XALAPA, VER.- El abogado Arturo Nicolás Baltazar declaró en entrevista para el programa de Ciro Gómez Leyva que la incosntitucionalidad del delito de ultrajes a la autoridad no ha sido acatada por gobierno de Veracruz, lo que dificulta la liberación de personas detenidas bajo este cargo.
En entrevista, el especialista y defensor legal de clientes privados de su libertad por presuntos delitos de ultrajes, explicó que a pesar de que a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que el delito debía modificarse el Congreso del Estado de Veracruz no lo ha hecho ni publicado oficialmente como tal.
Un “anotación marginal” es como el abogado calificó la acción del congreso veracruzano sobre los cambios que fueron instruidos hacerse por las autoridades nacionales desde hace casi un mes.
Por lo anterior, el abogado aseguró que el delito continúa vigente y que los procesos están “entrampados”. Por ello, dijo que están denunciando el incumplimiento de la sentencia ante jueces federales para recuperar la libertad de detenidos y detenidas de manera paulatina.
“Lo que estamos haciendo algunos abogados en cada caso particular es denunciar el incumplimiento de la ejecutoria del pleno de la suprema corte (…) tendrá que ser el Poder Judicial de la Federación el que resuelva respecto a este incumplimiento y esto puede traer posteriormente responsabilidades para el Congreso del Estado al vulnerar derechos constitucionales en agravio de los ciudadanos veracruzanos.”
Autoridad local omisa
Arturo Nicolás asegura que las autoridades de Veracruz están omisas ante la derogación del delito de ultrajes a la autoridad a pesar de la determinación de la SCJN que señaló que no debía criminalizarse tal y como lo estipula el artículo 331 del Código Penal.
“La justicia federal es la única que está apegándose al derecho para respetar los derechos humanos, sin embargo, la justica local también ha sido omisa en resolver”, dijo.
Mil 33 personas fueron detenidas bajo este delito, y jueces y juezas en la entidad gobernada por Cuitláhuac García Jiménez se han opuesto a liberarlas.
Así fue el caso expuesto por Adriana Vichi exjefa de la Unidad de Género de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz, y clienta de Nicolás Baltazar.
Vichi fue detenida el 2 de diciembre del 2021 por presuntamente haber agredido a policías y haberse opuesto a la detención de Fabián Cárdenas, alcalde electo de Lerdo de Tejada por Morena acusado del delito de secuestro agravado.
Después de más de tres meses privada de su libertad, ante medios de comunicación denunció que fue inculpada de un delito que no cometió y pudo ser liberada únicamente mediante amparos.
Adriana obtuvo su libertad por una suspensión provisional que le concede un juez de distrito, “no porque un juez de control de Pacho Viejo la haya querido poner en libertad”, denunció Arturo Nicolás.
El caso de Adriana Vichi no es el único donde se ha negado la salida a partir de la declaratoria de inconstitucionalidad del tipo establecido en el 331 del Código Penal. De hecho, hasta el momento no se sabe de un solo caso donde hayan salido por otra vía que no sea el amparo.