Pese a los escándalos de corrupción, el gobierno de Javier Duarte de Ochoa incentivó y promovió la participación de la empresa brasileña Odebrecht a través de dos proyectos que les permitieron a dos subsidiarias de la compañía operar el agua y recursos energéticos en el estado de Veracruz.
Grupo MAS, en donde Odebrecht Ambiental mantiene la mayoría de las acciones, fue favorecido con una concesión a 30 años para el manejo del agua potable en el centro urbano más grande del estado.
El contrato se entregó en medio de diversas irregularidades en el 2016 por el cabildo porteño en ese entonces priista y gobernado por el grupo político de Duarte de Ochoa, un año después de que Odebrecht fuera exhibida por una red de sobornos en gobiernos de América Latina.
El otro proyecto facilitado por el exmandatario -actualmente preso en el reclusorio norte- se desarrolló en la región sur del Estado, en el municipio de Nanchital.
Se trata de la Planta Etileno XXI, construida por la subsidiaria Braskem Idesa, que impulsó primero como titular de la Secretaría de Finanzas en el gobierno de Fidel Herrera Beltrán, luego como diputado federal y después como gobernador de Veracruz.
Dicha planta le generó pérdidas millonarias a Petróleos Mexicanos (Pemex) que fueron observados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y que incluye el periodo en el que Emilio Lozoya Austin, detenido este miércoles en España por su presunto vínculo con Odebrecht, participó como director de la paraestatal.
GRUPO MAS, ENTRE IRREGULARIDADES Y QUEJAS
Agua de consumo doméstico con bacterias fecales, incremento desmedido de las tarifas del servicio, falta de saneamiento de las aguas residuales y rezago en infraestructura hidráulica forman parte de la herencia que dejó en la ciudad de Veracruz la empresa Odebrecht.
Su filial Odebrecht Ambiental logró la adjudicación del título de concesión para el manejo de los servicios de agua potable en los municipios conurbados de Veracruz y Medellín de Bravo, hace cuatro años, al asociarse con la empresa Interagbar de México, para crear ProVeracruz SAPI de C.V., que más tarde asumió el 80 por ciento de las acciones del Grupo MAS.
Usuarios que se organizaron para exigir la cancelación del título de concesión, afirman que desde que entró en operaciones el Grupo MAS la calidad de agua ha ido en demerito, ya que del grifo se recibe un producto con un mal olor y que tiene coloración turbia.
Dos análisis certificados por el Laboratorio Estatal de Salud Pública ponen en evidencia la mala calidad del agua y confirman sus señalamientos de Yepez Alarcón.
El primero fue elaborado el 22 de enero del 2018, con folio AS/18-M-0109, y muestra los resultados realizados al análisis de tres muestras de agua recogidas en diversos puntos, en donde se detectó la presencia de partículas coliformes.
El segundo análisis obtuvo el mismo resultado, fue realizado a una muestra de 30 mililitros de agua el 21 de febrero del 2019, con folio AS/19-M-478.
Ambos estudios, cuya copia se encuentra en posesión de La Silla Rota Veracruz fueron firmados por la jefa de Sección de Análisis Microbilógicos, Perla Yuridia Cárcamo García, a solicitud de Residentes Unidos por el Fraccionamiento Floresta AC y la asociación civil Compromiso México Transparente, agrupaciones que acompañan las quejas de ciudadanos en contra del Grupo MAS.
Lo trascendente de los análisis de laboratorio, además de comprobar la existencia de partículas fecales en agua que es utilizada para el consumo humano de manera cotidiana, es que se estaría violando la Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz y, al mismo tiempo, el título de Concesión al que está sujeta la operación del Grupo MAS.
En el caso de la legislación estatal se detalla que es agua potable aquella que cuenta con las características para su consumo humano sin afectaciones a la salud, mientras que el numeral 8 del contrato otorgado por el cabildo de Veracruz, se establece como obligación de la empresa mixta el suministro de agua potable.
Sin embargo, no es la única violación, pues de inicio el contrato fue otorgado contraviniendo la Ley de Aguas del Estado de Veracruz que es clara en su artículo segundo fracción sexta al señalar que es obligación de los ayuntamientos administrar el agua que se suministra a los usuarios.
Contrario a lo anterior, los alcaldes, con el respaldo de sus cabildos, se declararon imposibilitados para administrar y suministrar agua potable a sus ciudadanos, sin presentar alguna otra alternativa de solución.
El contrato publicado en la Gaceta Oficial del Estado muestra diversas disposiciones establecidas en clausuras que favorecieron a la compañía para eximirla de cualquier incumplimiento.
El título de concesión en el apartado séptimo que detalla los ‘Alcances de la Concesión’, se detalla a la letra que el concesionario, es decir, el Grupo MAS está obligado a “Mantener la calidad del agua potabilizada de acuerdo a las normas emitidas por la Secretaría de Salud”.
Sin embargo, en el mismo párrafo se establece que “en caso de generarse costos adicionales por ellos serán reconocidos a través de la Condición 21 del presente Título de Concesión”.
Dicho texto se refiere al apartado de ‘Condiciones’, en donde se detallan las clausulas. La identificada con el número 21 se trata del restablecimiento del equilibrio económico y financiero y enumera diversas obligaciones que los ayuntamientos tendrían que asumir en forma de pago para compensar a la concesionaria.
Es decir, la empresa fue favorecida, pero en condiciones en las que se le brindó todas las facilidades para operar sin responsabilidades mayores.
Actualmente, Grupo MAS enfrenta más de mil quejas de usuarios inconformes por el servicio ante la Procuraduría Federal del Consumidor, que inició un procedimiento jurídico colectivo ante el Poder Judicial de la Federación.
ETILENO XXI, ENTRE EL FRACASO Y LA SOSPECHA DE CORRUPCIÓN
El mismo año que se otorgó la concesión para el manejo del agua potable en el municipio de Veracruz a la empresa de la que Odebrecht Ambiental es accionista, era inaugurada la planta Etileno XXI, construida y operada Braskem, subsidiaria de la brasileña en el sector energético, y su sociedad con la mexicana Idesa.
La factoría que tuvo una inversión de 5 mil 200 millones de dólares era la materialización de un proyecto del que Javier Duarte de Ochoa se presumió como promotor, desde que participó como titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación y luego como gobernador, desde donde afirmó brindó todas las facilidades para que fuera construida.
Días antes de la apertura de la planta, Duarte de Ochoa incluso posó en una fotografía a lado de Marcelo Odebretch, con quien se reunió en privado en un hotel lujoso de la ciudad de Veracruz; meses antes de que el empresario brasileño fuera aprehendido en su país de origen.
Sin embargo, para alcanzar las metas de producción, Etileno XXI requería que Pemex les suministrara 66 mil barriles diarios de etano a “precios preferenciales”, a lo que la paraestatal accedió argumentando que era capaz de suministrar su excedente y a cambio generaría ahorros eliminando la importación de polietileno.
Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) exhibió que Petróleos Mexicanos (Pemex) acumuló dos años de pérdidas por 3 mil 642 millones de pesos por vender gas etano, debajo de su costo real, a la planta de Etileno XXI.
La Auditoría Superior de la Federación, en su informe de resultado de la fiscalización de la Cuenta Pública 2017, reportó que las pérdidas se multiplicado porque Pemex negoció desde 2010, durante el gobierno de Felipe Calderón, y en la recta final del gobierno de Fidel Herrera Beltrán, un contrato ventajoso a 20 años para la sociedad Braskem-Idesa, el cual fue ratificado durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Pese a las ventajas que se concedieron a la empresa subsidiaria de Odebrecht, Etileno XXI es calificada como una planta que hasta ahora no ha alcanzado sus metas de producción y cuyo proceso de liquidación estaría cercano, lo que confirmaría su fracaso en medio de las sospechas de corrupción.
ygr