La Fiscalía General del Estado (FGE) ha aplicado solo sanciones administrativas a elementos ministeriales y servidores públicos donde se acreditó que incurrieron en el delito de tortura.
Luego que se diera a conocer a nivel nacional que en el caso del homicidio de la rectora de la Universidad Valladolid, María Guadalupe Martínez, la detenida por ese delito acusó tortura para inculparse del crimen, la autoridad ministerial se comprometió a investigar, aunque la fiscal general, Verónica Hernández Giadáns, se apresuró a afirmar que dicha acusación es falsa.
Sin embargo, de acuerdo con datos recabados, de 2013 a principios de 2020 la FGE ha conocido de 14 casos por detención y retención ilegal, así como cuatro por violentar la integridad física de algunas personas, es decir, tortura o violación a derechos humanos.
No obstante, ello no ha desencadenado en sanciones penales a los elementos implicados, pese a que además estos son acusados de no realizar las diligencias debidas para el cumplimiento de las órdenes de aprehensión, aplicar malos tratos a los detenidos, incurrir en ejecución negligente de órdenes de aprehensión, entre otras.
En el peor de los casos, los elementos siguen activos y desempeñando las mismas funciones de cuando fueron acusados, pues en los dos últimos años, solo se aplicaron cuatro sanciones por tortura.
CASOS RELEVANTES
El caso más reciente donde se acusa a los elementos ministeriales de actuar con violaciones a los derechos humanos de los acusados es el de July “N”, cuyo proceso se hizo público a nivel nacional esta semana.
En la acusación a los elementos, se señala que, durante siete horas, violaron sexualmente, dieron toques eléctricos en los genitales, aplicaron métodos de ahogamiento, entre otros, a la mujer detenida en la Ciudad de México para confesar su participación en el asesinato de la rectora María Guadalupe Martínez.
La propia fiscal señaló que se hará una investigación por la vía administrativa y de ser el caso, se procederá. Ello a pesar que la autoridad cuenta con una fiscalía especializada en este delito, además de la propia Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
Otro de los casos en los que se acusó violaciones a los derechos, fue el del multihomicidio del bar “Madame” en Xalapa, capital de Veracruz, cuando Luis Ángel Bravo Contreras estaba al frente del organismo autónomo.
En este, se acreditó por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) la comisión de la conducta ilícita contra el único detenido en ese momento, que después fue exonerado.
Un caso más se remonta al 2012, cuando la extinta Agencia Veracruzana de Investigaciones (AVI) detuvo a una mujer a quien acusaron de secuestradora.
Por este hecho se emitió la recomendación 16/2017, en la que se detalla que la víctima fue detenida el 26 de octubre de 2012 en Córdoba, sin orden de aprehensión.
Luego, la encerraron en una oficina donde fue torturada por seis agentes que confesara que conocía a otras dos personas y en conjunto habían secuestrado a una más.
TORTURA
Del 2014 al 2017, la Fiscalía General mantuvo en activo a ocho elementos ministeriales a los que solo impuso sanciones administrativas, pese a la gravedad de su conducta; a otros no les encontró responsabilidad. Sólo en un caso, hay un proceso penal abierto, que no se determinó.
En información proporcionada vía transparencia, se detalló que la FGE inició y concluyó Procedimientos Administrativos de Responsabilidad (PAR) para 23 elementos de la Policía Ministerial Acreditada (PMA), de la extinta Agencia Veracruzana de Investigaciones (AVI), y de algunos adscritos a la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS), de 2010 a 2014.
En 2017, la autoridad dio inicio a una carpeta de investigación (C.I.FESP/153/2016/VIII-06), para sancionar penalmente a quienes por tres días torturaron al único detenido en el caso “madame”.
De los 23 elementos investigados en su momento, se abrieron 6 procedimientos administrativos, todos concluidos a la fecha.
En 2010, la FGE inició el Procedimiento Administrativo de Responsabilidad 064/2010, contra los elementos Manuel Paz y Puente López; Cándido Aguilar Vázquez; Francisco Pérez Pérez; Carlos Romero Jácome; José Alfredo Zárate Saldaña; Juan Ramón Jiménez Morales y Saúl Antonio Sandría Navarrete, todos adscritos a la extinta AVI.
La FGE exoneró a todos los elementos, al concluir que no encontró responsabilidad administrativa alguna y, en consecuencia, no tuvieron sanción.
Para 2013, la Fiscalía General inició cuatro procedimientos que abarcaron a 13 elementos, todos de la Policía Ministerial.
Bajo el expediente 008/2013, la FGE inició procesos contra Jesús Macario Vaquero; Heriberto Vargas Aguilar y Armando Olmedo Martínez. Al concluir los PAR, se determinó que no existió responsabilidad administrativa alguna.
Ese mismo año, abrió el procedimiento 017/2013 contra Faustino Jiménez Marino; José Atila Guzmán García y Mario Taurino Monsalve Cuevas. El proceso también concluyó no encontrando responsabilidad administrativa.
Lo mismo pasó para los policías Sergio García Célis y Armando Osorio Márquez, quienes fueron exculpados dentro del proceso 363/2013.
Quienes no corrieron con la misma suerte, pero tampoco fueron sancionados más allá del alcance administrativo fueron cinco elementos, también ese año.
La FGE sancionó a Andrés Cruz Bautista y Guillermo Martínez Lagunes, con 90 días de suspensión sin goce de sueldo; en el caso de Fernando Lara Rodríguez, Alberto Díaz Amaro y Hugo Gutiérrez Mendoza fueron 30 días de suspensión sin goce de sueldo, todos investigados dentro del procedimiento 018/2013.
Un año después, en 2014, los elementos de la Policía Ministerial adscritos a la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS), Rosa Bibiana Parras Bolaños, Margarito Ramón Veracruz y Edgar Hernández Blanco fueron sancionados con una suspensión de 30 días, sin goce de sueldo para cada uno, en el proceso administrativo 101/2014.
Asimismo, no se definió que ocurrió en los procedimientos 006/2014; 014/2014; el 258/2016; el 006/2017 y el 063/2017.
Igualmente, el único proceso penal iniciado por tortura, es el que se desprende de la recomendación 06/2017 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), que acreditó que entre 12 y 14 elementos ministeriales mantuvieron privado de su libertad durante tres días al único detenido por el multihomicidio en el bar “Madame”, de esta capital, tiempo en el cual ejercieron tortura física y psicológica para inculparse por los hechos que consternaron a la sociedad veracruzana.
POCA TRANSPARENCIA EN 2020
De acuerdo con la plataforma nacional de transparencia, en 2020 el último trimestre de 2020, la Dirección General Jurídica de la Fiscalía manifestó que no existieron sanciones administrativas.
No obstante, durante dicho año se emprendieron al menos 31 procedimientos contra funcionarios del organismo autónomo.
Verónica Hernández Giadáns, quien asumió el cargo de fiscal general encargada en septiembre de 2019 y fue ratificada en 2020, afirmó que durante el año pasado la capacitación a servidores públicos se ha incrementado un 389 por ciento, “hecho sin precedente”.
Aseveró que este año 2021 continuará con la selección de los mejores perfiles en cada una de las áreas, “para seguir avanzando y fortalecer las funciones sustantivas y operativas de este organismo”.
Al comparecer ante el Congreso local este mes de febrero, añadió que también existen acciones de capacitación a fiscales y policías ministeriales sobre "Diversidad Sexual y Derechos Humanos”, detallando que 422 elementos han obtenido su certificado único policial, frente a los 115 obtenidos en el año 2019, con un incremento del 284.3 por ciento.
Igualmente dijo que desde que llegó al cargo ha logrado incorporar un total de 346 servidores públicos de nuevo ingreso entre fiscales, policías ministeriales, peritos y personal administrativo.
“La visitaduría general ha resuelto 87 procedimientos administrativos de responsabilidad en contra de 212 servidores públicos de esta institución, con apercibimientos, amonestaciones, suspensiones sin goce de sueldo, incluso, separaciones del cargo”, afirmó.
Sin embargo, la funcionaria no detalló en qué caso procedió la separación del cargo y la propia página de transparencia sólo informa dos casos.
Se procedió contra el fiscal especializado para la atención de denuncias por personas desaparecidas em Córdoba, sin embargo, la resolución publicada “no ha causado estado”, por tal motivo se justifica que no es susceptible de publicar la obligación de transparencia.
Otra separación del cargo se aplicó al fiscal de Huayacocotla, el cual se encuentra en los mismos supuestos que el anterior y “no es susceptible de publicar la obligación de transparencia”.
Igualmente se reportan 17 suspensiones provisionales, 7 amonestaciones, así como 4 apercibimientos, en contra de fiscales, el Oficial Mayor, auxiliares, peritos, comisarios, ministeriales.
Prácticamente en todos los casos, la Fiscalía reporta que está “en proceso de elaboración la versión pública de la resolución”, es decir, no se detallan las faltas en que incurrieron los funcionarios y en el resto se menciona que la sanción “no ha causado Estado”.
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