Agua de consumo doméstico con bacterias fecales, incremento desmedido de las tarifas del servicio, falta de saneamiento de las aguas residuales y rezago en infraestructura hidráulica forman parte de la herencia que dejó en la ciudad de Veracruz la empresa Odebrecht, la gigante brasileña que tejió una red de corrupción en gobiernos de América Latina.
Su filial Odebretch Ambiental logró la adjudicación del título de concesión para el manejo de los servicios de agua potable en los municipios conurbados de Veracruz y Medellín de Bravo, hace cuatro años, al asociarse con la empresa Interagbar de México, para crear ProVeracruz SAPI de C.V., que más tarde asumió el 80 por ciento de las acciones del Grupo MAS, que incluye una mínima participación de los ayuntamientos para dar legalidad a su operación.
Sin embargo, desde el 2016 a la fecha la empresa habría operado en la ilegalidad, ya que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) confirmó a través de una solicitud de acceso a la información que dicha compañía no cuenta con el título de concesión para usar, aprovechar o explotar aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes.
Pese a lo anterior, el contrato otorgado por la autoridad municipal en el que se favoreció a dicha sociedad generó una serie de afectaciones a los ciudadanos que ha alcanzado un punto de quiebre, afirmó Alberto Yépez Alarcón, usuario afectado por el mal servicio.
El ciudadano detectó un aumento en su recibo de facturación por el servicio, en el que además se incluye el concepto de saneamiento, cuando no existe un tratamiento del cien por ciento de las aguas negras que se generan en la ciudad.
Del mismo modo, afirma que desde que entró en operaciones el Grupo MAS la calidad de agua ha ido en demerito, ya que del grifo se recibe un producto con un mal olor y que tiene coloración turbia.
Dos análisis certificados por el Laboratorio Estatal de Salud Pública ponen en evidencia la mala calidad del agua y confirman sus señalamientos de Yepez Alarcón.
El primero fue elaborado el 22 de enero del 2018, con folio AS/18-M-0109, y muestra los resultados realizados al análisis de tres muestras de agua recogidas en diversos puntos, en donde se detectó la presencia de partículas coliformes.
El segundo análisis obtuvo el mismo resultado, fue realizado a una muestra de 30 mililitros de agua el 21 de febrero del 2019, con folio AS/19-M-478.
Ambos estudios, cuya copia se encuentra en posesión de la Silla Rota fueron firmados por la jefa de Sección de Análisis Microbilógicos, Perla Yuridia Cárcamo García, a solicitud de Residentes Unidos por el Fraccionamiento Floresta AC y la asociación civil Compromiso México Transparente, agrupaciones que acompañan las quejas de ciudadanos en contra del Grupo MAS.
Lo trascendente de los análisis de laboratorio, además de comprobar la existencia de partículas fecales en agua que es utilizada para el consumo humano de manera cotidiana, es que se estaría violando la Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz y, al mismo tiempo, el título de Concesión al que está sujeta la operación del Grupo MAS.
En el caso de la legislación estatal se detalla que es agua potable aquella que cuenta con las características para su consumo humano sin afectaciones a la salud, mientras que el numeral 8 del contrato otorgado por el cabildo de Veracruz, se establece como obligación de la empresa mixta el suministro de agua potable.
Favorecieron a Grupo MAS
De manera independiente, Alberto Yépez Alarcón inició la lucha jurídica a través de diversos frentes en contra del Grupo MAS, que incluyen quejas ante los presidentes municipales, la Procuraduría Federal del Consumir (Profeco) y próximamente ante el Tribunal de lo Contencioso y Administrativo.
Para el usuario convertido en activistas se trata de un contrato otorgado en medio de diversas irregularidades, que actualmente propicia la violación reiterada de leyes federales, estatales y derechos fundamentales como el acceso al agua.
De inicio, el contrato fue otorgado por acuerdo de los ayuntamientos y sus entonces presidentes municipales, el priista Ramón Poo Gil y Luis Gerardo Pérez Pérez, de militancia panista, en Veracruz y Medellín, respectivamente.
Sin embargo, la Ley de Aguas del Estado de Veracruz es clara en su artículo segundo fracción sexta al señalar que es obligación de los ayuntamientos administrar el agua que se suministra a los usuarios.
“Los ayuntamientos y el Ejecutivo del estado estarán obligados a fomentar el uso racional del recurso hidráulico y el establecimiento de sistemas de información necesarios para su mejor explotación, uso o aprovechamiento, los vecinos del estado serán responsables por el uso del agua en los términos de la presente ley”, dice el artículo a la letra.
Contrario a lo anterior, los alcaldes, con el respaldo de sus cabildos, se declararon imposibilitados para administrar y suministrar agua potable a sus ciudadanos, sin presentar alguna otra alternativa de solución.
El contrato publicado en la Gaceta Oficial del Estado al que tuvo acceso La Silla Rota muestra diversas disposiciones establecidas en clausuras que favorecieron a la compañía para eximirla de cualquier incumplimiento.
El título de concesión en el apartado séptimo que detalla los ‘Alcances de la Concesión’, se detalla a la letra que el concesionario, es decir, el Grupo MAS está obligado a “Mantener la calidad del agua potabilizada de acuerdo a las normas emitidas por la Secretaría de Salud”.
Sin embargo, en el mismo párrafo se establece que “en caso de generarse costos adicionales por ellos serán reconocidos a través de la Condición 21 del presente Título de Concesión”.
Dicho texto se refiere al apartado de ‘Condiciones’, en donde se detallan las clausulas. La identificada con el número 21 se trata del restablecimiento del equilibrio económico y financiero y enumera diversas obligaciones que los ayuntamientos tendrían que asumir en forma de pago para compensar a la concesionaria.
Por el historial de Odebretch, resulta sospechoso que se hayan elaborado un contrato cómodo para ProVeracruz SAPI de C.V, en donde varios funcionarios públicos estuvieron involucrados, sobre todo cuando dos gobiernos de partidos antagonistas se pusieron de acuerdo, afirma Yepez Alarcón.
Amarrados para cancelar concesión
Contrario a lo expresado, la regidora con la comisión edilicia en aguas y saneamiento del ayuntamiento de Veracruz, Clotilde Reyes Domínguez, aseveró que la empresa Grupo MAS cumple con la prestación de los servicios.
Aunque reconoce que de una manera limitada, ya que no significa que saque adelante los compromisos y requerimientos que se establecen en el título de concesión.
“Está cumpliendo con el servicio día a día, reparando las afectaciones que se van generando y suministrando agua, pero nada más, no hay plan en el mediano y largo plazo”, reprochó la edil.
La funcionaria aseveró que Grupo MAS debió aplicar una inversión de 300 millones de pesos para el reforzamiento de la infraestructura hidráulica en sus primeros dos años de operación, recurso que sigue sin aplicarse.
Lo cierto, es que en el apartado de Garantía de Cumplimiento, que se detalla en el contrato, la concesionaria debió cubrir un pago de 10 por ciento del valor de la inversión total (Un millón 200 mil pesos) como fianza para la inversión inicial del proyecto, la cual no fue entregada.
El argumento de la empresa, afirmó la edil, es el alto índice de morosidad que persiste entre los usuarios y la falta de capacidad financiera que genera para la empresa, señaló la edil.
Sin embargo, lo anterior solo se refiere al incumplimiento de la empresa sobre la inversión, existen otros aspectos que generan una mayor afectación a los usuarios.
Al buscar una explicación de la empresa Grupo MAS por los señalamientos de incumplimiento fue imposible acceder a una entrevista.
El Instituto Metropolitano del Agua, que es el órgano regulador creado para vigilar la correcta operación de los servicios, no pudo dar una explicación. Al ser consultado por La Silla Rota, la oficina de su director respondió que atendería la solicitud en cuanto el funcionario tuviera tiempo.
La regidora señaló que a la actual administración no le queda más que obligar al Grupo MAS a prestar un servicio eficiente, pues la cancelación del contrato es una situación que solo acarrearía problemas al ayuntamiento, declarado imposibilitado para sumir esas funciones.
Desde su punto de vista la privatización de los servicios fue una alternativa viable, pero no se exploraron otras alternativas antes de entregar un contrato a modo, en una concesión a 30 años.
Usuarios se organizan
Ante la Procuraduría Federal del Consumidor existen 500 quejas que agrupaciones civiles promovieron de febrero a la fecha por los malos servicios que suministra el Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento.
Residentes Unidos por el Fraccionamiento Floresta y la Asociación Civil México Transparente se han encargado de documentar las irregularidades de la empresa mixta.
Oliver Olmos Cabrera, presidente de la Asociación Civil México Transparente, señala que el primer incumplimiento, el más grave, es que la empresa no suministra agua potable, como lo establece el título de concesión y la Ley 21 de Aguas para el estado de Veracruz.
Lo anterior, aunado a la falta de saneamiento de las aguas residuales, generan un riesgo de salud pública para los veracruzanos, afirmó el activista.
Contrario a lo que establece el contrato otorgado a la empresa, en la que tenía como compromiso recuperara el Certificado de Calidad del Agua para consumo humano, otorgado por la Secretaría de Salud, que se suponía renovaría cada año. Otro de los compromisos incumplidos.
Otra de las inconsistencias se observa en los mecanismos de cobro que el Grupo MAS utiliza, ya que viola la Ley General de Aguas al fijar tarifas que se calculan en base a los metros cuadrados de las viviendas o establecimientos de los usuarios, cuando el ordenamiento estatal establece que el cálculo se debe realizar tomando como medida los metros cúbicos consumidos.