XALAPA, VER.- La investigación por el asesinato de la periodista Regina Martínez Pérez, perpetrado en 2012, cumple principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad para ser revelada por la Fiscalía General de la República en una versión pública
Lo anterior según los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Durante la discusión, 2 de los comisionados se refirieron al caso Odebrecht, determinando que minó la credibilidad de la Institución, aunque al ser una investigación abierta tuvo que declararse como información reservada.
Ahora, al resolver el proyecto de resolución identificado con la clave RRA 12103/20, los comisionados avalaron por unanimidad que la FGR conceda los “anexos, declaraciones de detenidos y no detenidos y cualquier otro documento relacionado con el caso” al peticionante.
El comisionado Francisco Javier Acuña Llamas presentó el proyecto y criticó que actualmente la FGR mantiene una actitud idéntica de cuando era Procuraduría General de Justicia reservando la información.
El comisionado argumentó que se trata de un asunto considerado de violación a los derechos humanos y es un asunto público relevante para el país, ante los cientos de periodistas asesinados y cuyos casos “permanecen inaclarados”.
Mencionó que la regla es la reserva de una averiguación previa o de una carpeta de investigación, pero ello ocasiona malinterpretaciones “por altísimos niveles de la geografía política” en casos como el de Odebrecht.
“Cuando para el INAI no había elementos jurídicos para reconocer que pudiera haber la excepción de actos de corrupción para una reserva”.
Sin embargo, el comisionado subrayó dijo que en el caso de Regina Martínez la persona interesada acudió directamente ante el INAI pidiendo que se intervenga, aunque la FGR reiteró que no era posible entregar esa información invocando el principio regla.
En la discusión, el INAI reconoció que la averiguación previa en trámite actualiza la causal de reserva invocada por el sujeto obligado; sin embargo, “derivado de una prueba de interés público se determina que atendiendo a las características y a la naturaleza del caso concreto se cumple con los elementos o subprincipios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad”.
Requirió que se entregue la versión pública de la carpeta de investigación para efectos del acta AP/34/FEADLE/2012, revocando la respuesta de reserva de la FGR.
Por su parte, el comisionado Adrián Alcalá Méndez consideró que se trata de un asunto de relevancia en materia de transparencia ante la situación que atraviesan los periodistas en México.
Expuso que Reporteros Sin Fronteras, en el mes de septiembre del año 2020, colocó al país en el lugar número 143 de 180 de la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2020 y refirió haber solicitado a las autoridades locales y federales que tomen medidas urgentes para reforzar la protección de los periodistas en el país.
Además, criticó que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión carece de planes de investigación eficaces, que no agota todas las líneas de investigación.