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Pese a sentencia, alcalde de Coatza libra de veto por violencia

El INE creó el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política de Género (RNPS) que entró en vigor el 29 de junio del 2020

  • ISABEL ORTEGA
  • 06/03/2021
  • 15:35 hrs
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Pese a sentencia, alcalde de Coatza libra de veto por violencia

XALAPA, VER. –El alcalde de Coatzacoalcos, Víctor Carranza Rosaldo se salvó de ser incluido en el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política de Género, toda vez que la vigencia del RNPS entró en vigor el 29 de junio, y la sentencia en su contra quedó firme días previos a esa fecha.

Como la ley no es retroactiva en perjuicio, el morenista no fue incorporado al listado nacional en el que se encuentran los alcaldes de Altotonga, Efrén Ruiz Flandes, que ha sumado seis sentencias de órganos jurisdiccionales; de Alto Lucero, Javier Castillo Viveros; y de Chinampa de Gorostiza, Lázaro Avendaño Parrilla, que estarán impedidos para competir en las elecciones hasta el 2027.

Carranza Rosaldo fue sentenciado por violencia política contra la síndica Yazmín Martínez Irigoyen, después de recurrir a varias instancias, quedó firme el acuerdo TEV-JDC-36/2020 en el que se acredita que el presidente municipal obstaculizaba el trabajo de su par en el Cabildo.

“Las obligaciones para las autoridades electorales, incluido dar aviso de VPG, regirán una vez que se publiquen en el Diario Oficial de la Federación los lineamientos ordenados”, fue una resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que el Organismo Público Local Electoral (OPLE) retomó para dar contestación a la consulta de la síndica que pedía la inclusión de Carranza Rosaldo al RNPS.

La sentencia emitida contra el morenista quedó firme el 06 de julio del 2020, y fue hasta el 29 de ese mismo mes, que el Instituto Nacional Electoral (INE) creó el registro de personas sancionadas.   

“Es decir, al momento de que se dictó la sentencia del expediente TEV-JDC-36/2020 no existía el registro ni nacional, ni local, de personas infractoras y, por lo tanto, no era posible hacer un vínculo entre una supuesta obligación de dar vista como un medio para incorporar al registro de infractores”, se lee en el acuerdo que se aprobó en el OPLE la noche del cinco de marzo.