Las faltas y omisiones reiteradas de la Administración Portuaria Integral de Veracruz (Apiver) motivaron a un juez federal a iniciar una Audiencia Constitucional en el que es requerido el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y al menos cuatro secretarias de gabinete federal, como parte del juicio de amparo I-16/2020-2 radicado en el Juzgado Cuarto de distrito con sede en Boca del Río.
El procedimiento fue promovido por ciudadanos veracruzanos que acusan a las autoridades mencionadas por mantenerse omisas a las presuntas afectaciones al medio ambiente y a la salud causadas por el manejo irregular de residuos industriales por la Apiver; en referencia a bodegas utilizadas para el almacenamiento de Pet Coque y chatarra a cielo abierto, de acuerdo con la documentación oficial.
A través de dicho procedimiento un juez federal requirió al mandatario federal, la Secretaría de Salud, la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la SCT y la Profepa para dar respuesta en un plazo no mayor a 48 horas, sobre los señalamientos hechos por los ciudadanos.
En la documentación expedida por el Poder Judicial al que tuvo acceso La Silla Rota Veracruz, se indica que a la autoridad portuaria se le emplazó, para que presente un informe para responder a las quejas por las presuntas afectaciones a la salud y el medio ambiente causadas por el almacenamiento irregular de pet coque y chatarra en patios contiguos al bulevar Fidel Velázquez.
Con esta solicitud se dio entrada formalmente a un juicio constitucional iniciado por vecinos de la zona norte de la ciudad de Veracruz que aseguran ser afectados por el mal manejo de estos productos industriales, entre los que destaca el coque.
El coque es un derivado del petróleo que sirve como combustible en la industria metalúrgica, su consistencia es similar a la arena, se almacena en montículos en un patio aledaño a la zona urbana.
El problema es que con el viento que existe en Veracruz, principalmente en esta temporada en la que se presentan eventos de norte con rachas que oscilan entre las 40 y 120 km/h, se dispersa varios kilómetros a la redonda, es ahí donde los vecinos argumentan daños a la salud y medio ambiente.
El requerimiento hecho por el juez federal establece que la Administración Portuaria deberá de responder en un plazo de 15 días a partir de la fecha de notificación por parte de la autoridad.
En caso de que no exista una respuesta de la autoridad portuaria, los actos reclamados serán tomados como ciertos, además de que se aplicará una multa de hasta mil UMAS.
“Deberá de manifestar en forma expresa y clara, si es o no cierto el acto que se le atribuye y que consiste de manera preliminar en la falta de construcción de la bodega en la nueva terminal de la zona portuaria para el manejo de coque bajo el techo; así como la orden de realizar el depósito de coque y chatarra al aire libre dentro de dicha terminal”, detalla el oficio girado por el Juzgado Cuarto del Poder Judicial de la Federación con sede en el distrito de Boca del Río.
LOS AFECTADOS
La queja de los residentes es añeja y se remonta unos 10 años atrás, sin embargo, la situación empeoró con las obras de ampliación del puerto de Veracruz, afirmó Dalia Carrrera, en una entrevista con La Silla Rota Veracruz.
Ella se ha pronunciado en diversas ocasiones para que las autoridades portuarias resuelvan el problema, sin embargo, no ha sido escuchada con el paso de tres administraciones federales, dos concluidas y la que actualmente está en funciones.
Afirma que los componentes químicos han generado afectaciones a la salud de los residentes, que se ven reflejados en síntomas que afectan la vista, la piel y las vías respiratorias.
"Tenemos vecinos que están afectados de sus ojos, que tienen que sufrir la irritación cada vez que sopla el viento, nosotros tenemos que limpiar la casa todo el día y a todas horas, es algo insoportable".
El presidente del Movimiento Civil Independiente (MOCI), Oliver Olmos Cabrera, señaló que la Apiver no ha dado respuesta a las peticiones de la ciudadanía por los daños causados por la dispersión de coque y chatarra y, por el contrario, busca descalificar las acusaciones.
Recordó que el 21 de abril del 2019 entregó en la mano del presidente la petición para obligar a la autoridad portuaria a atender el problema y este firmó en ese momento el documento, prometiendo que habría respuesta, lo anterior fue videograbado.
INCUMPLIMIENTO DE APIVER EN LA 4T
Directivos de la Administración Portuaria Integral de Veracruz (Apiver) firmaron una minuta el pasado 27 de febrero, en la que aceptaron cumplir con 12 compromisos que resultaron de una reunión con representantes vecinales en la que se expusieron diversas inconformidades por afectaciones causadas por la operación y la ampliación portuaria.
Sin embargo, la minuta no fue atendida conforme a lo acordado y ciudadanos recurrieron a elevar su exigencia al presidente de la República, cuando en una visita a la ciudad de Veracruz el 21 de abril, le pidieron obligar a la Apiver a atender las quejas.
El presidente firmó en ese momento la documentación, lo que permitió dar inicio al trámite para que la Coordinación General de Fomento y Administración Portuaria girara un oficio al director Miguel Ángel Yáñez Monroy, para dar atención a la petición ciudadana.
En su lugar, solo se cumplió el trámite respondiendo por escrito con un informe que da por concluida la atención de las quejas, contrario a lo expresado públicamente por los agraviados.
Pese a que esta situación fue exhibida públicamente, Oliver Olmos Cabrera, fundador del Movimiento Civil Independiente, afirmó que ninguna autoridad atendió las peticiones para obligar a la Apiver para resolver los conflictos.
Por el contrario, aseguró que el gobierno de la 4T hizo lo mismo que las anteriores administraciones, dando la espalda a la población veracruzana que se muestra afectada.
ygr