XALAPA, Veracruz (La Silla Rota).-El Congreso del Estado de Veracruz recibió una denuncia de juicio político en contra del magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Huberto Edel Álvarez Peña, a quien señalan de instalar con altos sueldos a familiares y amigos en el Poder Judicial.
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La Asociación Civil Observatorio y Contraloría Ciudadana, presidida por Hilario Arenas Cerdán, también señala al magistrado presidente de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal, ejercicio indebido del servicio público, entre otros delitos.
Además, Álvarez Peña fue acusado de manejar de forma indebida el Fondo Auxiliar para la Impartición de Justicia y de utilizar recursos públicos por concepto de gastos de representación y viáticos sin que exista soporte documental, así como de beneficiar a constructoras afines al ex gobernador, Miguel Ángel Yunes Linares, para la construcción de 21 ciudades judiciales ocultando la información de los contratos.
Dio a sus allegados sueldos de casi 100 mil pesos
La asociación civil señaló al magistrado presidente de exceder sus atribuciones a comienzos de 2017, poco después de llegar al cargo, con varios nombramientos unilaterales para acomodar a sus incondicionales en distintas áreas del Poder Judicial incluso en cargos estratégicos para la revisión y el manejo de los recursos públicos; además algunos funcionarios reciben sueldos cercanos a los 90 mil pesos mensuales.
Según el Observatorio y Contraloría Ciudadana Humberto Edel Álvarez Peña sorteó al Consejo de la Judicatura y por decisión propia designó como interinos a una veintena de trabajadores sin consultar al resto de los magistrados, sin importar que en algunos casos los cargos eran como jueces estatales.
Entre los familiares y amigos mencionados en la denuncia de juicio político están Ana María Zavala Cordero, a quien colocó como su secretaria con un sueldo de 49 mil pesos.
También designó a Amado Francisco Treviño y Andrés Augusto Rosaldo como asesores de Tribunal, con sueldos de 47 mil y 20 mil pesos mensuales y a Haydee Campos González como titular de la Unidad de Género con una percepción de 45 mil pesos.
El Observatorio y Contraloría Ciudadana sostiene que de forma interina el magistrado también impuso a Andrés Domínguez Fernández como secretario general de acuerdos con un sueldo mensual superior a los 86 mil pesos mensuales.
En Comunicación Social nombró a Iresine Calzada Rivera como encargada de prensa y a Ricardo Samaniego Ramírez como subdirector de Comunicación Social, con sueldos de 49 mil y 32 mil pesos mensuales y a Jorge Alonso Franco lo designó como director de la unidad administrativa de control interno con un salario de 63 mil pesos.
Graciela Patricia Berlín habría sido impuesta como juez de primera instancia con un sueldo casi de 45 mil pesos mensuales; Esmeralda Ixtla como secretaria de acuerdos del Consejo de la Judicatura con salario de 54 mil pesos; Mario Berlín Mendoza como director de Asuntos Jurídicos con sueldo de 51 mil pesos y Manuel Fernández Olivares como Jefe de Departamento de lo Contencioso con salario de 45 mil pesos al mes.
El magistrado presidente designó a Anwar Yunes como jefe de departamento con un sueldo de 33 mil pesos; a Yendi Alejandra Sampieri como Contralora con salario de 87 mil pesos; Arturo Charleston como director de Responsabilidades con 51 mil pesos de sueldo; a Ángel Sandoval como director de Auditoría, Control y Evaluación con 51 mil pesos de salario y a Roberto Sánchez como jefe de Departamento de Responsabilidades, con una percepción de 30 mil pesos al mes.
Impuso a Xóchitl Molina Cruz como Jefa del Departamento de Situación Patrimonial con salario de casi 31 mil pesos; a Cindy Lucero Lara como titular de la Unidad de Transparencia con 35 mil pesos mensuales; a Humberto Rodríguez como Director de Administración del Consejo de la Judicatura con 86 mil pesos de salario; a Jesús Obeso como subdirector de recursos materiales con una percepción mensual de 50 mil pesos y a Laura Elena Vega como jefa de Adquisiciones con salario de 29 mil pesos mensuales.
Finalmente designó a Hugo Francisco Vera como jefe de Infraestructura y Supervisión de Obra con salario de 26 mil pesos mensuales; Andrés Enrique Cruz como director de Control y Estadística con 59 mil pesos de salario; a Luis Eduardo Belmonte como juez de primera instancia con sueldo de 44 mil pesos y a Cindy Elliane Franco como auxiliar de unidad con percepción de 16 mil 354 pesos.
La asociación civil subrayó que los nombramientos corresponde realizarlos al Pleno del Consejo de la Judicatura, quien a través de la emisión de un acuerdo debe autorizar el nombramiento o los nombramientos de todo el personal del Poder Judicial del Estado, con excepción del personal perteneciente al Tribunal Superior de Justicia, sin embargo Álvarez Peña impuso su voluntad.
Hizo préstamos con recursos del Fideicomiso del Fondo Auxiliar
La asociación civil también sostiene que con Álvarez Peña se habría hecho mal uso de unos 217 millones de pesos del Comité Técnico del Fideicomiso del Fondo Auxiliar para la Impartición de Justicia, recursos que en parte se utilizaron para realizar préstamos.
Lo anterior pese a que el esquema de préstamos institucionales de recursos propios no se encuentra previsto en ninguna de las hipótesis contenidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.
El Observatorio y Contraloría Ciudadana expone que el Comité Técnico del Fideicomiso del Fondo Auxiliar para la Impartición de Justicia solicitó a la institución financiera Santander S.A de C.V., disponer antes del vencimiento, de manera excepcional, la cantidad de 140 millones de pesos según un acuerdo fechado el 2 de diciembre del 2016.
También se cita el acta de Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de fecha 5 de diciembre de 2016, en el que los integrantes de dicho Órgano Colegiado, autorizaron otorgar un préstamo institucional por la cantidad de 140 millones de pesos.
El Comité es integrado por los Consejeros Edgar Mauricio Duck Núñez y Pedro Luis Juan Clemente Reyes Marín, así como Blanca Elena Gómez Bello, presidente, vicepresidente y secretaria técnica, respectivamente, quienes habrían disminuido el patrimonio de dicho fondo en un poco más de 217 millones de pesos.
De esta manera la asociación sostiene que existe opacidad en el manejo del Fondo, que pasó de los 759 millones 782 mil 551 pesos en diciembre de 2016 a 571 millones 931 mil 40 pesos en septiembre de 2018.
En otro tema, en la denuncia se manifiesta que el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, ha nombrado como Titulares de diversos Juzgados bajo el carácter de interinos, aunque estos no cumplen con el requisito de tener cinco años de ejercicio en la función jurisdiccional.
Tal es el caso de Sofía Llamas Góngora, Héctor Manuel Hidalgo Parra, Gabriela Ordorica Ávila y Alejandro Rodríguez Mejía, quienes se encuentran actualmente desempeñando como autoridades jurisdiccionales de forma irregular.
El Observatorio y Contraloría Ciudadana acusa a Álvarez Peña aseverando que de manera indebida avaló el pago de pensiones complementarias o haberes de retiro en favor de magistrados que decidieron retirarse a partir de una reforma a la Constitución local que restringe la edad para desempeñar el cargo.
Finalmente se señala que a través del director general de Administración, Humberto Rodríguez Losilla, el magistrado presidente ocultó los contratos de Asociación Pública y Privada para la construcción de 21 Ciudades Judiciales.
Esto sin importar que se considera deuda pública ya que el Poder Judicial del Estado habrá de pagar la cantidad de 17 millones de pesos mensuales por un periodo de 25 años, unos 5 mil 916 millones de pesos, a empresas constructoras relacionadas con sus familiares y colaboradores.
“Así como a la Asociación de Compañías Constructoras A.C.C.S.A. y Constructora y Promotora Malibran, ambas Administradas por los hermanos Ruiz Aritúa, herederos de Valentín Ruiz Ortiz, en donde este último presuntamente se encuentra relacionado con el ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares y su familia en la celebración de diversos negocios como lo fue el otorgamiento de una prorroga anticipada por treinta años más de las concesiones carreteras para el libramiento plan del rio y Veracruz- Cardel”, expone la denuncia de juicio político.
Denuncia acaba de ser presentada
El recurso fue presentado el pasado viernes en el Congreso del Estado en la oficina de la presidencia de la Mesa Directiva a cargo del diputado José Manuel Pozos Castro y fue ratificado en la Secretaría General de la LXV Legislatura a cargo de Domingo Bahena Corbalá.
Arenas Cerdán es asesorado por los abogados Tomas Mundo Arriasa, Rafael Hernández Matías, Víctor Alfonso Loyo Olivares, Martín Roberto Landa Hoyos, José Ramón Benítez Barradas, Jorge Luna Zavaleta, Pedro Antonio Urbina Castellanos y María Eugenia Santos González.
Cabe recordar que al magistrado presidente todavía le queda un año al frente del Poder Judicial y recientemente tuvo un distanciamiento con el gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, mientras se define si tiene injerencia en los supuestos pactos que se realizaron en el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares con ex funcionarios acusados de corrupción o delitos como el de desaparición forzada para disminuirles las penas con criterios de oportunidad.