El fiscal general, Jorge Winckler, señaló que abrió una investigación a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) para determinar si hubo una omisión legal que derivó en el asesinato del periodista Celestino Ruiz.
En su conferencia de prensa de este martes insistió en que la dependencia le retiró la protección otorgada al comunicador, como parte de las medidas cautelares requeridas por el organismo a la dependencia a cargo de Hugo Gutiérrez Maldonado.
Winckler Ortiz sostuvo que la familia del periodista asesinado el pasado 2 de julio en La Bocanita, Actopan, confirmó que los policías dejaron de protegerlos desde el pasado 19 de julio, de ahí que solo implementaban rondines ocasionales.
Detalló que la justificación que dio la SSP es que se hizo una rotación de personal, que habría generado la suspensión de las medidas de protección ordenadas por la autoridad ministerial.
“De manera formal había la orden ministerial de otorgarle medias de protección, lo que tenemos de información de la familia y de la SSP es que estas medidas cautelares se continuaron hasta 15 días antes de que fuera privado de la vida."
“Hubo rotaciones y el tema es que si se suspendió la vigilancia y eso es parte de la investigación para determinar si hubo un incumplimiento de un deber legal”.
En un informe especial agregó que la principal línea de investigación en la muerte del reportero es su labor periodística y que en la carpeta UIPJ/-1/DXl/F9/4559/2019 está incluido el alcalde panista de Actopan, José Paulino Domínguez, tras las denuncias que presentó en su contra Celestino Ruiz el pasado 24 de octubre de 2018.
“Se ha citado en esta carpeta inicial se citó a personas que tuvieran en un momento dado algún indicio; se han realizado 38 actos de investigación para establecer qué fue lo que sucedió en esa amenaza”.
El momento del crimen
Detalló que según las investigaciones al momento de los hechos Celestino Ruiz se encontraba en su tienda de abarrotes, cuando dos sujetos armados ingresaron, utilizaron un arma corta y una larga para disparar contra él.
El reportero se encontraba viendo la televisión, de espaldas a la calle. En el lugar fueron hallados cuatro casquillos calibre 0.45 milímetros y cuatro 0.223 milímetros, y que se encontraron 12 indicios balísticos, 8 casquillos y 4 proyectiles.
Dijo que se hicieron cuatro disparos desde el exterior y uno de los hombres ingresó al domicilio y disparó con el arma corta a Celestino, lo que le causó un traumatismo craneoencefálico, múltiples fracturas de cráneo, cuatro heridas en la región occipital y dos más a la altura de clavícula.
“Lo entraron a rematar con un arma corta”, dijo el fiscal al señalar que actualmente se investiga a muchas personas relacionadas con el reportero de El Gráfico de Xalapa, que el año pasado denunció amenaza de muerte y agresiones en su contra.
Indicios sobre los posibles responsables
Aunque no se refirió al alcalde de Actopan, José Paulino Domínguez Sánchez, quien es señalado de ser el responsable de las amenazas contra el reportero y de incluso ofrecerle 10 mil pesos a cambio de que retirara la denuncia en su contra, indicó que dos personas que integran la CEAPP fueron llamadas a declarar sobre este caso.
Dio a conocer que la esposa de Celestino envió por su conducto una carta al gobernador Cuitláhuac García Jiménez para solicitar apoyo para su familia, que atraviesa por una situación económica complicada tras el asesinato del periodista.
“Lo que la familia quiere es apoyo porque es una familia que vive modestamente, en una situación complicada porque tiene un niño que estudia secundaria y una niña que estudia la preparatoria en un CBTIS y necesita apoyo de algún programa”.
Convocó a la Comisión Estatal de Atención Víctimas y la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas (CEAPP) a intervenir en este caso, debido a que la familia del comunicador no cuentan con seguridad social y su negocio está cerrado.
En otro tema, el fiscal Jorge Winckler Ortiz negó que se haya ido de vacaciones y que esa sea la razón de frenar los trabajos en las fosas clandestinas halladas en el predio “La Guapota”, en el municipio de Úrsulo Galván.
Dijo que se determinó con la Cruz Roja y los Colectivos de familiares de personas desaparecidas hacer trabajos de exhumación en una de las fosas para luego realizar dictámenes genéticos.
“El fiscal no descansa ni un solo día, desde cuando protestó; se acordó que se haría la prueba piloto para procesar la fosa 72. Hay dictámenes genéticos y este jueves hay reunión con la Cruz Roja y otra reunión la próxima semana con colectivos para reactivar los trabajos pero nunca hubo suspensión sino una minuta de trabajo, quien lo haya dicho miente”.