Hace 12 años que Dulce Miranda, vecina de la calle Diego de Ordaz, en el fraccionamiento de Reforma del puerto de Veracruz, se enfrenta al desabasto de agua, que empeoró cuando el Grupo MAS obtuvo una concesión por 30 años.
El presunto abuso y mal servicio de los que es víctima llevaron a Dulce Miranda a unirse a la lucha que ciudadanos del puerto de Veracruz y Medellín de Bravo emprendieron contra la empresa a través del. Movimiento Civil Independiente (MOCI).
La lucha de ciudadanos de los usuarios contra el Grupo MAS llegaría a su fin si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revoca la concesión que la empresa consiguió en 2016 para la operación de los servicios de agua potable y drenaje en la zona.
El máximo tribunal del país aplicó la facultad de atracción a la demanda de acción colectiva contra Grupo MAS que el MOCI promovió a través de la Dirección Nacional de Acciones Colectivas de la Procuraduría Federal del Consumidor.
De acuerdo con Oliver Olmos, presidente del MOCI, la facultad de atracción ejercida por el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo abre la puerta para que la Suprema Corte revoque la concesión que el Congreso de Veracruz le concedió al Grupo MAS.
No hay mayor esperanza para Dulce que la requisa. La banqueta del frente de su casa está destruida debido a que el personal del Grupo MAS llega constantemente a la zona para romper calles con el objetivo fallido de encontrar en las tuberías la falla que genera el desabasto de agua.
Dulce y su madre Lucila Trejo, una mujer de la tercera edad, se enfrentan a la falta de agua pese a que cada año pagan el servicio por adelantado. Por exigir el abasto fueron amenazadas por el Grupo MAS, denunció la usuaria.
“Por estar exigiendo que le pusieran el agua ya la amenazaron del Grupo MAS diciéndole que le van a quitar su casa, que le van a quitar su terreno al adulto mayor”, comentó.
Con la atracción de la demanda colectiva del MOCI, la Suprema Corte deberá analizar si en los últimos cinco años el Grupo MAS cumplió con la aplicación de los servicios de agua potable y drenaje con una política tarifaria justa para los usuarios jarochos y medellinenses.
La Silla Rota Veracruz buscó la postura de autoridades del Grupo MAS, sin embargo, su enlace de comunicación aseguró que la empresa no tiene considerado emitir declaraciones al respecto.
La demanda de acción colectiva atraída por la Primera Sala de la SCJN es resultado de más de mil 200 quejas que, según Oliver Olmos, el MOCI llevó ante la delegación de la PROFECO en el puerto de Veracruz desde 2018.
El activista explicó que la mayoría de las quejas contra el Grupo MAS se deben a señalamientos por agua de mala calidad, cortes arbitrarios y el cobro de altas tarifas a los usuarios a los que suministran los servicios.
“Todos estamos a la espera de que la Suprema Corte resuelva la controversia que hay y la demanda que existe, estamos en espera que esto se dé de dos a cuatro meses para esperar esta sentencia”, dijo.
Sin embargo, afirmó que el MOCI no puede generar expectativa sobre la posibilidad de la requisa al Grupo MAS, pues otro de los escenarios podría ser la modificación del título de concesión con el que cuenta la empresa.
“Es un tema que no tenemos la capacidad de saber qué va a discernir la Suprema Corte de Justicia, todos estamos a la expectativa de esperar cómo resuelvan”, declaró.
Choque entre grupos
El MOCI dirigido por Oliver Olmos asegura una buena relación con la Profeco, a la que le adjudicaron el logro de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajera la demanda de acción colectiva contra el Grupo MAS.
Sin embargo, ciudadanos de otro grupo que se autodenomina “MOCI Va Contigo” con su presidente Jesús López Peña, se manifestaron la mañana de este jueves 4 de septiembre contra la delegación de la Profeco en Veracruz.
De acuerdo con Jesús López Peña, presidente este segundo grupo autonombrado MOCI, existen más de cuatro mil quejas contra el Grupo MAS de las que presuntamente el delegado de la Profeco Veracruz, Bruno Fajardo Sánchez, hace caso omiso.
“El delegado de Profeco nos desconoce a nosotros, porque hay otro MOCI, a notros nos pide el acta constitutiva, le trajimos los datos del acta constitutiva donde estamos registrados y le preguntamos si el otro MOCI ya se lo presentó y no nos contestó”, externó.
Acerca de la atracción de la demanda colectiva por la Suprema Corte, Jesús López Peña aseveró que el “MOCI Va Contigo” forma parte de ese movimiento que ambos grupos iniciaron juntos a partir de 2018.
“(La Suprema Corte) va a estudiar el caso, va a pedir la copia original de la concesión, la va a estudiar, concesión que ha sido estudiada por los diputados de esta legislatura que salió y no hicieron nada.
(La concesión) tiene muchos candados, se pueden romper si hay voluntad y ejercicio político de la autoridad”, aseguró.
De acuerdo con el activista, el grupo que representa no desea que se realice una requisa al Grupo MAS ya que, dijo, quedarían desempleados más de dos mil trabajadores de la empresa que opera el servicio de agua potable en la zona.
Con la posible requisa, dijo, los empleados del Grupo MAS se unirían a los mil 289 empleados de planta y 300 de confianza despedidos tras la extinción de la operadora Sistema de Agua y Saneamiento (SAS) en 2016.
“Que les quiten la concesión, que haya una recontratación de los trabajadores bajo un nuevo esquema laboral y una nueva líder”, externó López Peña.
Historial de corrupción y atropellos
Grupo MAS es filial de Odebrecht Ambiental, empresa brasileña que logró que el Congreso de Veracruz le adjudicara el título de concesión para el manejo de los servicios de agua potable en Veracruz y Medellín de Bravo hace cinco años.
Odebrecht Ambiental se asoció entonces con la empresa Interagbar de México, con la que creó ProVeracruz SAPI de CV, que más tarde asumió el 80 por ciento de las acciones del Grupo MAS.
El título de concesión que se le otorgó al Grupo MAS contravino la fracción sexta del artículo segundo de la Ley de Aguas del Estado de Veracruz que señala la obligación de los ayuntamientos para administrar el servicio de agua potable en los municipios.
La operadora metropolitana tenía como condición la inversión de siete mil millones de pesos para el mejoramiento del sistema de saneamiento, eficiencia y calidad del agua, en los primeros 30 años de su concesión, según datos del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis).
Al incumplimiento del mejoramiento del sistema de saneamiento se suma que en tres años la tarifa del agua potable se incrementó más del 50 por ciento: pasó de un costo de 110.84 pesos en diciembre de 2018 a 168.714 pesos en septiembre de 2021.
Los usuarios de Veracruz y Medellín de Bravo ven un asomo de justicia ante el historial de corrupción y atropellos de los que se acusa al Grupo MAS, cuya concesión podría cancelarse antes de que se cumpla por lo menos un tercio del tiempo que la empresa tiene para operar los servicios de agua y drenaje.