Xalapa, Ver. – Presuntos capos del narcotráfico ligados a masacres, excolaboradores de Javier Duarte y funcionarios panistas denunciados por corrupción, y expolicías señalados por desapariciones son algunos personajes que se vieron intocables durante dos años y ocho meses en la administración de Jorge Winckler como Fiscal de Veracruz.
Contra estas personas existen carpetas de investigación archivadas en la Fiscalía General del Estado (FGE), las cuales, coinciden víctimas y activistas, serán un reto para la nueva encargada de despacho, Verónica Hernández Giadáns, quien ha dicho que es hora de superar la “etapa negra” con Winckler y “recuperar el Estado de Derecho”.
La Silla Rota Veracruz presenta 10 nombres de personajes señalados y denunciados por delitos del fuero común que hasta el momento gozan de impunidad. Actores del gobierno de Cuitláhuac García han solicitado que la Fiscalía –ahora a cargo de una persona de su confianza- presente imputaciones contra ellos.
1.-EL LAGARTO, PRESUNTO LÍDER DEL CJNG, SIN IMPUTACIONES POR MASACRE EN MINATITLÁN
Jesús “N”, alías “El Lagarto”, fue detenido el 9 de mayo de 2019 por su probable autoría intelectual en el asesinato de 13 personas, en el salón de fiestas La Potra, en Minatitlán. El presunto jefe de plaza del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) en esa zona, fue imputado, pero solo por delitos del fuero federal.
Dos meses después de ese atentado, Erick Cisneros Burgos, secretario de Gobierno, advirtió que Jesús “N” podría quedar en libertad ya que la FGE no ha presentado imputaciones en su contra por el delito de homicidio doloso en contra de 13 víctimas.
El mismo riesgo de ser liberados corren Ernesto “N”, apodado “El Mingo” -hermano de El Lagarto- y Adrián “N”, alias “El Pelón”, ambos señalados por el gobernador Cuitláhuac García como partícipes en la masacre de Minatitlán pero que solo han sido imputados por delitos federales relacionados con la salud y portación ilegal de arma de fuego.
2.- ISABEL HERNÁNDEZ, FISCAL SIN CARGOS POR FILTRACIÓN DE FOTOGRAFÍAS DE EMPRESARIA DECAPITADA
El 18 de febrero de 2019, personas con acceso restringido al Servicio Médico Forense (SEMEFO) filtraron a medios fotografías del cadáver decapitado de la empresaria Susana Carrera Asencio, secuestrada y asesinada en Coatzacoalcos.
Por estos hechos, la FGE inició una carpeta de investigación y un expediente administrativo contra tres funcionarios. Uno de ellos fue María Isabel Hernández Cruz, entonces fiscal regional de la zona sur Coatzacoalcos, que en 2012 fue señalada penalmente de formar parte de una “nómina” financiada por Los Zetas.
Este medio publicó el reportaje “Winckler protege a fiscal ligada al narco y al caso de empresaria decapitada” en el cual comprobó mediante documentos de transparencia, que, pese a su calidad de investigada, Hernández Cruz nunca fue suspendida y solo fue rotada de puesto en al menos dos ocasiones en la Fiscalía de Veracruz.
Jorge Winckler defendió a Hernández Cruz, a quien se refirió como una amiga. “Isabel no fue responsable según la investigación que se hizo exhaustiva. Isabel hoy en día es nuestra flamante y muy digna, Fiscal Coordinadora Especializada en Combate al Abigeato”.
Aunque Winckler aseguró que por esos hechos solicitaron dos órdenes de aprehensión contra un juez y un fiscal hasta el día de su remoción temporal –el pasado 3 de septiembre- ninguno de los dos funcionarios fue detenido, ni presentado ante un juez.
3.- PEPE MANCHA: CUENTAS PENDIENTES POR ASIGNACIÓN DE CONTRATOS MILLONARIOS CON YUNES
El 30 de mayo de 2019, el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) presentó una denuncia contra funcionarios del gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares por la asignación de contratos millonarios a la empresa Biodiversidad del Golfo, propiedad del hoy candidato a la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional, José de Jesús Mancha Alarcón.
El argumento legal del Orfis para solicitar que la Fiscalía iniciara una carpeta de investigación fue que dos de las empresas que participaron en un proceso de adjudicación se encontraban vinculadas entre sí, por existir en común un socio accionista, lo cual se encuentra prohibido en la Ley de Adquisiciones.
El 27 de agosto del 2018, la dirección de Espacios Educativos de la Secretaría de Educación (SEV) entregó un contrato por 2.4 millones de pesos a Biodiversidad del Golfo, licitación en la que también compitió Izal Inmobiliaria. En ambas firmas es accionista la hoy diputada local Monserrat Ortega, esposa de José Mancha, quien era, a su vez, el otro accionista de la empresa competidora.
La querella forma parte del paquete de denuncias que presentó el área jurídica del Orfis por la adjudicación directa de 30 contratos que se asignaron en el primer año de administración de Miguel Ángel Yunes, y que implican el probable desvió de más de 81 millones de pesos.
La Silla Rota Veracruz documentó en 2018 que el gobierno de Yunes otorgó contratos a por lo menos cinco empresas ligadas a Mancha Alarcón en las que figuran como prestanombres, Cristina Sergia Alarcón Pérez (madre) y Monserrat Ortega Ruiz (esposa), por una suma que rebasa los 70 millones de pesos.
4.- ARTURO BERMÚDEZ Y LA IMPUNIDAD EN LA CADENA DE MANDO DE LA SSP POR DESAPARICIONES FORZADAS
En febrero de 2018, padres de cinco jóvenes desaparecidos por policías estatales en Tierra Blanca presentaron una ampliación de denuncia ante la FGE, para castigar a altos mandos la Secretaría de Seguridad Pública por desaparición forzada. La querella fue desdeñada por la fiscalía de Winckler.
Las víctimas indirectas presentaron cargos contra Arturo Bermúdez, exsecretario de Seguridad con Duarte; Nabor Nava Holguín, exsubsecretario de la SSP (hoy prófugo); Andrés Tenorio Quezada, exsubdirector operativo de SSP; José Alfonso Díaz Pineda, exdirector de operaciones.
“La ampliación de denuncia se puso bajo la lógica de que los policías, como bien dijo recientemente el secretario de Seguridad, Hugo Gutiérrez, obedecen a sus superiores y no se mandan solos. Es una obligación internacional del Estado mexicano y señalada en la Ley General de Desaparición Forzada hay que investigar la cadena de mando”, explicó el abogado de las víctimas, Celestino Espinoza Rivera.
“La Fiscalía de Jorge Winckler en vez de determinar si había esta responsabilidad solo movían la carpeta de investigación en cuatro distintas fiscalías especializadas. Nadie actuó, nadie hizo nada por este caso”, agregó el abogado penalista.
Por su parte, José Benítez Herrera, padre de José Benítez de la O, uno de los cinco jóvenes asesinados refirió que, sobre los cargos contra Arturo Bermúdez, “La Fiscalía de Winckler solo nos dio miel con el dedo”.
“Winckler designó a un fiscal especializado para investigar esta cuestión, pero la verdad es que solo lo maniató con más tareas en la Unidad Antisecuestros para que no hiciera nada. Nos quiso ver la cara de tontos. A ninguno investigó, es la realidad. Solo se hizo pendejo”, dijo Benítez Herrera.
Arturo Bermúdez fue imputado el 8 de febrero por desaparición forzada. Al extitular de la SSP y a otros dos mandos, se les atribuyen 15 desapariciones perpetuados durante el mandado de Javier Duarte.
El apodado Capitán Tormenta fue señalado de comandar un grupo de fuerzas especiales de la SSP apodado Los Fieles, que, en la clandestinidad utilizó la academia de policías de Veracruz para torturar y desaparecer al menos a 15 personas, según investigaciones de las autoridades estatales a las que La Silla Rota Veracruz tuvo acceso.
Tras casi un año en prisión la jueza Alma Aleida Sosa Jiménez decidió que el exsecretario siguiera su proceso desde casa. La juez fijó como nuevas medidas cautelares la entrega del pasaporte del acusado para que no pueda salir del país y la presentación cada ocho días al penal de Pacho Viejo donde habrá de firma desde entonces un pase de lista. Además, exhibió como garantía económica 1 millón de pesos.
Tras su liberación, decenas de conocidos de Bermúdez arribaron a Pacho Viejo para esperar el momento de su salida. Hasta la puerta le llevaron un traje de color azul para suplir su vestimenta naranja de convicto; zapatos negros bien lustrados y una pizza Dominos. “Se hizo justicia. Soy un hombre libre, soy inocente”, dijo a los medios.
5.- TAREK ABDALÁ, EXTESORERO DE DUARTE PRÓFUGO DE LA JUSTICIA
Contra Tarek Abdalá Saad, ex tesorero de la Secretaría de Finanzas y Planeación de Veracruz, existen al menos cuatro carpetas de investigación por actuar de manera omisa y dolosa en la administración, y desvíos de fondos estatales y federales por un monto de 23 mil 156 millones de pesos.
La mayoría de los recursos públicos desviados corresponden a las partidas de Salud, afirmó Jorge Winckler el 26 de enero del 2017, cuando acudió al Congreso de la Unión a presentar la solicitud formal para retirarle el fuero.
La comisión Instructora de la Cámara federal no dictaminó la solicitud con el argumento que el legislador contaba con un amparo, por lo que se negaron a revisar la petición del abogado de los veracruzanos. Con el paso de los meses el exfiscal dejó de mencionar el nombre del funcionario.
6.- ALBERTO SILVA, EXVOCERO DE DUARTE QUE AHORA AMAGA CON REGRESAR A LA POLÍTICA
El 13 de julio de 2017, la Fiscalía de Veracruz solicitó el desafuero de Alberto Silva Ramos, entonces diputado federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), con el objeto de proceder en su contra por irregularidades administrativas.
Silva Ramos fungió como coordinador de Comunicación Social durante la administración de Javier Duarte, y es junto a la también ex vocera Georgina Domínguez, probable responsable del desvío de recursos públicos en 12 dependencias estatales, por 5 mil 43 millones de pesos.
A diferencia de Alberto Silva, Georgina Domínguez Colío, también ex coordinadora de Comunicación Social, fue vinculada a proceso -en mayo de 2017- por los delitos de coalición, incumplimiento de un deber legal y abuso de autoridad en agravio del gobierno de Veracruz. Meses después fue obtuvo su libertad mediante la variación de una medida cautelar y continúa su proceso penal desde casa.
7.- ÉDGAR SPINOSO, EXDIPUTADO DENUNCIADO POR CORRUPCIÓN Y SECUESTRO
Edgar Spinoso Carrera, es investigado por el delito de peculado, cometido presuntamente en los años 2014 y 2015, cuando se desempeñó como Oficial Mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV).
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) emitió observaciones por el desvió de más de 2 mil millones de pesos, que se dejaron de pagar a proveedores y contratistas de la Secretaría de Educación.
El exdiputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) cumple dos meses prófugo de la justicia. Él es acusado de haber secuestrado el pasado 30 de mayo a dos ingenieros de la empresa Mota Engil México, junto con su sobrino y hermano, Cesar S. y Rodrigo S.
Los dos familiares del exoficial mayor de la SEV fueron detenidos y vinculados a procesos. Édgar Spinoso pudo burlar la justicia. Su escape puso en duda a la Fiscalía de Veracruz, dependencia que aparentemente no fue capaz de ubicarlo en su domicilio y ejecutar una orden de aprehensión en su contra.
Días después de que Jorge Winckler asegurara que a Spinoso lo buscaban en el extranjero con ayuda de la interpol, Spinoso Carrera reapareció en un programa de radio donde -a través de un audio- manifestó su rechazo hacia el gobierno de Cuitláhuac García, a quien responsabilizó de haber intentado expropiar tres de sus propiedades ubicadas en Alto Lucero, municipio por donde se construye la autopista federal Cardel-Poza Rica.
8.- RICARDO GARCÍA, EXCONTRALOR DE DUARTE SEÑALADO POR LIGAS CON EL NARCO Y ACTOS DE CORRUPCIÓN
“Tú, Ricardo García Guzmán, eres tapadera de la corrupción de Duarte”, sostuvo Miguel Ángel Yunes Linares durante una gira en Pánuco, en 2016, en alusión al entonces contralor del Estado, a quien también acusó de ser “aliado de la delincuencia”.
Una vez que Yunes ascendió al puesto de gobernador se desató una serie de detenciones contra excolaboradores de Duarte; el nombre de Ricardo García figuraba entre los candidatos a ser procesados, sin embargo, al paso de los meses, aparentemente el excontralor fue alojado en las filas del PAN.
Actualmente el exfuncionario ostenta un perfil bajo, pero, en contraste, sus dos hijos son diputados públicos locales y federales. Rodrigo García Escalante, fue elegido diputado local por el PVEM en 2016, pero inmediatamente mudó a las filas del PAN, donde consiguió la reelección. Ricardo García Guzmán, es diputado federal por el Distrito de Pánuco.
El 16 de julio de 2019, el Gobernador Cuitláhuac García mencionó que la célula delictiva, denominada “Grupo Sombra” opera en la región de la Huasteca Alta, “protegido por un grupo político” de Pánuco, añadiendo que se trata de un hecho sabido por “todos”, ello en alusión a la familia García Guzmán.
9.- VICENTE BENÍTEZ, PRESUNTO PRESTANOMBRES DE DUARTE QUE ARROPÓ EL PAN
Vicente Benítez, exdiputado local y ex Oficial Mayor de la SEV, es señalado por los delitos de enriquecimiento Ilícito, peculado e incumplimiento del deber legal. También es investigado por el Sistema de Administración Tributaria (SAT), por enriquecimiento ilícito.
Miguel Ángel Yunes Linares señaló a Benítez como uno de los prestanombres de Javier Duarte para hacer inversiones en Miami, Florida, mediante una firma denominada Capital Investment Property Services. A la fecha existe una orden de aprehensión en su contra que no ha sido ejecutada.
El 19 de septiembre de 2016, el exsubprocurador especializado en investigación de delitos federales, José Guadalupe Medina Romero, informó sobre una carpeta en contra Vicente Benítez por los delitos de enriquecimiento Ilícito, peculado e incumplimiento del deber legal.
En enero de 2012, Vicente Benítez fue detenido en el aeropuerto de Toluca como con una maleta con 25 millones de pesos en efectivo, cuando aún fungía como tesorero en el gobierno de Duarte. Pese a estos antecedentes, el exdiputado fue arropado por la bancada del PAN en la 64 legislatura y voto a favor de las propuestas de ese grupo.
10.- ADOLFO MOTA, EXSECRETARIO DE EDUCACIÓN IMPUNE POR PRESUNTOS DESVÍOS MILLONARIOS
Adolfo Mota Hernández, exdiputado federal del PRI, fue denunciado por el exgobernador Miguel Ángel Yunes por su presunta responsabilidad en un desvío de 9 mil millones de pesos, comprendidos en los sexenios de Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte.
Mota Hernández fue señalado por un faltante de 122 millones de pesos en su periodo como titular de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV).
En enero de 2017, Miguel Ángel Yunes Linares encabezó la entrega y distribución de medicamentos a todas las clínicas y hospitales del Estado. Al evento en el municipio de Emiliano Zapata acudió el Mota Hernández. Ambos fueron capturados en fotografías estrechándose las manos.
Un día posterior al evento de la entrega de medicamentos, el gobernador de Veracruz aseguró que para Adolfo Mota “Ni perdón, ni olvido” por sus posibles agravios como servidor público. No obstante, la Fiscalía de Winckler no procedió contra el exservidor público.