Bajo el argumento de un ahorro ante un boquete presupuestal de 15 millones de pesos, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (Orfis) desechó la opción de contratar a 63 despachos externos de su padrón para revisar la cuenta pública 2019; el primero del gobierno de Cuitláhuac García Jiménez.
La medida la planteó la auditora general, Delia González Cobos, luego de que el anterior encargado, Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, dejó un hueco en el presupuesto del ente autónomo; sin embargo, el anuncio genera suspicacias entre diputados de la oposición.
"El contador (Lorenzo) Portilla sabiendo que había una ampliación presupuestal, dispuso de un recurso destinado al pago de obligaciones laborales de diciembre", acusó.
Por ello, para este año se desechó la alternativa de contratar a los despachos externos del padrón de proveedores del Orfis, integrado por 51 personas morales para la auditoría financiera, 12 personas morales para la auditoría técnica a la obra pública; y 47 personas físicas para las auditorías técnicas y financieras de las cuentas públicas.
Así, el ente aplicaría una fiscalización deficiente a las cuentas públicas del primer año de gobierno de Cuitláhuac García, señalado por un presunto subejercicio en dependencias por mil 977 millones 373 mil 098 pesos.
En este caso, la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas es la de mayor subejercicio reconocido en el Cuarto Informe Trimestral a las Cuentas Públicas 2019 con mil 443 millones 142 mil pesos 668, de un presupuesto inicial de 2 mil 233 millones 557 mil pesos, pero incrementado a 2 mil 484 millones 155 mil 106 pesos.
SOLUCIONES A MEDIAS
En entrevista, Delia González anticipó que la cuenta 2019 se auditaría con personal interno de la dependencia, pero reveló que buscará la contratación adicional de al menos 40 auditores "temporales" para este 2020.
Esto implicaría un costo de 12 millones de pesos a las finanzas del organismo, es decir, apenas un ahorro de tres millones sobre la opción de pagar despachos externos como se hizo en 2019, con un costo de 15 millones de pesos.
"Al final terminamos haciendo el trabajo en el Orfis, la carga pesada es para el órgano; el despacho ya cobró, ya se fue, hizo el trabajo que no concluyó porque las observaciones y el trabajo medular la termina haciendo el Orfis", defendió la auditora general.
González Cobos explicó, aunque no profundizó a detalle, que los recursos de enero y febrero se destinaron para pagar las prestaciones del personal pendientes desde diciembre ante irregularidades heredadas por Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, refiriéndose a los aguinaldos y bonificaciones de fin de año.
Además, admitió que continúa pendiente el pago a los despachos externos contratados para la nueva valoración a la cuenta pública del ejercicio 2018 que le ordenó la actual LXV Legislatura veracruzana.
Por ello tampoco descartó solicitar una ampliación del presupuesto al Congreso del Estado, luego de que el 20 de diciembre de 2019 se aprobó un presupuesto de 182 millones 717 mil 582 pesos para el Órgano de Fiscalización.
Lo anterior, aun cuando en 2019 el organismo aplicó un presupuesto de 205 millones 241 mil 758 pesos; de los cuales, 161 millones 893 mil 758 pesos se destinaron a Servicios Personales; 2 millones 550 mil en Materiales y Suministros; para Servicios Generales 39 millones 382 mil pesos; y para Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, 1.4 millones de pesos.
SOSPECHAS DEL CONGRESO
Ante la medida de no requerir despachos externos, el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en el Congreso, Omar Guillermo Miranda Romero, advirtió que el encargar la revisión de la cuenta 2019 exclusivamente al personal del Orfis puede levantar "suspicacias".
En ese sentido, el diputado justificó que el PAN avaló la designación de Delia González para apartar el tema político de la labor de fiscalización.
Además, enfatizó que la autonomía del órgano no podía depender de temas "extra técnicos" como definió; aunque observó que, si dicha medida obedecía a un tema de ajuste presupuestal, entonces resulta necesario aplicar un análisis claro a la propuesta.
"Pero lo que nos llama muchísimo la atención es que esto se podría convertir finalmente en que el mismo personal que el Orfis contrata para las auditorías, si no se hace de una manera clara y transparente puede ocasionar suspicacias"
Omar Miranda Romero abundó que al final los despachos externos brindan una certeza a la fiscalización en el tema técnico, prueba de ello es que no han sido señalados por corrupción la actual administración estatal o Gobiernos anteriores.
No obstante, observó que los diputados del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional permanecerán a la expectativa del rumbo de la próxima revisión a la cuenta pública.
"Aunque el Órgano de Fiscalización es un ente autónomo y puede tomar sus propias decisiones, nosotros estaríamos atentos a que todas las revisiones de 2019 se realicen de acuerdo lo que marca la normatividad"
También indicó que si bien es importante es cumplir con la ampliación, lo es igual determinar la existencia de alguna responsabilidad.
"El presupuesto está claramente diseñado en torno a las funciones del ORFIS en todo el año, si el anterior auditor (Portilla Vásquez) ocupó recurso que no estaba destinado a las liquidaciones, tendría que haber tenido el recurso en la tesorería para hacer esto"
Señaló que se le ha pedido a la auditora del Orfis, Delia González Cobos, un estudio de lo que encontró en la revisión del anterior titular y en caso de detectar alguna anomalía, se deberán presentar las respectivas sanciones.
"Porque el Órgano de Fiscalización debe ser el primero que debería cumplir las normas que dicta el tema de la fiscalización".
LAS SUSPICACIAS
El pasado 28 de enero, La Silla Rota Veracruz reveló de las deficiencias en la revisión ejecutada por despachos externos incluidos en el padrón actualizado de proveedores del ORFIS a las cuentas del gobierno de Javier Duarte. Además, se abordó de la colusión de varios despachos con negocios a modo fomentados desde el Congreso, por parte de la Comisión de Vigilancia o bien, con simulación en las auditorías.
Es el caso del despacho "Contadores y abogados corporativos S.C.", con registro en el Orfis RAF-2-2020-15, y cuyo representante legal es el ex presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (CPC-SEA) Sergio Vázquez Jiménez.
En 2015, la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Xalapa (CMAS) concedió a empresas relacionadas con Sergio Vázquez 16 contratos por un monto de 18 millones de pesos.
Además de la empresa "Contadores y abogados corporativos S.C.", igual participaron en el proceso de licitación el despacho "Consultoría Corporativa del Golfo", representada legalmente por María Eugenia Vázquez Jiménez, en un supuesto vínculo familiar con el ex presidente del CPC.
En este caso el actual ayuntamiento de Xalapa procedió con denuncias contra los despachos de Sergio Vázquez Jiménez, dado que de acuerdo con la contraloría interna de la Comisión de Agua no existe evidencia de que los citados proveedores hayan cumplido con los servicios contratados.
En el caso de la empresa que legalmente representa Sergio Vázquez, a esta se le adjudicaron seis contratos por 5.5 millones de pesos.
La lista de proveedores del Orfis para auditoría financiera incluye a despachos a los que se les encargó las cuentas del gobierno de Javier Duarte, pero que no dieron resultados satisfactorios o evidentes de la corrupción del mandatario.
Es el caso de la empresa "Barreda Vázquez y Asociados S.C.", de Ricardo Barreda Vázquez, contratada en 2013 para auditar al gobierno de Veracruz, mismo encargo que se le dio a "Despacho Freyssinier México", siendo representante legal Rafael García Romero, que pasó por alto las irregularidades administrativas de las dependencias estatales en la anterior administración.
En este caso, durante 2014, la Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades omitidas por consultores contratados por el ORFIS para revisar la cuenta 2012.
Es el caso de "Despacho Munir Hayek S.C.", representado por Munir Hayek Domínguez, y con registro ante el Orfis RAF-2-2020-023, beneficiada con seis contratos por un millón 13 mil pesos.
Otro caso es el despacho de Ignacio Levet Gorozpe, hermano de Enrique Levet Gorozpe, y que sobresale en el padrón de proveedores del Orfis como el responsable de firmar dictámenes del despacho "Levet y Asociados S.C." cuyo representante legal es Salvador Levet Remes.
A la empresa se le acusa de recibir el beneficio recibir contratos por el servicio de auditorías por influencia de la Comisión Permanente de Vigilancia de la pasada 64 Legislatura, en ese entonces, presidida por el diputado local Juan Manuel de Unanue Abascal.
Al legislador por el distrito de Boca del Río se le asocia de "vender impunidad", por medio de la consultoría, a alcaldes con observaciones en las revisiones de cuentas públicas.
En este caso, la Comisión Permanente contrató a Levet y Asociados para realizar revisiones a las cuentas públicas 2016 del municipio de Ixmatlahuacan.
ygr