Veracruz, Ver.- Los gritos de Ángel Gabriel pidiendo auxilio cuando era arrastrado a la fuerza por hombres armados hacia un auto rojo fue lo último que su familia supo de él.
Su abuela fue retenida en la puerta por su tía cuando trataba de ayudarlo, ningún vecino hizo algo por intervenir cuando era golpeado frente a su casa, de donde acaba de salir para comprar el desayuno.
De eso pasaron dos años y tres meses, eran las 11:35 horas del 6 de junio del 2017, en la colonia Vista Mar de la ciudad de Boca del Río, al siguiente mes ingresaría al Centro de Estudios Tecnológicos y del Mar en donde se instruiría para ser buzo industrial.
Su hermana Lidia Lara afirma que los responsables de su desaparición fueron Policías Ministeriales de la Fiscalía General del Estado, en ese entonces a cargo de Jorge Winckler Ortiz.
“Los vecinos lo identifican como policías judiciales, por el tipo de coche, por las posturas que ellos utilizan y porque traían una placa, altos fornidos, pantalón de mezclilla, camisas de cuadros manga larga”
Su testimonio se encuentra en la carpeta de investigación 25/2018 que sigue la Fiscalía Especializada para la Atención de Personas Desaparecidas, en la que se investiga la presunta desaparición forzada del joven Ángel Gabriel Tobón Fuentes, de 17 años de edad.
Sin embargo, las diligencias judiciales fueron retrasadas desde el inicio, en un intento evidente por proteger a los agentes de la Policía Ministerial y después a Policías Navales que podrían estar involucrados en la desaparición de un amigo suyo un día antes.
Hasta ahora no existe ningún nombre de los probables responsables y tampoco pistas certeras del paradero de su hermano, cuenta Lidia para La Silla Rota Veracruz con una voz firme que se va apagando mientras más se acuerda de él.
“Desde el primer día que se lo llevaron le prometí buscarlo y encontrarlo, por eso no me importó dejar un trabajo, no me importó dejar a unas amistades, no me importó dejar mi vida de lado, porque yo quiero que él regreso, vivo o muerto yo le dije que lo voy a traer a casa, ya son dos años, me siento muy frustrada”
INCONSISTENCIAS EN EL CASO
La desaparición de Ángel Gabriel fue reportada en la Fiscalía Regional de Boca del Río el mismo día que fue arrastrado por hombres armados, sin embargo, no fue recibida una denuncia sino hasta 72 horas después, por la negativa del fiscal Manuel Medel, subalterno de Jorge Winckler Ortiz en ese entonces.
Lydia Lara afirma que en ningún momento fue emitida la ficha de Alerta Amber, a pesar de que Gaby era menor de edad al momento de ser privado de la libertad.
Lo primero que hizo Manuel Medel, fiscal de Boca del Río, fue criminalizar a su hermano, al asegurar que la situación había sido causada porque era seguro que participara en actividades ilícitas.
Lo anterior jamás fue comprobado, ya que no tenía antecedentes penales y en revisiones que realizó la Fiscalía Regional en su vivienda jamás encontraron indicios de actividad criminal, no obstante, se convirtió en la primera línea de investigación.
“Me dijeron que era halcón o que vendía marihuana, me lo trataron como un criminal a mi hermanito, trataron de ensuciar su nombre pero no pudieron, le dije al fiscal en su cara que me lo comprobara y no pudo, hasta ahorita no pueden”
El mismo fiscal se negó a solicitar la revisión de las bitácoras de los agentes de la Policía Ministerial o a Policía Naval que un día antes presuntamente se llevaron al amigo de su hermano.
La participación de agentes policiacos jamás formó parte de la investigación de su desaparición cuando el caso se abrió en Boca del Río.
Otro elemento que negó la Fiscalía fue solicitar la sabana de llamadas del teléfono celular de Gabriel, para buscar algún indicio.
AMENAZAS
En una de las visitas que hizo a la Fiscalía Regional para reclamar resultados, Lidia Lara fue seguida por un hombre y abordada unas cuadras antes de llegar a su domicilio en donde fue amenazada con una pistola.
El hombre le pidió que dejara de buscar a su hermano o la desaparecerían a ella también, con miedo y un gran coraje regresó a la fiscalía y reclamó a Manuel Medel, a quien lo responsabilizó de cualquier cosa que le ocurriera a ella o a su familia.
Fue casi un año después que logró que su denuncia fuera seguida por la Fiscalía Regional de Veracruz, en donde tuvo un avance complicado debido al atraso que tuvo la primera vez, sin embargo, la protección sobre la Policía Ministerial siguió.
Otro aspecto que prevaleció fue la falta de perfil genético para poder confrontar el ADN suyo con el de los restos encontrados en fosas clandestinas como la de Arbolillo, en el municipio de Alvarado, cuyos restos hallados se presume que pertenecen a personas desaparecidas en el bienio de Miguel Ángel Yunes Linares.
El fiscal especializado Luis Eduardo Coronel, en una de las pocas reuniones que tuvo con integrantes del Colectivo Solecito de Veracruz le prometió que atendería el caso personalmente, jamás la volvió a recibir.
El mismo destino tuvo cuando en una ocasión abordó al entonces fiscal Jorge Winckler Ortiz, quien le prometió que por ser un caso ocurrido durante su gestión al frente de la FGE, sería investigado.
Lidia Lara espera que la salida del Winckler Ortiz permita que su caso sea atendido sin desdén y sin la intención de criminalizar a su hermanito, para no tener que escuchar nuevamente que se dedicaba a vender droga o que estaba en el momento y lugar equivocado.
SOLECITO DE VERACRUZ
Lidia Lara afirma que el mismo día de la desaparición de su hermano le hizo la promesa de regresarlo a casa, vivo o muerto. Su promesa la obligó a cambiar radicalmente su dinámica de vida.
Desde hace dos años se sumó al colectivo Solecito de Veracruz, en donde conoció una realidad que existe en Veracruz de la que se sentía ajena, incluso con la desaparición de su hermano.
"Jamás imaginé que la crisis de desaparecidos que existía, que era un horror que vivían muchas familias y que hasta ese entonces la sentía como algo que solo nos pasaba a nosotros.
“La mayoría de los testimonios así es, los jóvenes se los empezó a llevar Policía Naval, Policía Estatal y terminaron muchos en la escuela de la Academia, otros en otros lados, pero sí era la policía lo que se los estaba llevando”
Lucía Díaz Genado, fundadora y vocera del Colectivo Solecito de Veracruz, afirmó que entre el gobierno del priista Javier Duarte de Ochoa y el panista Miguel Ángel Yunes Linares, desaparecieron cerca de 25 mil personas en el estado.
Solo en el bienio de Yunes Linares se calcula que existieron 5 mil desapariciones forzadas, en donde al igual que con el gobierno antecesor se utilizó a la fuerza pública. Del total mencionado al menos dos tercios son casos no denunciados y por lo tanto no existen carpetas de investigación, agregó.
“No tenemos cifras porque el Fiscal Wincker fue renuente a compartirlas, tenemos una oscuridad toral en el tema cifras, sin embargo, decir que teníamos 3 mil 600 y que tenemos 2 mil ahorita, estaríamos hablando de 5 mil y tantas con denuncia, lo que significa que la cifra negra es pasmosa”.
En la danza de números se encuentra el caso de Gaby, caso que ocurrió durante un gobierno, que al igual que el actual, prometió sin éxito acabar con las desapariciones en Veracruz.
LE CORTARON LAS ALAS
Ángel Gabriel Tobón Fuentes era un joven que amaba el mar. Su casa se encuentra en una colonia cercana a la playa a donde se trasladaba caminando todos los días para nadar o correr en la arena.
Quería ser buzo industrial y había presentado examen para ingresar al CETMAR de Veracruz, en donde se prepararía primero en una carrera técnica y después buscaría cursar una licenciatura en el Tecnológico de Boca del Río.
Cuando estaba en casa siempre tenía música reproduciéndose, reggaetón y rock son sus géneros favoritos, cuando alguien en casa repelaba por el volumen alto bastaba hacer reír a su abuela, su mamá y sus hermanas para que lo dejaran seguir escuchando sus canciones.
El último día antes de ser desaparecido regresó a casa del centro comercial Las Américas a donde fue a comprar un desodorante y un gel, se sentó en la mesa a comer con Lidia y no paró de reír en toda la tarde.
Pero eso no era extraño en él, Lidia lo recuerda como un joven que reía mucho, que todo el tiempo estaba feliz.
“Él estaba feliz, tranquilo, sin imaginarse que alguien se iba apoderar de él, que se lo iban a llevar, porque él era un joven y le cortaron sus alas sin oportunidad de defenderse, trataron de pintarlo de criminal y no pudieron, eso no lo voy a permitir”.
APRENDIÓ A BUSCAR
Lidia dejó su trabajo en una agencia de camiones de carga, fue señalada por amigos y familiares por seguir la búsqueda de su hermano, pero se volvió una experta en rastrear a personas desaparecidas, tanto vivas como muertas.
En los últimos dos años recorrió Michoacán, Guerrero, Sinaloa y Veracruz en predios, basureros, cárceles y centros de readaptación buscando a su hermano.
“Me impactó demasiado, me frustró ver que tengo que buscar a mi hermano en basureros, en predios, y ahora lo tengo que buscar en pedazos, no entero como se lo llevaron”.
Explica que para buscar a un desaparecido en un terreno baldío se empieza por analizar la superficie, si se encuentra tierra removida es un indicio, si existe o no maleza es un indicio, en ambos casos se introducen varillas de hasta dos y tres metros que al salir de la tierra son olfateadas.
Un olor a podredumbre les obliga a seguir excavando, hasta encontrar prendas de vestir, carteras con credenciales y en el peor de los casos huesos y trozos de piel.
“En Guerrero los entierran en forma fetal, amarrados desde el cuello hasta los pies, luego les meten piedra, muchas piedras. En Michoacán los entierran en las raíces de los árboles para despistar el olor. Pero en Veracruz, aquí los entierran en pedazos”.
En Veracruz, Lidia fue una de las mujeres que participó en la búsqueda de restos en las fosas de Colinas de Santa Fe, así como en el predio de La Guapota, en el municipio de Ursulo Galván.
REINA LA IMPUNIDAD
Jérémy Renaux, subdirector de la agrupación Litigio Estratégico en Derechos Humanos AC i(DH)eas, aseveró que en Veracruz la impunidad de los casos es el gran pendiente en la crisis humanitaria de desaparecidos.
El activista aseveró que la mayoría de los casos tienen como distintivo que las víctimas son jóvenes y que en su desaparición participan elementos de la Policía Ministerial, Policía Estatal o Policía Naval.
Siempre existe una intención del ministerio público o de la Fiscalía por criminalizar a la víctima y proteger a los agentes policiacos.
Jérémy Renaux señaló que la mayoría de los casos se presentaron en el sexenio de Javier Duarte, sin embargo, estos hechos se siguieron presentando con el mismo modus operandi en la administración de Miguel Ángel Yunes Linares.
En esta última administración, afirmó que no existió la voluntad por dar justicia y atender a las familias de las víctimas, pues las prioridades del gobierno fueron otras.
El gobierno del morenista Cuitláhuac García Jiménez pronunció un discurso que esperaban los colectivos de desaparecidos, pero el juego político en la Fiscalía General del Estado impide que las promesas se concreten y la impunidad termine, afirmó.
ygr