Xalapa, Ver. - El Centro Federal de Reinserción Social de Papantla, que se licitó en el año 2009 y se anunció con un costo de 2 mil 600 millones de pesos, nunca entró en operación, pues sólo se generó la estructura, sin acondicionar el espacio para los internos. La inversión derivó en observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que detectó un gasto de 4 mil 500 millones de pesos, para el año 2013.
El gasto que se ha generado en la última década, para acondicionar el super penal, equivale al presupuesto que invertiría Veracruz -municipio que ejerce el mayor monto de recursos en el Estado- en cuatro años. Para el 2019 le etiquetaron mil 924 millones de pesos.
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En 2018 el gobierno de Enrique Peña Nieto determinó licitar la obra para hacerla operativa. Se estableció una asociación pública-privada, que permitirá que empresarios acondicionen el reclusorio federal y el estado mexicano pague la inversión, que se calcula en 3 mil 521 millones de pesos adicionales.
Para el ejercicio fiscal de este año, el presupuesto que aprobó la Cámara de Diputados contempla el pago de 2 mil 562 millones de pesos, que se entregarán como contraprestación anual para los encargados de la construcción y acondicionamiento del Cefereso, responsables de su operación por 22 años.
El Congreso federal y la nueva administración de Morena determinó reducir en más de 3 mil millones de pesos el programa de subsidios e infraestructura en Veracruz, sin embargo, mantiene el gasto de 2 mil 500 millones de pesos para financiar el proyecto que garantiza un ingreso a la iniciativa privada.
En la administración de Felipe Calderón, cuando inició el combate frontal a los cárteles de la droga, anunció la construcción de 12 penales de máxima seguridad, entre ellos el de Papantla, municipio ubicado en la zona norte del Estado. Sin embargo, la magna obra no logró ser operativa en una década.
El retraso en su construcción -dos adjudicaciones directas y al menos 15 contratos-, generó que el diario Chicago Tribune difundiera -en 2015- una nota en la que exponía las deficiencias en la conclusión del penal, que se convirtió en una promesa incumplida de los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Fue el priista quien optó por concesionarla.
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LA PRIMERA ADJUDICACIÓN
En el año 2009 la obra se adjudicó de manera directa, a través del contrato OADPRS/DGA/DOPRMSG/OP/O/AD/021/2009. Las empresas beneficiadas fueron: "Desarrolladora y Constructora de Proyectos Integrales TYPP, S.A. de C.V.; TRADECO Infraestructura, S.A. de C.V., y PROMOTORA Y DESARROLLADORA MEXICANA S.A. de C.V".
El contrato establecía como plazo 630 días naturales para la construcción del inmueble, por lo que la obra se tenía que consolidar en marzo de 2011.
Durante el proceso de construcción se logró acreditar, a través de investigación periodística, la emisión de tres ampliaciones de contrato a las tres empresas que ganaron la licitación, pero la Auditoría Superior de la Federación reportó 15.
El proyecto incluía 2 mil 300 espacios y celdas en tres niveles: media, máxima y "súper máxima" seguridad. La construcción de un hospital con 60 camas, helipuerto, áreas de talleres, dormitorios de custodios, áreas para servicios generales para reos, custodios y administración.
El penal se planeó como centro de admisión de reos federales para su clasificación y posterior traslado a otros centros federales. Ahí se instalaría el Centro Nacional de Observación y Clasificación de Reclusos.
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Siete meses después -en noviembre del 2011- las empresas lograron un segundo contrato, ahora para el equipamiento del penal y obras complementarias. Eso les permitió un ingreso adicional de 515 millones de pesos, con un periodo de construcción de 244 días, la obra se tenía que concluir para julio del 2012.
En mayo del 2012, dos meses antes de que venciera el periodo del contrato, se autorizó a Typpsa un nuevo trato por 272 millones de pesos para la construcción de un módulo de máxima seguridad. Tenían 154 días para concluir los trabajos.
SE INFLÓ EL COSTO DE LA OBRA
Según la Auditoría Superior de la Federación -de acuerdo con la revisión 13-1-04D00-04-0058 del 2013- la obra incrementó su costo en sólo cuatro años, pero seguía sin funcionar, pues a pesar de los gastos erogados los trabajos no avanzaban.
“Con la revisión de la documentación proporcionada por la entidad y de las visitas llevadas a cabo al Complejo Penitenciario de Papantla, se determinó que para el Proyecto Integral para la Construcción, Rehabilitación, Adecuación, Equipamiento y Amueblado del Complejo Penitenciario de Papantla, Veracruz, se consideró una inversión estimada de 4,539 millones de pesos con un periodo de ejecución de 2009 a 2013, con este propósito se formalizaron 15 contratos¸ 4 de obra y 11 de servicios relacionados con las mismas, relativos a gerencia de proyecto, supervisión y Directores Responsables de Obra.
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“A la fecha de la revisión (julio de 2014), el complejo penitenciario no se encuentra en operación debido a que no se han concluido en su totalidad los trabajos, con un avance estimado del 85 por ciento, no obstante que la mayor parte de la obra se encuentra concluida desde diciembre de 2012”, detalla la observación de la autoridad fiscalizadora.
La secretaría de Gobierno, a través de la Dirección de Obra Pública, Recursos Materiales y Servicios Generales, reconoció gastos de obra por 3 mil 935 millones de pesos, derivados de los contratos celebrados con la extinta Secretaría de Seguridad Pública.
NUEVA ADJUDICACIÓN DIRECTA
Ya para el 2018, el gobierno de Enrique Peña Nieto anunció el Programa México, Oportunidades de Inversión que incluía la conclusión del penal de máxima seguridad.
La ficha pública determina que el alcance del contrato es para la construcción, ampliación y equipamiento del inmueble. Para su conclusión y entrada en operación se calcula una inversión de 3 mil 521 millones de pesos.
El proyecto es una inversión pública privada, en la que la federación destinará un pago anual a favor de la empresa Greenfield, a quien se le adjudicó -de manera directa- por 22 años.
El contrato se firmó el pasado 20 de julio y el penal debe estar operando el 1 de mayo del 2020; la empresa podrá cobrar por la conclusión de la obra hasta el año 2040.
Dentro del proyecto de presupuesto federal se etiquetaron 2 mil 500 millones de pesos, que se tendrá que reservar hasta el año 2040 para pagar a un particular.
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