Xalapa, Ver.- En un mes, el Poder Judicial -a cargo de Sofía Martínez Huerta- tendrá tres magistraturas vacantes, ante la conclusión del periodo de nombramiento de Edel Humberto Álvarez Peña; Fernando Arturo Charleston Salinas, Gladys de Lourdes Pérez Maldonado y Víctor Manuel César Rincón.
En el Yunismo se adecuó la ley, se estableció la posibilidad de ser ratificado en el cargo por un periodo de 5 años, para lo que era necesaria una evaluación del Consejo de la Judicatura, información que debe ser remitida al Congreso, que debe validar la ampliación del periodo.
El 22 de junio, la presidenta Sofía Martínez Huerta, envió un escrito a la Junta de Coordinación Política de la 65 legislatura en la que se notifica -según información extraoficial- que, de los cuatro magistrados, Edel Álvarez no solicitó ser ratificado en el cargo, Charleston Salinas y Pérez Maldonado no fueron valorados de manera positiva; y César Rincón se mantendría por un lustro.
El 30 de julio del 2010, en el periodo de Fidel Herrera, se dio la nominación de cuatro aspirantes a magistrados, solo en el caso de Víctor Manuel César Rincón tenía experiencia en materia judicial, las otras nominaciones -se acusó desde la máxima tribuna de la 61 legislatura-, eran un pago político. La nominación fue por 10 años.
En la lista de potenciales exmagistrados destaca el nombre de Edel Álvarez Peña, expresidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado en el bienio de Miguel Ángel Yunes Linares, que en diciembre pasado dejó la administración del Poder Judicial.
En 2019 E-Consulta Veracruz publicó el texto titulado, Poder Judicial dio contratos por 849 mdp a empresas ligadas al Panama Paper. La investigación detalla como La familia Ruiz Anitúa, herederos de Valentín Ruiz conocido como el Slim Veracruzano, recibió 12 contratos para la construcción de igual número de ciudades judiciales en Veracruz.
A Francisco y Javier Ruiz Anitúa los han acusado de lavar dinero en paraísos fiscales de Panamá; también se les relaciona a empresas fantasmas que desviaron millones de pesos del erario en Quintana Roo y Veracruz, apoyados por los priistas Roberto Borge y Javier Duarte, ambos encarcelados por delitos de corrupción.
En 2018 los empresarios formalizaron la Asociación Público-Privada Desarrolladora CJI, SAPI, SA. de CV., que integra seis constructoras, lo que les permitió conseguir los contratos para la edificación de las Ciudades Judiciales del Poder Judicial en Veracruz, a cargo del magistrado presidente Edel Álvarez Peña.
PAN obliga a la jubilación y Morena capitaliza los espacios
En 2017, cuando el PAN tenía la mayoría en la Cámara, se estableció los 70 años como periodo máximo para ser magistrado. Esos cambios llevaron a que más de una decena de expertos en derecho se jubilaran.
A pesar de ser mayoría el PAN no logró los acuerdos necesarios para hacer los nombramientos, y apenas Morena ganó la elección pidió al Yunismo dejar al partido de izquierda la elección de los nuevos togados, proceso que le llevó casi un año.
En octubre del 2019, con 37 votos a favor y 8 en contra, el Congreso Local aprobó los nombramientos de 13 Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, propuestos por el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez.
Se nombró a Bertha Inés Chávez Méndez; Claudia Reséndiz Aguilar; Graciela Patricia Berlín Mendoza; Denisse de los Ángeles Uribe Obregón; Florencia Cruz Hernández; Isabel Inés Romero Cruz.
Así como María del Socorro Hernández Cadena; Rosalba Hernández; Sofía Martínez Huerta; Adolfo Cortés Veneroso; Cándido Nicanor Rivera; Esteban Martínez Vázquez y Sergio Jiménez Maraboto.
En Veracruz existen 30 magistrados del Tribunal Superior de Justicia, con los futuros cambios el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, habría nombrado a 17 de ellos en menos de un año.