Xalapa, Ver. - El Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Edel Humberto Álvarez Peña, heredará una deuda de mil 155 millones de pesos al próximo representante de dicha soberanía, que implica un endeudamiento hasta el año 2047.
El 02 de diciembre vencerá su periodo de 3 años en la Presidencia del TSJE, y aunque aún no define si buscará la reelección -a la que tiene derecho según lo marca el artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial-, reconoció que dejará como principal pendiente el pago de la edificación de 21 ciudades judiciales en la entidad.
El pendiente podría obligar a un pago de hasta 200 millones de pesos anuales, que serán tomados de los ingresos del Poder Judicial, a pesar del recorte al presupuesto que se proyecta para el año 2020, calificado como inconstitucional por no garantizar la autonomía financiera de dicha soberanía.
LA HISTORIA
En los años 2017 y 2018 el Congreso local, con mayoría panista, aprobó al Poder Judicial la posibilidad de crear Asociaciones Público-Privadas y poder consolidar la construcción de infraestructura que obligaba el nuevo sistema de justicia penal.
En la Gaceta oficial del 07 de febrero de 2018, en el número extraordinario 056, se modificó el acuerdo que permitió ampliar a 21 el número de ciudades judiciales, en las que se establece como monto máximo de deuda 5 mil 100 millones de pesos, más el impuesto al valor agregado.
El acuerdo detalla que el monto mensual de las obligaciones que el Tribunal podrá incurrir, con motivo de los contratos de asociaciones público-privadas, ascenderá a 17 millones de pesos, más IVA. Y que el plazo autorizado para los contratos será de 300 meses, es decir 25 años, a partir de la conclusión de la obra.
CUITLÁHUAC AJUSTA PRESUPUESTO DEL PODER JUDICIAL
De acuerdo con el proyecto de presupuesto 2020, el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) ejercería un presupuesto de mil 895 millones 400 mil pesos, de ese total mil 283 millones 237 mil pesos serían etiquetados para el Consejo de la Judicatura, que preside el magistrado presidente.
En el artículo 13 del Presupuesto de Egresos, que tendrá que ser analizado y votado por el Pleno, se plantea que del monto autorizado al Consejo de la Judicatura se tendrá que considerar la disponibilidad para cubrir el monto mensual de las obligaciones derivadas por la celebración de contratos de Asociación Público-Privada y llevar a cabo la construcción, equipamiento, conservación y mantenimiento de las ciudades judiciales.
Tomando en cuenta el decreto aprobado en 2018 se tendría que destinar al menos 200 millones de pesos anuales de los ingresos del Tribunal.
En el presente año fueron asignados mil 930 millones 625 mil 559 pesos, de esos mil 327 millones 338 mil se etiquetaron para el Consejo de la Judicatura, monto del que ya se tendrían que estar pagando aquellas ciudades judiciales que ya operan, pero el Registro Único de Deuda no reporta disminución en el monto de los contratos.
EDEL ÁLVAREZ RECONOCE PENDIENTES
En la que sería su última entrevista en su periodo como presidente del TSJE, Edel Álvarez Peña, reconoció que dejará como principal deuda la conclusión y operación de la infraestructura que obliga el nuevo Sistema de Justicia Penal.
“El otro pendiente es que las ciudades judiciales se están atendiendo, se empezaron cuatro, en los próximos días se empezarán cinco. Fue un proceso de tres años, y no ha sido fácil, hubo que reformar leyes, hubo que reformar códigos, hubo que consultar a Hacienda Federal, a finanzas, fue toda una labor”.
Incluso, agradeció al Gobernador Cuitláhuac García por el apoyo de un proyecto que se inició en la administración de Miguel Ángel Yunes Linares, ya que, señaló, el morenista destrabó en Hacienda federal los permisos para consolidar la infraestructura.
Las obras, explicó, se van a consolidar el año próximo, cuatro están ahorita, tres en diciembre, dos en enero y cada mes se van a inaugurar nuevos edificios. A la fecha se cuenta con ciudades judiciales en Martínez, Tuxpan y Medellín y en breve se tendrá que entregar la infraestructura en Naolinco, las Choapas, Isla, Pueblo Viejo y Papantla.
AUMENTA LA DEUDA EN MEDIO AÑO
El Registro Único de Deuda de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP) registra 18 contratos de la asociación público-privada con la Desarrolladora CJEV S.A.P.I de C.V., 12 se registraron en los meses de noviembre y diciembre del año pasado.
La construcción de otras ocho ciudades, se contrataron en los meses de febrero, marzo y mayo de este año, y la deuda se registró en agosto, septiembre y octubre ante hacienda federal, también con la empresa Desarrolladora CJEV S.A.P.I de C.V.
El monto de los contratos asignados va desde: 50 millones 976 mil 502 pesos, 51 millones 805 mil 601 mil, 94 millones 300 mil 623 pesos; 94 millones 709 mil 826 pesos y 155 millones 922 mil 70 pesos, en total se deben mil 155 millones 870 mil pesos.
EDEL DA NUEVOS CONTRATOS A FAMILIA RUIZ ANITÚA POR 306 MDP
En febrero de este año E-Consulta público el texto Poder Judicial de Veracruz entregó contratos por 849 mdp a empresas ligadas en Panama Paper, en el que se exponía que la familia Ruiz Anitúa, herederos de Valentín Ruiz conocido como el Slim Veracruzano, recibieron 12 contratos para la construcción de igual número de ciudades judiciales en Veracruz, por 849 millones de pesos.
A Francisco y Javier Ruiz Anitúa los han acusado de lavar dinero en paraísos fiscales de Panamá; también se les relaciona a empresas fantasmas que desviaron millones de pesos del erario en Quintana Roo y Veracruz, apoyados por los priistas Roberto Borges y Javier Duarte, ambos encarcelados por delitos de corrupción.
En 2018 los empresarios formalizaron la Asociación Público-Privada Desarrolladora CJI, SAPI, SA. de CV., que integra seis constructoras, lo que les permitió conseguir los contratos para la edificación de las Ciudades Judiciales en Veracruz, a cargo de Edel Álvarez Peña.
El documento consultado detalla que Desarrolladora CJI, SAPI, SA. de CV cuenta con un Consejo de Administración integrado por: Francisco José Ruiz Anitúa, Presidente; Carlos Francisco Nachón García, Secretario; Alfonso Díaz De Vega Tesorero; y Carlos Nachón Llanos, Javier Antonio Ruiz Anitúa, José Luis Zulueta Alegría y Edmundo Martínez Moreno como vocales.
ygr