En medio de las quejas por el mal servicio de agua potable y drenaje sanitario que arrastra la empresa concesionaria Grupo MAS, surge la inconformidad entre usuarios de Veracruz y Medellín de Bravo por un aumento desmedido en las tarifas en los últimos tres años.
De acuerdo con lo registrado en el portal de transparencia de la empresa mixta, en el mes de diciembre del 2018 la tarifa popular del servicio de agua potable, drenaje y saneamiento fue de 110.84 pesos, monto que para septiembre del 2021 es de 168.714 pesos.
El incremento representa más del 50 por ciento en tres años, algo desproporcionado al compararlo con el índice inflacionario anual, indicador que se establece en el título de concesión como parámetro para la actualización de las tarifas, afirmó Oliver Olmos Cabrera, presidente del Movimiento Civil Independiente (MOCI).
El activista, que encabeza la asociación civil promotora de quejas ante la Profeco, amparos judiciales y solicitudes de revocación del título de concesión ante el Congreso del Estado, señaló que el aumento no solo escapa de los parámetros establecidos en el contrato, sino también de la realidad financiera de los usuarios.
“Es un cobro desproporcionado, la forma en cómo cobran el drenaje que es sobre un 40 por ciento sobre el servicio de agua y el saneamiento, cuando realmente no están funcionando las plantas de tratamiento y no se están saneando las aguas que está captando el sistema de drenaje, es un total fraude”, declaró.
El MOCI elaboró un expediente con el camino legal que usuarios recorrieron en los últimos 30 meses para promover la revocación del titulo de concesión a la empresa Grupo MAS, que se presentará este martes 5 de octubre al presidente Andrés Manuel López Obrador, en su visita a la ciudad de Veracruz.
Andrés Manuel López Obrador
Los integrantes de la asociación civil se presentarán a las 5:00 de la mañana afuera del hotel donde se hospeda el presidente López Obrador para que a su salida le sea entregado el expediente con el historial de quejas y procedimientos en contra de la concesionaria.
“Se pedirá al presidente que ponga un alto, que intervenga para que se termine el mal servicio y los abusos de la empresa Grupo MAS, porque tenemos agua de mala calidad y muchos fraccionamientos y colonias viven en medio de un ambiente insalubre por el mal manejo de las aguas residuales”, señaló.
BUSCAN USUARIOS CAMBIAR POLÍTICAS TARIFARIAS EN SERVICIO DE AGUA
El 31 de agosto del 2021, el MOCI presentó una solicitud al Ayuntamiento de Veracruz y al Instituto Metropolitano del Agua (IMA) para que se realice una modificación a la política tarifaria del servicio de agua por parte de la empresa Grupo MAS.
Las tarifas vigentes se encuentran desglosadas en un tabulador que se divide en uso doméstico, comercial, servicios e industrial; en todos los casos se establece el cobro con base al rango de consumo por metros cúbicos, que van de los 0 a 15 metros cúbicos el más bajo a los 250 metros cúbicos o más.
De acuerdo con el representante del MOCI dicho tabulador es inconsistente al realizar un cobro basado en los metros cúbicos de la construcción de la propiedad de los usuarios y no en el consumo que hacen del agua.
"Nosotros ingresamos el 31 de agosto al Ayuntamiento de Veracruz y el IMA un proyecto de propuesta para modificar la política tarifaria que están aplicando en los municipios de Veracruz y Medellín, esa propuesta es en función de los incrementos excesivos que viene aplicando la concesionaria en los últimos cinco años, lo cual es desproporcionado y fuera de la realidad económica de los usuarios de esta zona conurbada", señaló.
GRUPO MAS, EMPRESA NACIDA CON SEÑALAMIENTOS DE IRREGULARIDADES
Agua de consumo doméstico con bacterias fecales, incremento desmedido de las tarifas del servicio, falta de saneamiento de las aguas residuales y rezago en infraestructura hidráulica forman parte de la herencia que dejó en la ciudad de Veracruz la empresa Odebrecht.
Su filial Odebrecht Ambiental logró la adjudicación del título de concesión para el manejo de los servicios de agua potable en los municipios conurbados de Veracruz y Medellín de Bravo, hace cinco años, al asociarse con la empresa Interagbar de México, para crear ProVeracruz SAPI de C.V., que más tarde asumió el 80 por ciento de las acciones del Grupo MAS.
Usuarios que se organizaron para exigir la cancelación del título de concesión, afirman que desde que entró en operaciones el Grupo MAS la calidad de agua ha ido en demerito, ya que del grifo se recibe un producto con un mal olor y que tiene coloración turbia.
Dos análisis certificados por el Laboratorio Estatal de Salud Pública ponen en evidencia la mala calidad del agua y confirman sus señalamientos de Yepez Alarcón.
El primero fue elaborado el 22 de enero del 2018, con folio AS/18-M-0109, y muestra los resultados realizados al análisis de tres muestras de agua recogidas en diversos puntos, en donde se detectó la presencia de partículas coliformes.
El segundo análisis obtuvo el mismo resultado, fue realizado a una muestra de 30 mililitros de agua el 21 de febrero del 2019, con folio AS/19-M-478.
Ambos estudios, cuya copia se encuentra en posesión de La Silla Rota Veracruz fueron firmados por la jefa de Sección de Análisis Microbilógicos, Perla Yuridia Cárcamo García, a solicitud de Residentes Unidos por el Fraccionamiento Floresta AC y la asociación civil Compromiso México Transparente, agrupaciones que acompañan las quejas de ciudadanos en contra del Grupo MAS.
Lo trascendente de los análisis de laboratorio, además de comprobar la existencia de partículas fecales en agua que es utilizada para el consumo humano de manera cotidiana, es que se estaría violando la Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz y, al mismo tiempo, el título de Concesión al que está sujeta la operación del Grupo MAS. En el caso de la legislación estatal se detalla que es agua potable aquella que cuenta con las características para su consumo humano sin afectaciones a la salud, mientras que el numeral 8 del contrato otorgado por el cabildo de Veracruz, se establece como obligación de la empresa mixta el suministro de agua potable.
Sin embargo, no es la única violación, pues de inicio el contrato fue otorgado contraviniendo la Ley de Aguas del Estado de Veracruz que es clara en su artículo segundo fracción sexta al señalar que es obligación de los ayuntamientos administrar el agua que se suministra a los usuarios.
Contrario a lo anterior, los alcaldes, con el respaldo de sus cabildos, se declararon imposibilitados para administrar y suministrar agua potable a sus ciudadanos, sin presentar alguna otra alternativa de solución.
El contrato publicado en la Gaceta Oficial del Estado muestra diversas disposiciones establecidas en clausuras que favorecieron a la compañía para eximirla de cualquier incumplimiento.
El título de concesión en el apartado séptimo que detalla los ‘Alcances de la Concesión’, se detalla a la letra que el concesionario, es decir, el Grupo MAS está obligado a “Mantener la calidad del agua potabilizada de acuerdo a las normas emitidas por la Secretaría de Salud”.
Sin embargo, en el mismo párrafo se establece que “en caso de generarse costos adicionales por ellos serán reconocidos a través de la Condición 21 del presente Título de Concesión”.
Dicho texto se refiere al apartado de ‘Condiciones’, en donde se detallan las clausulas. La identificada con el número 21 se trata del restablecimiento del equilibrio económico y financiero y enumera diversas obligaciones que los ayuntamientos tendrían que asumir en forma de pago para compensar a la concesionaria.
Es decir, la empresa fue favorecida, pero en condiciones en las que se le brindó todas las facilidades para operar sin responsabilidades mayores.
Actualmente, Grupo MAS enfrenta más de mil quejas de usuarios inconformes por el servicio ante la Procuraduría Federal del Consumidor, que inició un procedimiento jurídico colectivo ante el Poder Judicial de la Federación y de manera aplicó sanciones administrativas al organismo.
La lucha legal incluye amparos en favor de usuarios que están por resolverse en el Poder Judicial de la Federación, así como solicitudes de revisión ante el Congreso del Estado y observaciones por parte del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), estas últimas que podrían derivar en la cancelación del contrato.