OAXACA.- En una pared del centro histórico de Oaxaca, quedó plasmado en aerosol el nombre de Arleth Azucena. Durante una marcha, sus amigas lo pintaron en exigencia de justicia. En enero de este año, Arleth fue desaparecida, asesinada y posteriormente su cuerpo fue abandonado a orillas de río en San Antonio de la Cal. Fue la segunda a quien en 2021 la arrebataron la vida y una de las 334 desde la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) declarada hace tres años en Oaxaca.
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Para el Grupo de Estudios Sobre la Mujer (GESMujer) Rosario Castellanos, si bien es cierto que la AVGM permitió visibilizar la gravedad del problema a nivel social, los resultados hasta el momento son cuestionables pues no sólo no contuvo la violencia feminicida en los 40 municipios con declaratoria, sino que también se extendió a otros puntos en donde no se tiene este mecanismo de protección a las mujeres.
El análisis realizado por la organización a partir de su monitorio diario de violencia feminicida, revela que, del total de los 334 asesinatos de mujeres, 57 por ciento fue cometido en municipios con AVG y el 43 por ciento en municipios sin alerta.
“No hay una diferencia entre contar con el mecanismo, que carecer de él, o bien que la violencia hacia las mujeres que se focalizaba en 40 municipios, a tres años se ha extendido a otros que no estaban identificados como de alto riesgo”, señaló Angelica Ayala Ortiz, presidenta del Grupo de Estudios Sobre la Mujer (GESMujer) Rosario Castellanos. El Estado y sus instituciones -agregó- siguen sin reconocer que existe una violencia feminicida.
Otros datos de su análisis señalan que el 60 por ciento de los asesinatos de mujeres se concentra en tres regiones: 25 por ciento Istmo de Tehuantepec, 20 por ciento Valles Centrales y 15 por ciento Cuenca del Papaloapan.
Pero los datos son fríos, no alcanzan a dimensionar la indignación, el dolor, la impotencia de cada familia que ha enfrentado la pérdida de una hija, una madre, una hermana, una abuela, pues la violencia machista no respeta edad, condición social, económica ni ninguna otra, pero el acceso a la justicia se torna más difícil para las mujeres de comunidades indígenas y afromexicanas, además de estar invisibilizadas en los registros hemerográficos y digitales disponibles
Hasta el momento -apuntó- hay acciones marcadas en la AVGM que no se han cumplido, por ejemplo, el fortalecimiento a la asistencia jurídica, psicológica y de salud a mujeres víctimas de violencia desde una perspectiva de género con una visión intercultural, personal sensible y especializado, que identifiquen claramente los casos de nivel de riesgo feminicida, y que apliquen adecuadamente los protocolos de atención para salvaguardar la vida de las mujeres en riesgo.
La deficiencia en la atención del 911 en los casos de violencia tanto a nivel urbano como dentro de los municipios. “Hay que reconocer que a nivel municipal ha sido muy complicado por la falta de coordinación al interior de la propia policía, además de que no consideran graves los casos de violencia familiar”, puntualizó.
Por otro lado, tampoco se ha cumplido con la creación o fortalecimiento de albergues para mujeres víctimas de violencia, sus hijas e hijos en las 8 regiones del estado. “Sabemos que se requiere infraestructura y recursos, pero ya transcurrieron tres años y no se vislumbran avances”.
“Como integrantes del movimiento feminista hemos denunciado las barreras sociales, culturales e institucionales que limitan el ejercicio pleno de los derechos de niñas, jóvenes y mujeres. Desafortunadamente a tres años de la AVG los resultados evidencian: Falta de voluntad política para contar con un diagnóstico real de la problemática; ausencia de coordinación entre las instituciones responsables de la prevención, atención, sanción y erradicación de las violencias por razón de género; y la impunidad como consecuencia de negligencias y omisiones ocasiona que niñas y mujeres sigan siendo violentadas”
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