Xalapa, Ver.- Preludio del conflicto por venir y con el arranque de la nueva administración, el Juez de Proceso y Procedimiento Penal Oral, Luis Roberto Juárez López, ha frenado o participado en algunos de los procesos del fiscal separado del cargo, Jorge Winckler Ortiz, en contra de parte de los principales excolaboradores de Javier Duarte de Ochoa.
Sus decisiones han incidido en los procesos abiertos contra de exfuncionarios estatales como Arturo Bermúdez, Luis Ángel Bravo Contreras y Leticia Perlasca Núñez; así como encargados de agrupaciones consideradas de choque, tal es el caso de César del Ángel, líder del Movimiento de los 400 Pueblos.
Apenas el 30 de abril pasado, Juárez López decidió no vincular a proceso a la ex Secretaria de Turismo y Cultura durante la administración duartista, Leticia Perlasca Núñez.
En este caso, tras nueve horas de audiencia, el abogado José Martín Rivera Martínez alegó que la Fiscalía General no presentó pruebas sólidas de un desvío de Perlasca Núñez de 25 millones de pesos, por medio de la empresa “Centro de Recursos de Negocios, Cerene”, señalada como “fantasma”. Ese mismo día, la exfuncionaria no quedó sujeta al procedimiento.
Ahora, con los exduartistas en libertad gracias a amparos o sujetos a proceso desde su domicilio, el juzgador obsequió la orden de detención a la encargada de despacho de la Fiscalía General del Estado (FGE), Verónica Hernández Giadáns, para comenzar la búsqueda de Winckler Ortiz.
El pasado sábado 21 de septiembre dicha autoridad jurisdiccional liberó una orden de aprehensión en contra del fiscal general suspendido por el Congreso del Estado, misma que también involucra a Marcos Even Torres Zamudio, en su paso por la Visitaduría General del organismo, quien se venía desempeñando como fiscal especializado anticorrupción.
Además, se procedería en contra de Luis Eduardo Coronel Gamboa, exfiscal especial en el tema de desaparecidos, quien renunció a su cargo como fiscal regional en la zona centro de Xalapa. Finalmente, la orden de captura involucra a Roberto Mora Mil, Sergio García y Uriel Rodrigo González.
Dichos integrantes y ex integrantes de la Fiscalía están señalados por el delito de privación de la libertad en su modalidad de secuestro y por el delito de desaparición forzada de personas.
A la par de las quejas por corrupción contra Luis Roberto Juárez en redes sociales, en donde lo acusan de adquirir un Mazda 3 Hatchback, con un precio de 400 mil pesos; el perfil del juzgador sobresale por participar en los procedimientos contra el círculo de confianza de Duarte.
CÉSAR DEL ÁNGEL
El jueves 9 de mayo, el juez Juárez López benefició con la exoneración completa al dirigente del Movimiento Nacional de los 400 Pueblos, César del Ángel Fuentes, sujeto a proceso por los delitos de motín, estragos e incitación a cometer un delito.
En esa fecha, Luis Roberto Juárez dictó auto de no vinculación al líder de los 400 Pueblos, luego de que el Juzgado 17o. de Distrito concediera un amparo confirmado por el Tribunal Colegiado de Boca del Río.
Con lo anterior, Luis Roberto Juárez determinó que Del Ángel Fuentes no tuvo responsabilidad en los hechos ocurridos el 29 de junio de 2016, cuando huestes de los 400 Pueblos agredieron a pedradas a las camionetas y escoltas al servicio de Miguel Ángel Yunes Linares, Santiago Creel Miranda y Ricardo Anaya.
Y es que, desde el punto de vista del juez federal, no existió el delito de motín por no existir riesgo a la seguridad del estado, ni de estragos porque no existió amenaza a la seguridad pública.
ARTURO BERMÚDEZ
En el caso del ex Secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, Juárez López lo vinculó a proceso el 9 de enero de 2018 por un supuesto delito patrimonial de más 70 millones de pesos.
El 23 de marzo, el juez concedió a la Fiscalía General del Estado una orden de cateo contra inmuebles propiedad de la familia del exfuncionario: los ranchos Plan de Aguacate y El Salto, ante la supuesta presencia de sujetos armados.
La intervención realizada por la Fiscalía General del Estado no arrojó datos sobre hombres armados o personas privadas de su libertad en dicha propiedad rústica.
Sin embargo, el 5 de diciembre de ese año, la jueza Alma Aleida Sosa le dio el beneficio de continuar en libertad domiciliaria el proceso por desaparición forzada, enriquecimiento ilícito y abuso de autoridad.
Además, la juzgadora le aplicó una fianza de un millón de pesos gracias a la que se mantiene en libertad a la fecha.
No obstante, el juez Juárez López modificó las medidas cautelares contra Arturo Bermúdez y le dictó la obligación de firmar el libro de control en la Unidad de Medidas Cautelares del Poder Judicial del Estado de Veracruz, en lugar de que el director del Centro de Reinserción Social de Pacho Viejo elabore un reporte mensual sobre el imputado.
La investigación contra ex funcionarios de la SSP continuó por parte de la Fiscalía. Es el caso de Alejandro “N”, ex director de la Unidad Administrativa de la Secretaría, imputado a proceso por el delito de tráfico de influencias, y abuso de autoridad. Sin embargo, el 27 de febrero de 2018, el investigado no acudió a la audiencia por una falla renal. Dicho procedimiento continúa en curso.
LUIS ÁNGEL BRAVO CONTRERAS
El abogado del exfiscal Luis Ángel Bravo Contreras, Arturo Nicolás Baltazar calificó a Luis Roberto Juárez López, como el “juez más justo”, principalmente, por alistar audiencia para revisar el cambio de medidas cautelares para el imputado.
“Hoy que finalmente un juez objetivo e imparcial estaba determinando fijar audiencia para cambiarle de medida cautelar a mi cliente, lo manda a citar Jorge Winckler como acusado de una supuesta denuncia que yo presenté. Jamás he denunciado al juez Luis Roberto Juárez López.
“Mis respetos, porque es el único que ha decretado que mi cliente tenga la posibilidad de la revisión de medidas cautelares”, declaró en febrero pasado, cuando acusó que el titular de la FGE envió un citatorio a Juárez López, a partir de una denuncia promovida por la propia defensa de Bravo ante la Fiscalía.
Alegó a la vez que en cuanto haya un nuevo fiscal en Veracruz, Luis Ángel Bravo tendría que dejar la prisión, “no por inocencia, sino por un cambio de medidas cautelares”.
El 23 de mayo pasado, el exprocurador abandonó el penal de Pacho Viejo después de 11 meses preso, gracias a un amparo promovido por su defensa, y mediante el cual, obligó a la jueza de Control Mónica Segovia a modificar tales medidas contra Bravo.
El caso continúa e incluso el pasado 16 de julio, el propio Juárez López rechazó los medios de prueba de inocencia presentados por Bravo Contreras al considerarse fuera de la etapa procesal.
ygr