TIJUANA.- El regreso de la Secretaría de Seguridad de Baja California que propone la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda no tiene el apoyo de todos los ayuntamientos para hacerse realidad, y su última oposición está en un bloque de alcaldías que han mostrado cercanía y lealtad al ex gobernador Jaime Bonilla Valdez.
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La reforma constitucional que presentó la mandataria le quita al Fiscal General Guillermo Ruiz Hernández, entre otras cosas, el control de la policía preventiva que recibió de su compadre el ex ejecutivo estatal cuando éste desapareció a la entonces Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE).
El fiscal general Ruiz Hernández, que oficialmente termina su encargo en 2024, ha evitado entrar en conflicto con la gobernadora por la iniciativa.
Fiscal general de BC, Juan Guillermo Ruiz Hernández
Sin embargo, su futuro al frente de la FGE está lleno de especulaciones luego de que el Congreso que hoy es cercano a Marina del Pilar bloqueara el intento del exgobernador Jaime Bonilla por extender a su compadre en el puesto hasta el 2028.
“La fiscalía se va a concentrar en la judicialización, en la investigación de los delitos, y la Secretaría se encargará de la proximidad y de la prevención”, respondió la gobernadora el pasado miércoles en lo que fue su primera conferencia de prensa semanal cuando le preguntaron por las facultades que le deja a la fiscalía.
Pero no era el único frente abierto en contra de su propuesta.
Un día antes, la alcaldesa de Tijuana y exdiputada local por Morena, Montserrat Caballero Ramírez, había declarado que su voto en el Cabildo sería contra la propuesta de la gobernadora porque como legisladora impulsó la reforma que desapareció a la SSPE.
“Yo la invito a reflexionar sobre el tema de la Secretaría de Seguridad. Tijuana no solamente es el municipio más violento del país, sino también está considerado como uno de los municipios más violentos del mundo”, dijo al respecto la gobernadora en su conferencia.
Tijuana es el municipio más violento del país. Foto Cuartoscuro
Ese mismo día se reunió con la primera edil Caballero Ramírez, con Aracely Brown, presidenta municipal de Playas de Rosarito, y con el alcalde de Ensenada, Armando Ayala Robles.
La primera se ha declarado abiertamente bonillista, el tercero fue empleado del ex gobernador en la empresa de televisión por cable del ex mandatario estatal, y la segunda ha mantenido una buena relación con él.
También estuvieron la alcaldesa de Mexicali, Norma Bustamente, y el de Tecate, Dario Ramírez, así como el presidente del Concejo fundacional de San Quintín, Jorge Alberto López Peralta, quien elige su primer Ayuntamiento hasta el 2024.
El primer grupo de gobernantes no ha votado la iniciativa de la gobernadora que pasó apretadamente por el Congreso, pero el segundo ya le dio el sí a Ávila Olmeda, incluido San Quintín aunque al no tener Cabildo, su respaldo fue más un acto simbólico.
“Entiendo que en Rosarito ya está en comisión”, adelantó la gobernadora que necesita obtener al menos un voto del bloque que forman Tijuana, Ensenada y Tecate para sacar adelante lo que es su primera iniciativa de ley.
NO ES LA ÚNICA OPOSICIÓN
La propuesta de reforma fue entregada simbólicamente por Marina del Pilar al Congreso el 31 de octubre que tomó protesta y el 18 de noviembre consiguió apenas los 17 votos a favor que necesitaba, y recibió 6 en contra ante la ausencia de un voto del pleno.
El rechazo vino de tres integrantes de la bancada de Morena y tres más del Partido del Trabajo (PT).
La gobernadora calificó la situación como “ruín y despreciable”, así que el bloque petista le exigió una disculpa pública.
Exgobernador, Jaime Bonilla y fiscal general de BC, Juan Guillermo Ruiz Hernández
“La intolerancia a la decisión del voto de los diputados del PT, e incluso contra tres de Morena es una fractura del orden democrático constitucional de Baja California y una falta de respeto a la soberanía popular que representamos”, dijeron en comunicado de prensa conjunto.
Como es en el caso de las alcaldías, entre los legisladores que votaron en contra se encuentran Marco Antonio Blasquez, otro ex colaborador en la empresa de medios de comunicación de Jaime Bonilla, y Sergio Moctezuma Martínez, quien fue su secretario del Trabajo en el bienio que concluyó hace menos de un mes.
Pero el Congreso y los Ayuntamientos no son los únicos que han mostrado desacuerdo.
Juan Manuel Hernández Niebla, empresario invitado para formar parte de los trabajos de transición en seguridad, anunció que se retiraba “por no coincidir con los criterios en los cuales se articuló la reforma constitucional en la materia”.
“Se había propuesto la creación de un Secretariado Ejecutivo Estatal, totalmente independiente y no subordinado a ninguna secretaría”, dijo Hernández Niebla, quien regresó a su posición de presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California (CCSPBC).
Frente a todo esto, la morenista Ávila Olmeda no ofreció ninguna disculpa a los legisladores, dijo que pueden revisar las observaciones del CCSPBC y se cobijó en el gobierno federal.
“Es iniciativa es una iniciativa trabajada con el gabinete de seguridad nacional, no es una ocurrencia, no es un capricho. Es una iniciativa que se vio justamente con el gabinete de seguridad nacional”, justificó.
esc