MORELIA.- La otrora Procuraduría General de la República (PGR) ocultó que había cinco y no tres -como lo dio a conocer- procesados como presuntos responsables de los atentados terroristas del 15 de septiembre de 2008 en la capital de Michoacán.
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El ataque contra la población dejó ocho personas muertas y 113 más lesionadas durante el primer Grito de Independencia del entonces gobernador Leonel Godoy Rangel.
A 13 años de lo ocurrido, no hay un solo detenido, pero sí una serie de irregularidades en el proceso y siembra de pruebas para responsabilizar a tres personas inocentes.
Una de los dos testigos protegidos del caso fue asesinada a tiros y los policías de la extinta AFI que detuvieron a los tres inculpados trabajaban para el crimen organizado, hechos que tampoco dio a conocer la PGR.
En el expediente de la causa penal 254/2008.V también se evidencia la relación del fallecido general Mario Arturo Acosta Chaparro con el crimen organizado.
LO OSCURO DE PGR
11 días después (26 de septiembre del 2008) del primer atentado terrorista registrado en la tierra del entonces presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, la PGR dio a conocer la captura de tres michoacanos presuntamente implicados en los granadazos.
Alfredo Rosas Elicea, Julio César Mondragón Mendoza y Juan Carlos Castro Galeana fueron señalados por la autoridad federal como integrantes de Los Zetas.
Los hombres, originarios de Lázaro Cárdenas fueron presentados como los responsables de lanzar las granadas de fragmentación en contra de la población.
La PGR nunca informó que también había órdenes de aprehensión, dentro del mismo proceso, en contra de dos líderes criminales.
Se trata de dos “objetivos prioritarios” del gobierno federal, como consta en los documentos que obran en el expediente y en poder de LA SILLA ROTA.
Heriberto Lazcano Lazcano “El Lazca”, líder fundador de Los Zetas, y Jorge Eduardo Sánchez Costilla, “El Coss”, lugarteniente del Cartel del Golfo, fueron señalados e inculpados por dos testigos protegidos como quienes ordenaron el ataque.
“El Lazca” fue abatido en 2012 y, un mes antes, “El Coss” fue detenido; sin embargo, éste último se reservó su derecho a declarar en el caso de los atentados terroristas.
Ello, luego de que se le requiriera en el penal del Altiplano donde fue encarcelado por otros cargos; en 2015 lo extraditaron a Estados Unidos y su silencio se perpetuó.
LA FABRICA DE FALSEDADES
Según testigos protegidos, la intención de ambos capos era apoderarse del estado para controlar el trasiego de drogas desde Michoacán hasta Río Bravo, Tamaulipas, y después cruzar la frontera a Estados Unidos.
Un sujeto, de nombre clave “Karen”, y Adriana Treviño Barrera, de nombre clave “Gabriel”, fueron los testigos protegidos en los que la PGR basó parte de sus investigaciones, sobre todo “para identificar a los responsables” de los atentados.
Ambos, hasta 2009, habían sido las “piezas fundamentales” de la PGR como testigos protegidos en cerca de 50 procesos penales diferentes, entre ellos, los de los hechos ocurridos en Morelia durante el primer Grito de Independencia del entonces gobernador Leonel Godoy Rangel.
Meses después de declarar por el caso de los granadazos, Adriana Treviño se le escapó a la PGR de una casa de seguridad y fue encontrada muerta en Río Bravo, Tamaulipas.
Lo anterior fue informado mediante el oficio 6204/2009 de fecha 18 de mayo del 2009, emitido por la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas de la PGR, luego de que “Gabriel” fuera citada a un careo con los tres detenidos.
Otros de los elementos que también revela el expediente es que José Martín Zarza Escamilla, Armando Javier Rojo Aguilar e Ignacio Moreno Aguilar, los tres policías de la Agencia Federal de Investigación (AFI), que detuvieron a los tres michoacanos acusados, formaban parte del crimen organizado.
La PGR se opuso a llevarlos a comparecer hasta que el juez de la causa requirió a Wilfrido Robledo Madrid, entonces titular de la AFI, y al Consejo de la Judicatura Federal revelaran que los tres policías estaban presos en el penal federal de Tepic, Nayarit.
A través del oficio CJF/DGEP/05861/2010 el CJF informó que “después de realizar una minuciosa búsqueda en el registro de captura que obran en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, encontró la causa penal 234/2009, radicada en el Juzgado Primero de Procesos Penales Federales, en El Rincón, Estado de Nayarit, donde se encuentran inculpados los agentes”.
ACOSTA CHAPARRO Y LA FAMILIA MICHOACANA
Como consta en el expediente del caso, fue Raúl Espinosa de los Monteros, abogado de Alfredo Rosas Elicea, quien evidenció la manera en la que Mario Arturo Acosta Chaparro Escápite, asesor de seguridad en el mandato de Felipe Calderón, fabricó junto con el cartel La Familia Michoacana y la PGR la detención de los tres inocentes.
Pero a los tres detenidos, los puso ante la PGR en el lugar, el crimen organizado, junto con el Ejército Mexicano y participa el general Acosta Chaparro, quien nunca se presentó a declarar
En el expediente, hay declaraciones de testigos y pruebas documentadas que el asesor de seguridad de Felipe Calderón fue quien dirigió toda la operación.
En las fojas quedó evidenciado por la defensa de los tres inculpados que Acosta Chaparro se puso de acuerdo con La Familia Michoacana para presentar a los presuntos responsables ante “la presión social”.
Eso concuerda con la exhibición de narcomantas, en las que LFM se deslinda de los atentados y advierte que harán su propia investigación y entregarán a los responsables.
Otro de los elementos que inculpan a Mario Arturo Acosta como artífice del operativo de captura de los supuestos implicados fueron los documentos de aeronáutica.
El 26 de septiembre, partió un avión de la PGR del aeropuerto de Toluca con una orden original de vuelo a la Ciudad de México, de ahí a San Luis Potosí y después regreso a la Ciudad de México.
Las bitácoras indican que no fue respetado el plan de vuelo al llegar a la Ciudad de México, por órdenes del funcionario federal y del Ministerio Público de la PGR.
Los documentos refieren que, en lugar de dirigirse a San Luis Potosí, voló a Morelia, donde es retenido el vuelo, hasta que recibe instrucciones de volar a Apatzingán.
Ya en Apatzingán, después de dos horas, llegan los presuntos responsables, a los cuales suben amarrados y vendados de los ojos, al avión de la PGR.
Lo anterior está en el informe de los militares que custodian el aeropuerto de Apatzingán y en el de la dirección aeroportuaria.
Consultado sobre este punto, el abogado Raúl Espinosa de los Monteros, dedujo que la PGR, entonces tenía dos grupos de chivos expiatorios y que en San Luis Potosí no le salieron bien las cosas a Acosta Chaparro.
Y entonces se fueron por el otro grupo que estaba en Michoacán, que ya tenían detenidos, pero resultó bien para los detenidos, porque si le hubieran salido bien las cosas en San Luis Potosí al general, probablemente los matan y los desaparecen
El expediente ventila también que los tres michoacanos fueron detenidos por La Familia Michoacana en Lázaro Cárdenas, llevados a la sierra de Arteaga donde los torturan y trasladan a una casa de seguridad en Tierra Caliente.
En sus declaraciones, los agentes de la AFI dicen que una llamada anónima los puso en alerta de que los responsables de haber lanzado las granadas están en un pueblo de Michoacán.
Los policías de la PGR reciben esa llamada a la 1 de la mañana, se trasladan en una camioneta y hacen varios recorridos en esa zona de la Tierra Caliente.
Durante sus recorridos, dicen los agentes que de repente dan con una finca, donde les gritan: ‘nosotros somos los responsables de haber arrojado las granadas: ayúdenos, por favor’”, narra Espinosa de los Monteros, basado en el expediente
“Y entonces se encuentran con tres personas amarradas, vendadas de los ojos y golpeados; los detienen, los trasladan al aeropuerto y los entregan al general Acosta Chaparro que iba en ese avión”, agrega el abogado.
LOS ENTREGA LA TUTA
Ignacio Mendoza Jiménez, en ese entonces subprocurador regional de Morelia y responsable de realizar los peritajes en la escena del crimen, reiteró que quien detiene y entrega a los implicados es el crimen organizado.
Aseguró que la reconstrucción de hechos realizada por las autoridades estatales fue ignorada por la entonces PGR.
El abogado sostuvo que los detenidos no fueron capturados por las autoridades federales días después de los atentados, sino que fueron chivos expiatorios entregados por Servando Gómez Martínez, “La Tuta”.
El exfuncionario explicó que, al momento de revisar los expedientes, se dieron cuenta de las declaraciones con puño y letra de los ahora liberados, donde ellos dicen que quién los levanta es “La Tuta” y no el gobierno federal.
“Felipe Calderón nunca dijo nada de la reunión que tuvo el general Mario Arturo Acosta Chaparro con los mandos de la Familia Michoacana, donde pactan que ellos van a hacer una investigación y que van a entregar a los hechores; por qué no se siguió la línea de quién dejó a estos muchachos en Apatzingán…”, volvió a cuestionar Mendoza.
El otrora funcionario de la Procuraduría estatal en el gobierno godoyista denunció, además, que la única testigo que logró identificar al responsable de lanzar la granada fue amenazada por personal de Marisela Morales, la entonces titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO).
Ignacio Mendoza detalló que Julio Patessi, Ministerio Público Federal, se empecinó en amedrentar a la única testigo qué había; una joven moreliana de la cual se desconoce su paradero.
“Para qué o por qué, no lo sabemos. Ella es la único testigo presencial y que vio a un probable sospechoso; es más hasta lo describe incluso de la ropa.
¿Cómo se enteran ustedes de que fue amenazada esta jovencita?
Porque nos lo dice la familia, que fue Julio Patessi, la amenazó y por eso no van a declarar. Nosotros ya la habíamos convencido; nosotros me refiero al personal de la Procuraduría del Estado.
Mendoza dio a conocer, que tanto Leonel Godoy Rangel, así como el procurador en turno y el presidente Felipe Calderón conocían de las amenazas criminales desde dos semanas antes y que el atentado estaba programado para el 16 y no para el 15 de septiembre, cuando diera el Grito el mandatario perredista.
Detalló que, de acuerdo a los primeros peritajes, la trayectoria de la granada no iba dirigida a la multitud, sino al área ubicada abajo del balcón principal de Palacio de Gobierno, donde daría el grito Godoy Rangel.
El problema es que el artefacto golpea a una persona muy alta y la granada rebota hacia donde estaba la gente. Pero la trayectoria que llevaba era otra. Creemos que era una persona que transitaba en motocicleta y que no tuvo problemas para pasar el filtro de seguridad y huir de la valla militar
Por eso es que para el exsubprocurador de Morelia no fue sorprendente que las hipótesis del MP federal se cayeran en el juicio, ya que los argumentos nunca fueron reales y por consecuencia tampoco sólidos.
LA INOCENCIA DE LOS DETENIDOS
Raúl Espinosa de los Monteros demostró, durante el proceso penal, que su representado y los otros dos implicados fueron privados de su libertad por delincuentes y obligados a firmar una confesión bajo tortura de la PGR.
Además, probó con testigos y documentos que los acusados no estuvieron en Morelia el día de los atentados terroristas y que fueron torturados para declararse culpables.
Es que hay una bola de mentiras en el procedimiento. La primera es que ellos hayan participado en el evento. A los implicados los pone el crimen organizado, conjuntamente con el Ejército Mexicano y participa el general Acosta Chaparro en el operativo
Explicó que como consta en el desarrollo del proceso, hay testigos y documentos que señalan a Acosta Chaparro como el que dirigió la operación y se puso de acuerdo con LFM para armar todo ese operativo y presentar responsables, debido a la presión social.
Además, probó que las dos granadas de fragmentación que detonaron los criminales en Morelia pertenecen a un lote de 100 que fue robado por un cabo de infantería de un cuartel militar de Iguala, Guerrero.
Señaló que, incluso, de acuerdo con los videos que obran en el expediente, la Policía de Michoacán detuvo ese mismo día de los granadazos a las tres personas que sí participaron en los atentados y las dejaron ir.
Expuso que, por el contrario, sus defendidos -las personas utilizadas como “chivos expiatorios-, se dedicaban al trabajo y a sus hogares.
Aun así, los tres hombres fueron detenidos el 21 de septiembre de 2008 como presuntos responsables materiales de los atentados terroristas en Morelia.
El abogado detalló que uno era trabajador de la construcción (Alfredo Rosas); el otro mecánico (Juan Carlos) y el tercero ingeniero civil (Julio César); todos originarios del municipio de Lázarook
Cárdenas, Michoacán
Dijo que, en el caso de su defendido Alfredo Rosas, por la gravedad de las lesiones con las que llegó a la ciudad de México, tuvo que ser traslado a una torre médica, resultado de la tortura a la que fue sometido por los agentes federales.
“Alfredo Rosas llegó con cinco costillas rotas y en estado muy lamentable de salud y un oído reventado, además, debido a las golpizas que les dieron para que se declararan responsables de haber arrojado las granadas”, expuso el especialista jurídico.
Espinosa de los Monteros explicó que Rosas Elicea no firmó la declaración porque estaba grave y en la PGR falsificaron la rúbrica en la declaración preparatoria donde supuestamente confesaban su responsabilidad, lo cual probó mediante peritajes.
Resulta que los agentes que lo trasladan, le dicen: ‘tienes que declarar lo que te dijimos, hijo de la chingada, si no se va a morir tu familia
Julio César Mondragón Mendoza fue señalado como quien lanzó la granada de fragmentación hacia la población desde arriba de un árbol de la plaza Melchor Ocampo, lo cual aseguró no pudo ser, ya que ésta persona padeció poliomielitis y era imposible subir a las jardineras, de donde supuestamente aventaron el explosivo.
Precisó que el conjunto de irregularidades en las investigaciones, “la siembra de pruebas de la PGR” y todos los elementos antes señalados del expediente, permitieron que, a través de un amparo, lograra que los tres implicados salieran de la cárcel.
Los cargos por los que todavía se les acusaba eran delitos de Homicidio Agravado, Posesión de granadas de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, así como Lesiones calificadas.
Raúl Espinosa consiguió que el 27 de mayo del 2015 los detenidos fueran absueltos de 3 de los 6 delitos que se les imputaban: Delincuencia Organizada con la finalidad de cometer terrorismo, Terrorismo y Delincuencia Organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud.
El 30 de enero de 2016, fueron puestos en libertad bajo caución, luego de que la defensa confirmara en una segunda instancia que habían sido torturados para declararse culpables y la “siembra de pruebas” en su contra a manos de la PGR.
La PGR no solo los implicó y encarceló por siete años, sino que también, los evidenció públicamente en al menos dos ocasiones: una cuando fueron presentados como implicados en el caso.
Y la segunda, en 2016, cuando a pesar de que se les había otorgado un amparo, publicó espectaculares donde ofrecían recompensa de 1.5 millones de pesos para su recaptura.
El amparo les fue concedido y ahora, el especialista jurídico, ha iniciado una batalla legal contra Marisela Morales y demás funcionarios implicados en la fabricación de pruebas en contra de tres personas inocentes.
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