos Alvarado, a quien acusaron de ayudar a escapar al entonces gobernador con licencia Javier Duarte de Ochoa.
El también Notario Público logró salir en libertad tras el pago de una fianza por cinco millones de pesos como garantía económica y la entrega de su pasaporte. Fue vinculado a proceso el 11 de marzo del 2017 por los delitos de abuso de autoridad y tráfico de influencias.
Ha sido un “factor común” en la impartición de justicia contra los Duartistas y también fue denunciada por el ex fiscal general, Luis Ángel Bravo Contreras, quien acusa delitos de tortura, asociación delictuosa, falsas denuncias, abuso de autoridad, usurpación de funciones e incumplimiento de un deber legal, en el proceso que se sigue en su contra por desaparición forzada.
El ex fiscal del Estado, hoy interno del Penal de Pacho Viejo, interpuso la denuncia contra el titular de la Fiscalía General, Jorge Winckler, y algunos de sus subalternos, así como contra la Juez y el titular del Tribunal Superior de Justicia, Edel Álvarez Peña.
En la querella, que presentó su abogado Arturo Nicolás Baltazar el pasado 13 de noviembre, narró que la funcionaria pública justificó el actuar en su contra con el argumento de que eran órdenes de Edel Álvarez Peña y le recomendó recurrir a un amparo federal para obtener su libertad, ante lo viciado del proceso.
Luis Ángel Bravo es de los pocos duartistas que permanece en el Penal del Pacho Viejo, a pesar de que ha ganado amparos que han obligado a reponer la audiencia en la que se le vinculó a proceso.
El 03 de diciembre, Mauricio Martín Audirac Murillo, ex secretario de Finanzas de Javier Duarte, también obtuvo su libertad. La juez le fijó una garantía económica de 100 mil pesos, la restricción de no salir de México y debe acudir al penal a firmar asistencia cada quincena.
El titular de Finanzas en el periodo de Duarte fue detenido el 30 de marzo de 2017, lo acusaron por los delitos de incumplimiento de un deber legal, abuso de autoridad y del presunto desvío de recursos.
Sosa Jiménez también procesó a Francisco Valencia y después le varió la medida cautelar. Fue detenido el 31 de marzo de 2017 y acusado de la comisión de los delitos de peculado, abuso de autoridad, tráfico de influencias, incumplimiento de un deber legal y coalición.
En diciembre pasado también recuperó su libertad a cambio del pago de una fianza y se le sigue el proceso judicial por el desvío de fondos públicos.
El titular de la SSP en el periodo de Duarte, Arturo Bermúdez, salió del penal de Pacho Viejo el 05 de diciembre; el pasado 8 de febrero se amplió su estancia en el Centro de Readaptación Social por el delito de desaparición forzada.
Al ex titular de la SSP y a otros dos mandos, se les atribuyen 15 desapariciones perpetuados en el gobierno de Javier Duarte. La justicia federal obligó a Alma Aleida Sosa Jiménez a dejarlo en libertad, en tanto se sigue investigando la comisión de algunos delitos.
La funcionaria del Poder Judicial también procesó y liberó a Juan Antonio Nemi, ex secretario de Salud en el gobierno de Javier Duarte. Después de ocho meses de permanecer recluido en Pacho Viejo, le varió la medida cautelar a prisión domiciliaria en septiembre pasado.
El exfuncionario fue internado en el Cereso por deficiencias en la construcción de la Torre Pediátrica -hoy Hospital del Niño-, y por su condición médica se le permitió la salida de la cárcel, sin embargo, se sigue la investigación en su contra.
Por el mismo caso giraron orden de aprehensión contra de Cesar Augusto Morando Turrent. El empresario fue detenido en julio del 2017 por el delito de fraude.
El 17 de noviembre de 2018, la juez Alma Aleida Sosa Jiménez le cambió las medidas cautelares y permitió su libertad tras el pago de una fianza y la firma periódica cada semana en un juzgado.
kach
