CHILPANCINGO (La Silla Rota).- La Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos atiende a 88 familias desplazadas de sus comunidades por la violencia del 2012 a la fecha, y una ley de atención que aún no funciona.
Las 80 familias, de acuerdos a los números de la organización, son 350 personas, entre niños y adultos, sobre todo de los municipios de Coyuca de Catalán, Zitlala y Chilapa. Uno de los casos en el que ha acompañado la Red desde hace años es el de La Laguna, donde denunciaron problemas a partir del cuidado de los bosques; las familias están refugiadas en Ayutla.
El Congreso local aprobó la Ley 487 para Prevenir y Atender el Desplazamiento Interno en Guerrero, pero, de acuerdo, al coordinador de la Red, Manuel Olivares Hernández, “es letra muerta”, porque, denunció, no hay apoyo gubernamental suficiente para las familias. La Ley carece de un reglamento, es decir no hay presupuesto asignado para que funcionen los criterios que establece.
Al dirigente le consta, comentó en entrevista, que estas familias viven en condiciones infrahumanas.
La Dirección de Seguimiento Control, Evaluación de los Asuntos de Derechos Humanos, que depende de la Secretaría General de Gobierno, es la que debería de garantizar apoyo a las familias desplazadas, pero el argumento, según dijo el dirigente, es que no hay recursos.
Otros lugares donde hay también familias desplazadas son San Miguel Totolapan, Ajuchitlán del Progreso, Arcelia, Teloloapan y Apaxtla de Castrejón.
Olivares Hernández reprochó que al gobernador Héctor Astudillo Flores no le interesen las familias desplazadas en Guerrero, resultado de la inseguridad. "Lo que pasa es de que este gobierno tiene una política de indivisibilidad en cuestión de derechos humanos", comentó.
kach