XALAPA, Veracruz (La Silla Rota).- Colectivos de desaparecidos de Veracruz, exigieron que la Fiscalía General del Estado (FGE), supervisada por autoridades federales, examine hasta el último centímetro del rancho La Gallera, ubicado en el municipio de Tihuatlán, ello luego de haber sido exhibido como un campo empleado para el extermino masivo de personas.
“La solidaridad de entrada con las madres de Poza Rica, sabemos que la Fiscalía es marrullera, mentirosa y traidora, fijaremos un acuerdo para que esto no se quede así, como las autoridades quieren”, advirtió Lucía de los Ángeles Díaz Henao, líder del colectivo Solecito Veracruz, a quienes se les atribuye el hallazgo de la fosa clandestina más grande de Latinoamérica (con 128 fosas clandestinas y 255 cadáveres exhumados).
El 26 de abril, La Silla Rota publicó el reportaje El campo de exterminio que el gobierno de Veracruz ocultó, en el que se evidenció la existencia un predio al norte de la entidad (El rancho La Gallera), donde fueron exhumados seis cuerpos el 30 de enero de 2017 por autoridades estatales y más tarde, el 01 de marzo, prendas de vestir, un horno repleto de cenizas y 22 fosas con al menos 100 restos óseos carbonizados, gracias a la labor del colectivo Familiares en Búsqueda María Herrera.
Integrantes del colectivo conformado en Poza Rica, comprobó que el predio empleado por delincuentes fue abandonado por la autoridad estatal, sin dejar a cargo algún resguardo policial, además encontraron en una segunda visita, huesos y ceniza regada sobre el suelo, expuestos a lo que los forenses de la fiscalía llaman la fauna nociva.
Lucía Díaz Henao, aseguró reprobó lo sucedido en el rancho de Tihuatlán, si embargo refirió que no es la primera vez que la Fiscalía, encabezada por Jorge Winckler Ortiz, abandona un predio y da un trato indigno a los restos de personas desaparecidas.
“Nuestros compañeros acudieron a las fosas que se encontraron en Arbolillo, Alvarado (donde han exhumado 49 cadáveres) y comprobamos que dejaron un montón de ropa y tenemos la sospecha que hasta más indicios. El error de las compañeras de Poza Rica fue confiar de más en Jorge Winckler, cuando no es una persona honesta”, lamentó la madre de Guillermo Lagunes Díaz, desaparecido en Veracruz desde junio de 2013.
Por su parte, Rosalía Castro Toss, representante del colectivo Solecito Huatusco, recomendó a las madres de Poza Rica a sumar más gente a su equipo, “que monten guardias en el lugar, que lo aseguren y que ya no permitan a la Fiscalía sacar más nada de restos, hasta que no se tenga la supervisión de la Policía Federal. Es un peligro que los restos caigan en manos de la Fiscalía”, apuntó.
La madre, que también ha contribuido en las diligencias del predio Colinas de Santa Fe, en Veracruz, expresó que es necesario y urgente que la Fiscalía retome actividades en el rancho La Gallera, pero, dijo, “tiene que estar presente PGR, la Policía Científica, de la Policía Federal”.
La madre de Roberto Carlos Casso Castro (desaparecido en La Antigua desde diciembre de 2011) expresó, “En un estado como Veracruz, los huesos están más seguros debajo de la tierra que afuera. ¿Qué pasó con los restos de Alvarado?, ¿acaso no los dejaron en el patio del Servicio Forense de Boca del Río?”.
“No hay capacidad, la Fiscalía está rebasada en cuestión del resguardo de restos. Sin embargo, todo esto se pudiera mejorar si hubiera voluntad política, en el caso de Tihuatlán nosotros somos claras, si ya aceptaron la existencias de las fosas, deben retomar labores, pero con gente que los vigile. Si dejas los hallazgos con la Fiscalía es como si no hubieras encontrado nada”, abundó.
Belén González Medrano, del Colectivo Familiares en Búsqueda Coatzacoalcos, se sumó al apoyo del colectivo Familiares en Búsqueda María Herrera, que a la vez fueron respaldados por la Brigada Nacional de Desaparecidos en la labor de búsqueda. “Urge que la Fiscalía regrese al lugar y se ponga a trabajar, porque para eso reciben un sueldo”.
El grupo de González Medrano que opera en el sur de Veracruz, también localizó un en un predio en la colonia Diana Laura Rojas, en el municipio de Minatitlán, tres fosas clandestinas de las cuales se exhumaron los cuerpos de tres mujeres, víctimas de secuestro, entre ellas una menor de 17 años.
“Nosotros entendemos la impotencia de las compañeras de Poza Rica, la Fiscalía nos tuvo bajo el sol por varias horas en espera de respuestas, y al término de la diligencia en Minatitlán prácticamente nos echaron las camionetas encima para que nos quitáramos del camino. Pero ellas no están solas, exigimos que el rancho de Tihuatlán sea explorado hasta el último centímetro de su extensión”, expresó la madre de desaparecido.
Ella encontró una fosa clandestina en Minatitlán, el hecho me causa molestia porque este trabajo ya lo habían hecho las compañeras desde antes, efectivamente sabíamos de todo lo que allí habían encontrado y ellas se cansaron de esperar respuestas de la Fiscalía.
Exigimos a la Fiscalía que regrese al rancho La Gallera e investigue hasta el último centímetro de su extensión. Hay que volver a explorar y explorar minuciosamente. Esto es falta de voluntad.