TUXTLA GUTIÉRREZ (La Silla Rota).- La adjudicación directa de 3,834 contenedores para basura a la empresa “Veolia” (antes “Proactiva”), encargada de la recolección, separación y tratamiento final de los desperdicios que se generan a diario en la capital de Chiapas, mantiene bajo la lupa a la administración del Ayuntamiento, encabezada por el alcalde Carlos Morales Vázquez.
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En abril pasado, la regidora de extracción priista Adriana Guillén Hernández “puso el dedo sobre la llaga” al rechazar la aprobación del contrato de 28 millones de pesos, porque para ella hubo una violación flagrante a la Ley de Adquisiciones por parte del gobierno municipal.
En 2019, “Veolia” comenzó la primera etapa de distribución de al menos 2,600 contenedores, con un monto total de 15 millones de pesos (cada uno de éstos oscila en los $7,300 pesos); sin embargo, esta fue parte de una donación, mas no una venta.
Para la también presidenta de la Comisión de Residuos del Ayuntamiento tuxtleco, lo más lamentable es que no hubiera transparencia en la licitación, es decir, no se respetó el Artículo 18 de la Ley de Adquisiciones del estado. “¿Entonces, cómo es posible que el año pasado me ‘regalen’ 2,600 contenedores y hoy me obliguen a comprarlos sin una licitación de por medio?”, se cuestiona la funcionaria.
Quien también “alzó la voz” fue el diputado local por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Juan Salvador Camacho, quien advirtió que, “a leguas, hubo una compra directa de forma amañada”.
Estamos frente a un acto de corrupción, a todas luces, por parte del Ayuntamiento de Tuxtla, porque se adquirieron 3,834 contenedores en una licitación directa, lo que violenta dicha Ley de Adquisiciones y Contrataciones de Chiapas
Asimismo, el legislador argumentó que una licitación directa no es aplicable para una compra de 28 millones de pesos, pues la misma contempla máximo de hasta 115 mil pesos. “Lo digo con todas sus letras: estamos ante un acto de corrupción evidente”, en el cual, aseveró, están inmersos el presidente municipal y todos los regidores que validaron esa acción.
Lo que les generó más “encono” y dudas es que, además, los precios por cada contenedor al parecer “están inflados”, debido a que hay otras empresas que ofrecen lo mismo, y hasta de mejor calidad y precio, es decir no rebasan ni los 5 mil pesos del costo que “Veolia” pide por cada uno.
Para Iván Sánchez Camacho, presidente del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y también exregidor de la comuna tuxtleca, es increíble que se le permita eso tanto al Ayuntamiento como a “Veolia”, pues son 7.8 mdp más que se “están tirando a la basura, y ojalá supiéramos a qué bolsa personal fue a parar (ese recurso)”.
Sin respuestas
La Silla Rota solicitó la postura de la actual administración local sobre las acusaciones vertidas por la regidora y el diputado, no obstante, el titular del área de Comunicación Social, Alexis Sánchez, prometió que en esta semana publicarían una al respecto.
De igual forma, se acudió con Nancy Santos, representante de “Veolia”, quien aseguró en un mensaje de “WhatsApp” que, como proveedores, entregaron la cotización en la cual “garantizaron los precios del año pasado; fue una decisión del Ayuntamiento”.
Incluso, pidió a La Silla Rota que si tenía dudas con respecto al tema en el proceso de adjudicación, “si le pido que eso lo vea directo con el municipio”.
Para el diputado morenista Juan Camacho, no es posible que una empresa que cobrara el último año alrededor de 180 mdp, “¿cómo es posible que ahora le compren, en una licitación directa, estos contenedores en estos momentos cuando hay una crisis económica, de salud?” Es decir, agregó que lo ideal hubiera sido que ese recurso “se inyectara” en insumos médicos y no para beneficio de una compañía particular, “el llamado es en específico a Carlos Morales Vázquez, al Ayuntamiento, a que reintegren esa cantidad a las arcas municipales y que se cancele ese contrato, y sí se puede porque eso lo vimos con los ventiladores mecánicos por un proceso indebido de contrataciones”. Además, evidenció que Veolia, desde su origen, no ha efectuado un manejo adecuado de los residuos, y prueba de ello, asestó, es que en la actualidad hay contaminación del subsuelo, del agua y, principalmente, la salud de los pobladores. Entonces, consideró que lo ideal es que, como lo hizo el año pasado, “Veolia” done los más de 3 mil contenedores, “porque es lo menos que puede hacer”. Historial de contaminación
Desde que “Proactiva” (hoy “Veolia”) llegó a tierras tuxtlecas, hace unos 15 años, le cobra al Ayuntamiento, de forma mensual, entre 11 y 15 millones de pesos para la recolección de las cerca de 700 toneladas de desperdicios que se acumulan al día en la ciudad.
Sin embargo, su encomienda ha dejado mucho qué desear, al grado que, desde hace como 14 años, dicha compañía fue demandada por el ciudadano Héctor Montesinos Cano, cuyo predio denominado “San Martín Mujular”, recibía de forma indiscriminada los lixiviados —jugo de la basura que contiene incluso metales pesados— que provenían del relleno sanitario que controla Veolia.
Aunque la empresa después contrademandó al chiapaneco por daño moral y hasta lo querían obligar a pagar 600 millones de pesos como una especie de reparación del año, al final los jueces le dieron la razón a Montesinos quien, sin embargo, está a punto de demandarla de nuevo porque los daños al medio ambiente aún son imparables.
“Quizá haya quienes digan que estoy loco, pero he tenido la razón, y ahora con este escándalo de los contenedores, se comprueba lo que siempre he dicho: hay intereses perversos con Veolia-Proactiva, eso sin duda”, aseveró.
No obstante, las afectaciones a la naturaleza han sido mayúsculas. Hace apenas un par de años, habitantes de Suchiapa, municipio ubicado como a 20 minutos de Tuxtla Gutiérrez, denunciaron la contaminación de uno de los ríos más importantes de su zona, el “Pacú”, por parte de la entonces “Proactiva”. Nada positivo sucedió.
“¿Pero qué quieren hacer el Ayuntamiento y ‘Veolia’ ahora?, pues limpiar la pésima imagen que dejó ‘Proactiva’ que, al final de cuentas, es la misma empresa, así de fácil”, remató Héctor Montesinos, quien aún tiene esperanzas de que la misma sea “echada” de tierras chiapanecas, “porque yo a ellos ya les gané ante la Suprema Corte (de Justicia de la Nación), entonces me dieron la razón: yo no miento”.
En la actualidad, el caso está en manos de la Procuraduría General de la República (PGR); sin embargo, por la situación de la pandemia, éste no ha avanzado. “Lo que es de ley, es que protegen a ‘Proactiva’, hay mucho dinero en juego”.
Lo más lamentable, advirtió en una publicación en su red social de Facebook la regidora Adriana Guillén, es que ahora sea víctima de una “campaña de desprestigio” en su contra, “porque, de manera cobarde y anónima, me difaman por ser una voz crítica y opositora, pero tomaré medidas legales contundente para que esto se castigue”.
El primer edil Carlos Morales, aseveró Iván Sánchez, “compra sin licitación y a precios inflados a sus consentidos, pero ahora le pedimos que gobierne bien, no con trampas”.