MÉRIDA.- El gobierno federal deberá detener el avance de las obras del Tren Maya en el tramo dos, que abarca de Escárcega a Calkiní, en Campeche, ya que el Juzgado Primero de Distrito de Campeche dictó una suspensión definitiva para frenar la construcción en la zona. La demanda fue interpuesta desde julio por agrupaciones de la sociedad civil e indígenas de la Península.
También lee: AMLO quiere arrancar obras del Tren Maya; CNDH quiere detenerlas
Con esta acción, el gobierno federal no podrá construir rieles, estaciones, ni los polos de desarrollo en este trecho. Y por supuesto, no podrá rellenar cenotes ni devastar 800 hectáreas de vegetación, que contemplaba para la construcción de las vías, según el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
“La ponderación de por qué la jueza otorgó como medida cautelar la suspensión definitiva tiene que ver con que hay argumentos suficientes para considerar que, de continuar con las obras, se podría generar un daño irreparable al medioambiente”, explicó Xavier Martínez Esponda, director operativo del Centro Mexicano de Derechos Ambiental (Cemda).
Además, reiteraron que la obra solo genera especulación en la tierra para la construcción de nuevas ciudades, desarrollos inmobiliarios y actividades turísticas. Y el daño ambiental tampoco será irreversible. “El Tren Maya fragmentará los ecosistemas que hoy existen en la Península de Yucatán, principalmente los corredores biológicos y las áreas naturales protegidas”, expuso el director del Cemda.
Motivo por el que las agrupaciones exhortaron a las autoridades federales a cumplir con la suspensión definitiva y frenar la construcción en el trayecto de 236 kilómetros, que va de Escárcega a Calkiní, Campeche.
Cabe mencionar que el tramo dos está a cargo de Grupo Carso, cuyo propietario es Carlos Slim, el costo de la obra asciende a 18 mil 500 millones de pesos. Y fue apenas en junio, que el presidente Andrés Manuel López Obrador dio el banderazo de inicio de construcción.
La lucha por detener el Tren Maya inició en la defensa por la reserva de Calakmul, la suspensión definitiva para impedir que las vías pasen por esta área fue concedida en marzo de este año. Al respecto Genomelín López Velázquez, integrante del Consejo Regional Indígena y Popular de Xpuj declaró que la obra podría dejar sin agua a 84 comunidades mayas.
Las autoridades señaladas como responsables en la demanda de amparo son el Fondo Nacional de Promoción al Turismo (Fonatur), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Presidencia de la República, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), así como Fonatur Tren Maya (TM).