XALAPA, Veracruz (La Silla Rota).- Será el próximo 4 de marzo, cuando familiares de los cinco jóvenes desaparecidos en el municipio de Tierra Blanca, reciban una disculpa pública de parte del Gobierno de Veracruz, como parte de la reparación del daño recomendada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en 2017.
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José Benítez, padre de José Benítez de la O, una de las víctimas, detalló que esta disculpa será ofrecida en el Museo Memoria y Tolerancia de la Ciudad de México, sin embargo, lamentó este martes en entrevista radiofónica, que la disculpa llega sin resultados en el caso de sus hijos.
“Nos van a dar una disculpa sin habernos dado resultados (…) exigimos al gobierno federal y al gobierno de Veracruz que ya dictaminen, tienen muchísimas pruebas contra los detenidos”.
En ese sentido, criticó el pleito y divisionismo político dentro de la estructura de gobierno y procuración de justicia en Veracruz, pues remarcó que ahora también son afectados por los poderes políticos en pelea.
? “A nosotros no nos importan los pleitos entre los diputados y el Fiscal Jorge Winckler, queremos que resuelvan”.
El viernes 1 de septiembre de 2017, poco más de mes y medio de emitida la recomendación, el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares anunció que acataría uno de los puntos sobre la reparación integral del daño a las familias originarias de Playa Vicente: la disculpa pública.
Sin embargo, tras una serie de cancelaciones de la reunión en la que las autoridades estatales y federales deberían presentarse ante los familiares, ese viernes de septiembre terminó con la retirada de Jaime Téllez Marié, entonces secretario de Seguridad Pública, y Jorge Winckler, Fiscal General; cuando las víctimas indirectas cuestionaron la falta de investigación o el compromiso de investigar la cadena de mando en el caso de la desaparición de sus hijos, y que implicaba al exsecretario Arturo Bermúdez.
“No vamos a tocar otros temas que no sea una disculpa pública, solo venimos a ofrecer una disculpa de parte de la Federación y el gobernador", se limitó a contestar Tellez Marié.
"Pues si no traen resultados entonces vámonos, su presencia d nada nos sirve", respondió José Benitez; quien además acusó que el entonces subsecretario de Derechos Humanos de la SEGOB, Roberto Campa Cifrián, canceló su asistencia de último momento.
Tampoco Miguel Ángel Yunes Linares asistió a dicha reunión.
Al finalizar el encuentro, las familias concluyeron que esa disculpa, terminó con sabor a un “insulto público”.
De acuerdo con la Ley General de Víctimas, una vez documentada la violación a los Derechos Humanos atribuible a un servidor público del Estado, se debe formular una recomendación a la dependencia en cuestión para incluir medidas que logren la restitución a las víctimas y víctimas indirectas de sus derechos fundamentales, y relativas a la reparación del daño y perjuicios que el hecho hubiere ocasionado.
La Ley General de Víctimas del Estado de Veracruz prevé en los artículos primero y cuarto, que “la reparación integral comprende medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica”.
La disculpa pública se incluye dentro del apartado “satisfacción”, que también exige medidas eficaces para conseguir que no continúen las violaciones, verificación de los hechos y la revelación pública y completa de la verdad, así como una declaración oficial que restablezca la dignidad, la reputación y los derechos de las víctimas, además de la aplicación de sanciones a los responsables de violaciones.
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