ESTADOS

Más de mil víctimas de pederastia fueron obligadas a concebir en Veracruz

Las cifras muestran la violencia sexual que se ejerce en contra de las niñas y adolescentes, quienes además de ser víctimas de abuso no tienen oportunidades

  • VÍCTOR M. TORIZ
  • 30/07/2019
  • 19:51 hrs
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Más de mil víctimas de pederastia fueron obligadas a concebir en Veracruz

Veracruz, Ver.- En los últimos 10 años, mil 219 niñas veracruzanas fueron obligadas a concebir un hijo producto de un acto de pederastia, de acuerdo con datos de la Dirección General de Información en Salud del Gobierno Federal.

La Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005 garantiza que las mujeres víctimas de abuso sexual puedan interrumpir el embarazo, el criterio coincide con los casos de las niñas que se engloban en las cifras mencionadas, pero ninguna fue favorecida.

Adriana Fuentes, integrante del Colectivo Equifonia, aseveró que las cifras muestran la violencia sexual que se ejerce en contra de las niñas y adolescentes, quienes además de ser víctimas de abuso no tienen oportunidad de recuperar su vida.

Lo anterior se explica por dos razones principalmente; la primera por el desconocimiento de trabajadores del Sector Salud para la aplicación de la norma vigente, así como de la Fiscalía General del Estado (antes procuraduría) para obligar al cumplimiento del protocolo en casos de pederastia.

La tercera razón se atribuye a los familiares de las menores, quienes en su afán de ocultar el delito y proteger al pederasta evitan presentar denuncias.

“Las menores de edad lo que se les debe garantizar es su derecho a la salud y en este caso su derecho a interrumpir el embarazo, se deben tomar medidas más específicas y con mayor precisión porque en las niñas hay un riesgo mayor de muerte por tener un embarazo a esa corta edad"

"Es importante que se actualicen los protocolos, el mes pasado se actualizaron los protocolos para que en el sistema de pederastias exista un apartado en el que se debe de precisar si existe un riesgo a su vida, para que la Fiscalía garantice que se cumpla y que la Secretaría de Salud ejecute la Norma 046”.

De acuerdo con los datos recopilados por un estudio que elaboró el Colectivo Equifonia AC, la mayor cantidad de niñas abusadas sexualmente y obligadas a tener un bebé se encuentra en el segmento de los 12 años, al registrar 696 casos entre el 2008 y el 2018.

En el mismo periodo, le siguen las menores de 11 y 10 años, con 300 y 223 casos, respectivamente.

El año en el que se presentaron más casos de niñas que concibieron a un hijo fue el 2011, en el que se cuentan 243 registros, sin embargo, el 2018 porcentualmente es el que mayor índice reporta, ya que con 36 casos concentra poco más del 10 por ciento de la incidencia nacional.

Perseguidas por abortar

Sin embargo, no son las únicas cifras que muestran el estado vulnerable de las mujeres veracruzana por la persecución que existe del Estado para decidir sobre su cuerpo.

En Veracruz se abrieron 35 carpetas de investigación en contra de mujeres por el delito de aborto, a 19 meses de haber recibido la Alerta de Género por Agravio Comparado, un amparo federal en contra del Congreso del Estado, una recomendación al Poder Judicial de parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la exigencia pública de grupos feministas por legalizar la interrupción del embarazo.

El dato del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestra el número de carpetas de investigación abiertas, aunque no el número de procesos judiciales abiertos actualmente, el cual podría ser mayor.

Lo grave es que se trata de una persecución judicial en contra de las mujeres que buscan ejercer el derecho a decidir sobre su cuerpo, derivado en la mayoría de los casos de abusos sexuales o problemas de salud, afirmó Adriana Fuentes.

La Alerta de Género por Agravio Comparado fue emitida en diciembre del 2017, en donde se incluye una serie de recomendaciones que debe atender los tres poderes que conforman el Gobierno de Veracruz.

Desde entonces hasta la fecha grupos feministas acusan un desinterés total del Congreso del Estado para cumplirlas, así como acciones aisladas de las instituciones para tratar de cumplir el requisito, aunque el mayor rezago se encuentra en la reforma a las leyes.

“Se hicieron cosas, se estuvieron implementando, una de las cosas era la actualización de protocolos (…), pero no ha habido una interlocución adecuada, se debe generar ese mecanismo de evaluación y seguimiento a la política pública para saber que está pasando y en su caso el gobernador haga las adecuaciones, porque parece que la política de cero tolerancia no está dando resultados"

“Los tres poderes más la Fiscalía como ente autónomo aceptaron la recomendación y cada una está avanzando en cuanto a sus presupuestos, a sus responsabilidades, pero lo cierto es que en este momento el que más está quedando a deber es justamente el Congreso del Estado, que es el que debe generar el cambio legislativo”, declaró la activista.