Xalapa, Ver. -La facilidad de proteger a policías acusados de abusos y ejecuciones extrajudiciales se ha convertido en la carta de presentación del juez décimo sexto de Distrito con residencia en Córdoba, Tomás Zurita García.
Conocido por amparar a Alfonso Zenteno Pérez, ex Comisario General de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) preso por desaparición forzada y ligado a 19 casos en Atoyac, ahora concedió la protección de la justicia federal a dos de los seis policías municipales de Orizaba acusados de asesinar a Ernesto Pérez González, de 33 años y Román Pérez González de 30 años de edad, durante un “supuesto” enfrentamiento.
Sin embargo, para María Isabel González López, asesora legal de Luz María González y Román Pérez, madre y padre de los hermanos fallecidos, los elementos de la policía orizabeña abrieron fuego contra los jóvenes de manera artera, cruel y a traición.
De hecho, en los sucesos del pasado 1 de noviembre de 2018, Ernesto salió de su domicilio en ropa interior para pedir paz para su hermano Román, y ante ello los uniformados dispararon en más de 40 ocasiones según peritajes.
La madre de los finados, Luz María, intentó salir para socorrer a sus hijos, pero recibió una amenaza tajante de los policías: que volviera a entrar a la casa o que le pasaría lo mismo.
En entrevista, la abogada María Isabel González, expresó su desacuerdo de los fundamentos jurídicos considerados por el juez Tomás Zurita García, primero, por conceder el amparo a los expolicías Abraham “N” y Marco Antonio “N”, pero a la vez, de negar el citado privilegio al resto de los involucrados: Jesús "N", Jaime "N", Álvaro "N” y Pedro "N.
Lo anterior, dado que el juez, por Ley, sólo accede al disco de la audiencia de los vinculados y no a la carpeta de investigación, y en este caso, la audiencia de los policías es una sola.
“El juez de control de Orizaba, el Juez (Sergio Jiménez) Maraboto, dicta el auto de vinculación a proceso con todos los datos de prueba, atinada y acertadamente y por ser delito grave, homicidio doloso agravado, porque fue traición, muchísimas personas contra ellos y estaban desarmados, Maraboto dicta durante la audiencia inicial y los somete a la medida de prisión preventiva oficiosa para evitar que se puedan sustraer de la justicia a la espera de la siguiente etapa” indicó la abogada.
Además, se fijó un lapso de seis meses de investigación complementaria, y ante esto, los policías presentan un recurso de amparo indirecto contra el auto de vinculación a proceso y lo formulan en el Juzgado Federal de Córdoba, con el juez XVI de Distrito, Tomás Zurita.
A pesar de contar con las mismas pruebas, en una acción dispar el juez protegió con los amparos indirectos 1042/2018 y 1020/2018 a dos elementos policíacos.
A otros dos les negó la protección, según los expedientes 1041 y 1045 del 2018. De los 6 policías implicados dos ni siquiera buscaron la protección del juez federal.
La abogada refirió que el juez incurrió en una contradicción, luego de aplicar criterios semejantes en los seis casos.
De esta manera, en las sentencias a favor para Marco Antonio “N” y Abraham “N”, Tomás Zurita resolvió que el juez de control Sergio Jiménez Maraboto actuó violando sus derechos humanos.
Ahora, añadió, empieza el proceso de revisión de los amparos y una vez con la resolución del Tribunal Colegiado se podría dar inicio la siguiente etapa, la intermedia del proceso contra los uniformados.
“El juez no puede dar audiencia de etapa intermedia porque está detenido”, dijo la abogada y recordó que un juez puede dictar un auto de vinculación a proceso solo con los datos de prueba suficientes y pertinentes.
Sin embargo, expuso, la actuación del juez cordobés da mucho por pensar, dada su tendencia a beneficiar a unos sí, y a otros no, con amparos.
“Nadie está diciendo que (los policías) son culpables, pero hay datos de prueba que participaron en ese hecho y están reclamando algo incorrecto y el juez de Córdoba debió negar el amparo a todos. Te hace pensar 'qué pasó aquí', si es lo mismo y se supone que para dictar sentencia no tienen acceso a la carpeta de investigación, pero si al disco de las audiencias y el disco es el mismo, son los mismos datos de prueba y les hace imputación y el juez dice que se cuentan con elementos suficientes y les da la prisión preventiva oficiosa”
EL COMANDANTE TRITÓN, AMPARADO POR JUEZ ZURITA GARCÍA
Con el código “Comandante Tritón”, y con el reconocimiento de Policía del Año en 2015, Alfonso Zenteno Pérez se desempeñó como ex Comisario General de la Secretaría de Seguridad Pública, a cargo del corredor de la zona centro de la entidad.
Sin embargo, el jefe policiaco recibió el 29 de abril de 2017 una orden de aprehensión y posterior sentencia por el delito de pederastia contra un menor de edad, aunque, además se le asocia a desapariciones forzadas.
Sobre este delito, el juez Tomás Zurita concedió de manera provisional la suspensión de una orden de aprehensión en contra de Zenteno Pérez.
Lo anterior, evalúa Lucía Díaz Genao, es un ejemplo del mal estado del sistema judicial y los jueces, tanto locales como federales, quienes están siendo exhibidos en otros casos como el conocido como “Los Porkys” de boca del Río.
Por dicho caso, que se originó por el abuso sexual a la menor Daphne F., el Poder Judicial de Veracruz acaba de suspender provisionalmente al juez local Rubén Adrián Romero por dictar una sentencia de 5 años de prisión a Diego Cruz.
No obstante Adrián Romero el segundo juez sancionado por tratar de otorgar beneficios a Daniel Cruz, pues es de recordarse que, en 2017, el consejo de la Judicatura Federal sancionó al juez Anuar González Hemadi por otorgar un amparo en favor de Diego Cruz, motivado por “intereses particulares o económicos”.
“Reparten amparos como si fueran volantes, porque en un caso así el juez no debería escuchar la solicitud, es inaudito un amparo por casos de asesinatos, los jueces incurren en delitos como los propios delincuentes”
Por lo anterior, y ante la flexibilidad de criterios del juez Zurita, Díaz Genao sospechó de un “interés extraño a la Ley”.
Recordó que el caso de Zenteno Pérez, amparado provisionalmente por Tomás Zurita, evidencia la falta de personas probas en el sistema judicial.
“Hay que voltear a ver esto, ya son muchos los atropellos que cometen y es necesario que se le ponga hasta aquí, (…) no es un partido que se juega y puedes cambiar jugadores, sino que es un asunto serio, de vida o muerte”, agregó.
Para la abogada de la familia Pérez González, la muerte de los muchachos “fue un homicidio artero, cruel y a traición”, de ahí que es delito grave.
Describió a Ernesto y Román como “personas valiosas, con una vida por delante. Además, aunque Ernesto era soltero, dejó a un niño huérfano.
Y agregó que ese día, Ernesto salió en trusa y playera blanca para defender a Román.
“Arremetieron contra toda la casa y contra los vecinos, Luz María se asoma con el cese al fuego, no le permitieron acercarse a sus hijos, no hay entradas de bala en sus ventanas”
“Tenemos que dar identidad a Román y Ernesto, no eran malos chicos, en el caso de Ernesto no tomaba, no parrandeaba, solo pidió paz y recibió 41 impactos por defender a su hermano” finalizó.