La Fiscalía General del Estado (FGE) y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) tendrían que informar al Congreso sobre las investigaciones que realizan sobre el presunto operativo fallido en Atzalan, que dejó como saldo la muerte de dos personas, entre ellas una menor de edad.
Esto de aprobarse el anteproyecto de punto de acuerdo que fue presentado por la diputada de la fracción MC-PRD, Ivonne Trujillo Ortiz, durante la sesión de este jueves.
Y es que el operativo generó críticas luego de que se dio a conocer el fallecimiento de una menor de 11 años y su abuelo, tras un presunto enfrentamiento entre fuerzas policiacas y delincuentes.
Sin embargo, sobrevivientes de estos hechos han señalado que los elementos de Fuerza Civil y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) no solo asesinaran a los civiles, sino que incluso habrían saqueado la vivienda allanándola sin orden de aprehensión.
“En la madrugada irrumpieron con lujo de violencia en una pequeña localidad del municipio de Atzalan y entraron por la fuerza a diferentes viviendas sin importarles lo consignado en el artículo 19 de la Constitución general de la República que señala que nadie puede ser molestado en su domicilio sin un mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento”, dijo la legisladora.
Cabe destacar que a este anteproyecto se sumaron diputados de todos los grupos legislativos, pues consideran que esto serviría para saber qué ocurrió momentos antes de la muerte de Berllarmino Cardeña, de 63 años y María Magdalena, de 11 años.
En su exposición, Trujillo Ortiz dijo que es necesario conocer si los elementos dieron “un tiro de gracia” a la menor con el fin de eliminar cualquier testigo de un posible operativo fallido, o si abatieron a Berllarmino Cardeña por ingresar ilegalmente a su humilde vivienda.
“Y si eso no fuera poco, las pocas ganancias que obtenían de la tiendita de la esposa de don Berllarmino Cardeña fueron robadas por elementos de las fuerzas armadas y de seguridad pública que entraron a su hogar, según el testimonio de Genoveva Hernández, esposa del finado”
La legisladora opinó que no es posible aceptar esa idea del daño colateral porque es una seguridad fallida.
“Los enfrentamientos directos entre grupos del crimen organizado y fuerzas armadas han dejado como efecto colateral la muerte de cientos de personas que tuvieron la mala fortuna de encontrarse cercanos al sitio en donde se dio esta violencia"
Por ello, insistió en que los elementos de seguridad deben proceder según los protocolos de actuación y que pareciera que en este caso no se respetaron.
ygr