XALAPA, VER.- Luego de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la recomendación por tortura y violencia sexual tras la detención de July “N”, presunta homicida de la rectora de la Universidad Valladolid, Guadalupe Martínez Aguilar, el gobernador Cuitláhuac García señaló que su Gobierno no tiene injerencia en dicha aprehensión y señaló que dicho órgano nacional no es infalible.
Por ello pidió a la Fiscalía General de la Ciudad de México y a la Fiscalía estatal aclarar lo concerniente al expediente 51 VG/2022, subrayando que dichos órganos actuaron de forma coordinada, aunque el Gobierno de Veracruz no participó en los operativos.
Dicha recomendación señala violaciones graves a los derechos humanos, a la integridad y seguridad personal por actos de tortura y violencia sexual en contra de July “N”, quien se encuentra recluida en el Centro de Readaptación Social de Pacho Viejo, en Coatepec, por el asesinato perpetrado el 29 de junio de 2020.
La CNDH pide a la administración de García Jiménez garantizar el derecho de acceso a la justicia en su modalidad de procuración de justicia y a la seguridad jurídica en agravio de la víctima, por parte de personas servidoras públicas de la fiscalía general de justicia y de la secretaría de la seguridad pública.
“Pero a que tengan razón (la CNDH) siempre, no, tampoco; se trata de presuntos responsables del homicidio de una rectora, no es nada sencillo, se tiene que aclarar e ir tras los responsables”, opinó.
En ese sentido, reiteró que si la Fiscalía de CDMX incurrió en tortura ellos e debe de aclarar.
“No tenemos mucha competencia en este asunto porque la detención en donde supuestamente se hacen las supuestas violaciones a los Derechos de los Detenidos no fueron en Veracruz, así de sencillo”, sostuvo.
La CNDH encontró que el día que fue detenida, la mujer había acudido a comprar pan en compañía de sus hijos, cuando fue interceptada por dos vehículos de color blanco de los que descendieron aproximadamente 11 personas, quienes la esposaron y la subieron a uno de los automóviles para llevarla a un inmueble en la alcaldía Azcapotzalco.
Posteriormente, mientras era trasladada a Xalapa, July “N” fue golpeada por policías ministeriales y uno de ellos la agredió sexualmente.
Según la relatoría al llegar a las oficinas de la Fiscalía General fue revisada por un médico, “quien omitió asentar las lesiones que presentaba; continuó siendo golpeada, le pusieron una bolsa negra en la cabeza y el director de dicha oficina la amenazó con hacerle daño a su familia que radica en la capital del país, hasta que finalmente ingresó al Centro de Reinserción Social en Pacho Viejo”.
Cuestionado sobre el tema, García Jiménez dijo que la Fiscalía “sabe más”, al actuar en coordinación con sus similares de otras entidades.
“Esa es la coordinación, quien materializa eso es la Fiscalía a la que corresponde; son cuestiones procedimentales que así se realizan entonces no nos corresponde. Extrañamente la Comisión pone como verídico lo señalado por los presuntos responsables del homicidio de la rectora.
“No tenemos competencia en el asunto porque la detención fue en otro lado; que certifiquen en otro estado qué fue lo que sucedió, así de sencillo y todo ese procedimiento que se lleve a cabo por la Fiscalía”, consideró.
Aseveró que su administración no violenta Derechos Humanos, sin embargo, los presuntos responsables dan esos argumentos para tratar de zafarse de un delito.
“No tenemos ningún problema, que se revisen; pero fíjense que hasta que yo aclaré que había sido la detención en otro estado retomaron algunos medios esa situación, porque era señalar a Veracruz, la intención era golpear a Veracruz.
“Se les cayó el argumento, a ver cómo cuadran pero que sea Veracruz; extraño, no”, cuestionó.
En febrero de 2021, la Fiscalía General de Veracruz informó que, por el asesinato de la rectora de la Universidad Valladolid, inició una investigación interna en contra de cuatro elementos ministeriales, acusados de torturar y abusar sexualmente de la mujer detenida tras ser relacionada con el crimen, aunque la fiscal general Verónica Hernández Giadáns aseveró públicamente que el caso “está apegado a Derecho”.