Agua de consumo doméstico con bacterias fecales, incremento desmedido de las tarifas del servicio, falta de saneamiento de las aguas residuales y rezago en infraestructura hidráulica forman parte de las quejas que se han acumulado en los cuatro años que el Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento (MAS) suma con la concesión de los servicios de agua potable en la zona conurbada.
El historial de quejas e incumplimientos que usuarios formalizaron ante diversas autoridades municipales, estatales y federales durante este tiempo en contra Grupo MAS, comenzó cuando su filial Odebrecht Ambiental logró la adjudicación del título de concesión para el manejo de los servicios de agua potable en los municipios conurbados de Veracruz y Medellín de Bravo.
Al asociarse con la empresa Interagbar de México, para crear ProVeracruz SAPI de C.V., que más tarde asumió el 80 por ciento de las acciones del Grupo MAS, se abrió la puerta para que la filial de la brasileña Odebrecht, involucrada en escándalos de corrupción en gobiernos de toda América Latina, ingresara a Veracruz, afirmó la secretaria general del Sindicato José Azueta, Angélica Navarrete Mendoza.
La lideresa de trabajadores del extinto Sistema de Agua y Saneamiento Metropolitano afirmó que la llegada de Grupo MAS significó el despido de más de mil trabajadores del organismo.
Este 16 de junio del 2020, la representante de los trabajadores encabezó una marcha con los obreros afectados en aquel entonces y que después de cuatro años siguen sin ser liquidados conforme a la Ley.
Navarrete Mendoza afirmó que, desde el principio, cuando se concretó la extinción del SAS, se advirtieron de diversas irregularidades en la entrega del contrato a una empresa privada y el riesgo a que los servicios que se brindan a los usuarios presentaran una caída en su calidad.
Navarrete Mendoza señaló que el contrato de concesión fue otorgado violando la Ley de Aguas del Estado de Veracruz, que señala que es obligación de los ayuntamientos administrar el agua que se suministra a los usuarios.
Los alcaldes, en ese entonces el priista Ramón Poo Gil y el panista Luis Enrique Pérez, con el respaldo de sus cabildos, se declararon imposibilitados para administrar y suministrar agua potable a sus ciudadanos, sin presentar alguna otra alternativa de solución más que la intervención de una empresa particular.
La líder sindical aseveró que aquella decisión de los ediles fue promovida por el entonces gobernador Javier Duarte de Ochoa, quien actualmente se encuentra en el reclusorio Norte de la Ciudad de México con una sentencia de 9 años, por desvío de recursos públicos.
El contrato publicado en la Gaceta Oficial del Estado en favor de Grupo muestra diversas disposiciones establecidas en clausuras que favorecieron a la compañía para eximirla de cualquier incumplimiento.
En el apartado séptimo del contrato se detallan los ‘Alcances de la Concesión’, dice a la letra que el concesionario, es decir, el Grupo MAS está obligado a “Mantener la calidad del agua potabilizada de acuerdo a las normas emitidas por la Secretaría de Salud”.
Sin embargo, en el mismo párrafo se establece que “en caso de generarse costos adicionales por ellos serán reconocidos a través de la Condición 21 del presente Título de Concesión”.
La cláusula 21 se trata del restablecimiento del equilibrio económico y financiero y enumera diversas obligaciones que los ayuntamientos tendrían que asumir en forma de pago para compensar a la concesionaria.
Es decir, la empresa fue favorecida de tal forma que los gobiernos que llegaran no tuvieran la solvencia económica para cancelar el contrato otorgado a la empresa Grupo MAS.
Angélica Navarrete afirmó que se suma la falta de voluntad de los presidentes municipales en turno para suspender la concesión, pese a todas las quejas que existen de los usuarios.
GRUPO MAS ENCABEZA LISTA DE QUEJAS ANTE PROFECO
Actualmente, Grupo MAS enfrenta más de mil 300 quejas de usuarios inconformes por el servicio ante la Procuraduría Federal del Consumidor, que inició un procedimiento jurídico colectivo ante el Poder Judicial de la Federación.
El delegado de la Profeco en Veracruz, Bruno Rodrigo Fajardo Sánchez, señaló que el Grupo MAS se ubica a la cabeza en la lista de empresas con más quejas por abusos en contra de sus usuarios.
El funcionario detalló que solo del 1 de enero al 31 de mayo se cumularon 388 nuevas quejas en contra de la empresa operadora de los servicios de agua potable y alcantarillado en los municipios de Veracruz y Medellín.
Fajardo Sánchez señaló que debido a la cantidad de quejas en contra de Grupo MAS se atienden directamente en el órgano central de la Profeco en la ciudad de México, a través de un procedimiento jurídico.
Pero desde lo local, indicó que se han aplicado multas en contra del organismo de entre 380 pesos a 120 mil pesos, por no poder acreditar las tarifas, cobros o medición del servicio.
SE ABRE CAMINO PARA CANCELAR CONCESIÓN
Oliver Olmos Cabrera, integrante del Movimiento Civil Independiente, (MOCI), señaló que la aplicación de las primeras multas en contra del Grupo MAS abren la posibilidad para que la agrupación civil exija al Congreso del Estado, así como a los ayuntamientos de Veracruz y Medellín de Bravo, que inicien el proceso de revocación del título de concesión que se otorgó durante la administración municipal pasada.
"El siguiente paso es que con las quejas que se promovieron en Profeco se va solicitar la extinción de la concesión al Congreso del Estado, en función del artículo 97 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, donde dice que por quejas razonadas de la ciudadanía se puede solicitar la extinción de las concesiones por los servicios públicos", declaró.
En ese sentido, Oliver Olmos indicó que las únicas autoridades en este caso que se encuentran facultadas para realizar la extinción de la concesión son los ayuntamientos y el Congreso del Estado.
En el primer caso, señaló que no ha existido voluntad por revisar el caso, a pesar de que la entrega del contrato a Grupo MAS estuvo plagado de inconsistencias; por su parte autoridades municipales afirman que la cancelación resultaría costosa para el erario municipal.
Olmos Cabrera señaló que las multas aplicadas hasta ahora certifican el mal servicio, por lo que servirán como una prueba que no pueden dejar pasar los legisladores.
ygr