GUADALAJARA.- En Jalisco hay 9 mil 583 personas desaparecidas. Tan solo de mayo de 2019 a agosto de 2020 la entidad reporta 7 mil 504 no localizadas. Es decir que en los últimos 15 meses han desaparecido 2 mil 079 personas en el estado, lo que significa un promedio de cinco personas cada día.
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Un informe de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) concluyó que existen negligencias en las investigaciones para localizar a las personas que desaparecen en la entidad.
Antes de llegar a esa conclusión, el organismo seleccionó 27 de las quejas realizadas por familiares de personas desaparecidas entre 2017 y 2019, mismas que denunciaban la ausencia de 34 personas, toda vez que algunas denuncias reportaban la desaparición de varios miembros de una misma familia.
Con el registro de estos casos, la CEDHJ realizó una investigación en la que pudo corroborar una serie de errores y trabajos tardíos en las investigaciones. Detalló que en todos los casos, el personal del Ministerio Público, de la Fiscalía, y del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) “no hicieron investigaciones efectivas, diligentes y cuidadosas para la localización e identificación de las víctimas”.
Fotos Cuartoscuro
Mencionó que por lo menos en 16 de los casos denunciados, el agente del Ministerio Público “olvidó” dar órdenes precisas a la Policía Investigadora y, por ende, se olvidó la investigación y las diligencias para el caso.
También agregó que en cinco de las denuncias, los familiares reportaron que en el último momento que se les vio con vida fue cuando eran interceptados por personas armadas que vestían uniforme y que en algunos casos se ostentaban como policías.
Enfatizó que además de esto, las autoridades ignoraron datos importantes que aportaron las familias para la pronta localización de las víctimas. Además, fueron omisas en la orientación a los familiares sobre el proceso de búsqueda y nunca explicaron a las familias sobre la posibilidad de integrar otros organismos para facilitar la búsqueda.
Esta investigación “es una muestra significativa de lo que en general sufren las familias de personas desaparecidas, por lo que se incumple con la obligación de investigar conforme a los principios, procedimientos y protocolos que deben seguirse en este tipo de casos”.
LOS PROBLEMAS DEL ADN
Otra de las situaciones que frena el avance en las investigaciones es la falta de confrontas de ADN que se debe realizar entre una muestra genética de familias que buscan a su desaparecido y los cuerpos que llegan como no identificados (NI) al IJCF.
La defensoría aseguró que el personal del IJCF realiza de manera tardía las confrontas, pues comprobó que hubo casos en donde las realizó un año después de que el Ministerio Público lo solicitó.
La CEDHJ concluyó que la Fiscalía y el IJCF, así como las autoridades de seguridad pública de los municipios donde ocurrieron las desapariciones, son responsables de la violación de derechos humanos a la legalidad y seguridad jurídica.
CARGA LABORAL
La CEDHJ reconoció que los agentes del MP tienen una enorme carga laboral que no les permite desempeñar su función con eficiencia.
De acuerdo con la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas (FEPD), de agosto de 2019 a la fecha se crearon cuatro agencias en la materia, pero son insuficientes debido al aumento de desapariciones.
En 2019, cada una de las 22 agencias de la FEPD recabó un promedio de 326 casos. En este año, con 26 agencias, atienden en promedio 368 denuncias, por lo que la carga laboral todavía es excesiva.
En las 27 querellas señaladas por la CEDHJ se documentó la falta de coordinación entre el personal de la Fiscalía –responsable de las investigaciones de la desaparición de personas– y del IJCF, puesto que no se reportan entre sí los datos que recaban.