Xalapa, Ver.– Para evitar que una carpeta por desaparición forzada de personas se hiciera de dominio público y de acceso a la prensa, la Fiscalía General del Estado (FGE) falsificó la firma de una víctima y promovió un amparo, en complicidad de la Comisión Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas (CEEAIV).
Por estos hechos, María de Jesús López José -madre de Carlos David Bautista López, quien fue privado de su libertad y asesinado en 2015 por la policía de Duarte- interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra Luis Eduardo Coronel Gamboa, exfiscal especializado para la atención de denuncias por personas desaparecidas, hoy Fiscal regional de Xalapa.
En la querella, la madre de la víctima también señala a Ernesto Saúl Rivera Delgado, quien fue asesor jurídico de CEEAIV y hoy es empleado de la Secretaría de Gobierno (SEGOB) como director general de consolidación del sistema de justicia penal y derechos humanos.
Los delitos que menciona la madre en la denuncia presentada el 3 de mayo de 2019, de la cual LA SILLA ROTA posee una copia, son: ejercicio ilícito de servicio público, tráfico de influencias, contra la administración de justicia, delitos de abogados, patronos y litigantes y falsificación de documentos.
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Por el caso del hijo de María de Jesús López fueron detenidos y vinculados a proceso siete expolicías estatales, entre ellos José Oscar Sánchez Tirado, exdirector de penales y probable autor material de este crimen.
La versión pública de la carpeta de investigación UIPJ-1/DXI/15º/174/215 por la desaparición forzada de Carlos David Bautista y otra decena de casos fueron requeridas a la FGE mediante solicitudes de transparencia al Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI). El IVAI favoreció a un periodista de la entidad y ordenó a FGE entregar la versión pública.
Para no acceder a la petición del periodista, la FGE presentó como evidencia una demanda de amparo indirecto promovido presuntamente por la madre de la víctima, en este caso María de Jesús López José, quien más tarde se daría cuenta que ese documento fue presentado con una firma suya apócrifa.
De acuerdo con López José, estas anomalías las descubrió tras leer el expediente de la queja número DAM-169/2018 que ella presentó el 27 de febrero de 2018 ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) debido a omisiones y tardanzas en la integración de carpeta por ese hecho.
Al leer ese expediente -expone María de Jesús - se percató de un acuerdo del juicio de amparo indirecto 971/2018 que se encontraba dentro de las constancias que integran la carpeta de investigación que la Fiscalía remitió a la CEDH.
Sin embargo, la firma que calza la demanda de amparo no era la de la víctima quien manifestó en su denuncia desconocer por completo el contenido de tal escrito incluyendo a un asesor jurídico Ernesto Saúl Rivera Delgado, empleado de la CEEAIV que se hizo pasar como representante suyo.
Incluso, la quejosa pide como un acto de investigación a la FGR una prueba pericial en materia de grafoscopía “en las firmas a nombre de la suscrita que se encuentren en las constancias que integren el Juicio de Amparo 971/2018 del índice del Juzgado Décimo Quinto de Distrito, del Séptimo Circuito”.
“Nunca he impedido que personas conozcan el contenido de la carpeta de la desaparición de mi hijo, pues al contrario mi interés siempre ha sido que sean conocidas por la prensa las omisiones y abusos de que he sido objeto durante la investigación, tal como ha sido evidenciado en múltiples entrevistas que he dado”
“Alguien que se hizo pasar por mí demandó la protección de la justicia federal ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito con residencia en Xalapa, Veracruz. El 5 de abril de 2019 solicité copias certificadas de dicho juicio y pedí la revocación de cualquier representante que hubiere nombrado en tal juicio, hasta que yo verificara de qué se trataba”, refirió María de Jesús López.
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Esa persona que presentó el juicio de amparo, aportó como “prueba documental pública” la copia de una constancia del 13 de septiembre de 2018 extendida por Luis Eduardo Coronel Gamboa, que solo era un acuse de recibido cuando María de Jesús fue enterada de que un periodista había presentado una solicitud al IVAI para obtener copia de la carpeta de investigación de su hijo, es decir un documento en resguardo de la fiscalía especializada en personas desaparecidas.
María de Jesús asegura contar con la constancia original -de la cual dio copia a este medio- pero aclara. “Sí reconozco haber firmado, para efecto de que –ese documento de recibido- se quedara bajo resguardo de Luis Eduardo Coronel Gamboa, y no para ser presentada en juicio de amparo”.
Comisión de Víctimas participó en falsificación de documentos
En este caso, la Fiscalía no solo habría falsificado la firma de la madre de desaparecido. Además, se echó mano de Ernesto Saúl Rivera Delgado asesor jurídico a quien, dijo la quejosa, “no tenía el gusto de conocer o de haber cruzado palabra con él sino hasta el día 9 de enero de 2019, cuando tuve una reunión con la directora de la CEEAIV quien a su vez mandó a llamar a Ernesto en razón de que en otros procesos estatales se había ostentado como mi asesor jurídico sin que yo estuviera enterada”.
No conforme con ello, Ernesto Saúl Rivera presentó el 28 de septiembre de 2018, ante el juzgado Decimoquinto de Distrito una promoción signada por él, en su carácter de “Consultor de Asesoría Política” en la que subsanó la falta de cuatro juegos de copias para dar inicio al juicio de amparo indirecto.
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