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Esto respondió Fernando Yunes sobre supuesta "orden de arresto"

El alcalde de la ciudad y puerto de Veracruz rechazó que exista una orden de aprehensión en su contra

Escrito en VERACRUZ el

El alcalde de Veracruz, la síndica y demás regidores que integran el cuerpo edilicio, tramitaron un amparo federal para responder a un requerimiento del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (TECA) para cumplir un laudo laboral, reconoció el presidente municipal, Fernando Yunes Márquez.

Sin embargo, el alcalde de Veracruz rechazó que exista una orden de aprehensión en su contra o en contra de alguno de los miembros del cabildo, como se difundió en medios de comunicación.

Yunes Márquez afirmó que cada uno de los ediles realizó un depósito de 2 mil pesos como garantía ante el TECA, en tanto se realiza la audiencia para fijar un acuerdo de pago con la parte favorecida con la sentencia del Tribunal.

“Nosotros siempre por procedimiento siempre se pone un amparo se deja una garantía de 2 mil pesos por cada edil y el día de mañana, como ya está acordado con la Secretaría del Tribunal, se hace el primer pago a esa persona que ganó el laudo, y después de eso se hace el acuerdo para ver cuando se le va a pagar”.

El presidente municipal de Veracruz afirmó que la solicitud de un amparo federal es un trámite que se realiza en este tipo de procedimientos, pero no porque exista una orden de aprehensión para obligar a las autoridades municipales a comparecer.

“Es un procedimiento de laudo donde se condena al Ayuntamiento a pagar, siempre por procedimiento se interpone un Amparo, y siempre el TECA lo que hace es una orden de presentación, no es una orden de arresto, por lo pronto el término de arresto ni siquiera existe, es orden de aprehensión.”

Un especialista consultado por este medio detalló el TECA considera la prisión de 36 horas como una medida de apremio al no cumplir con un laudo; sin embargo, para llegar a este punto antes se deben de aplicar otras medidas de tipo administrativas.

Antecedentes de detenciones por incumplimientos de laudos laborales

En el país existen antecedentes de presidentes municipales y los miembros de sus cabildos separados de sus cargos y vinculados a proceso por el incumplimiento en sentencias de amparo relacionadas con laudos laborales.

El 17 de enero del 2018, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un fallo para destituir a 40 funcionarios y exfuncionarios municipales del Estado de México y Puebla, por incumplir sentencias de amparo derivadas de laudos laborales.

El 7 de marzo del 2018, los exalcaldes de Coacalco en el Estado de México, Erwin Castelán y David Sánchez, y 32 funcionarios más, fueron vinculados a proceso por el delito de omisión dolosa, al incumplir el ordenamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para cubrir un laudo laboral por más de 4 millones de pesos en favor de un exempleado municipal.

El 8 de marzo, el expresidente municipal de Paraíso Tabasco, Bernardo Barrada Ruiz y 10 exregidores, fueron vinculados a proceso por desacatar una sentencia de la SCJN en diversos laudos laborales de empleados municipales.