XALAPA, VER.- Críticas a la Secretaría de Gobierno, a la Fiscalía General del Estado y al titular del Poder Ejecutivo incluyó la integrante del Consejo Ciudadano de la Comisión Estatal de Búsqueda de Veracruz (CEAV), Anaís Palacios Pérez, al rendir el informe relativo a su encargo, cuyo ejercicio concluyó este lunes 18 de enero.
La también colaboradora del del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A.C, reprochó que de parte del Secretario de Gobierno de Veracruz, Eric Cisneros Burgos, existe una “ausencia" de las sesiones del mecanismo estatal de Coordinación, a excepción de la sesión de instalación, y donde estuvo solo la mitad del evento.
Por ello propuso que el secretario participe de manera más activa y se involucre en las tareas de búsqueda, absteniéndose de juicios de valor o criminalizar y replicar información tendiente a la descalificación de las víctimas y de las personas que ejercen el Derecho de Libre Expresión.
“Sin tomar represalias ni instruir actos tendientes a coartar la libre expresión, aun cuando ésta sea contraria a su forma de pensar o a sus convicciones ideológicas, políticas o institucionales”.
En cuanto al Gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, Anaís Palacios admitió que, si bien existe un involucramiento en el tema de desapariciones, este no puede ser medido en “avances” toda vez que el Consejo Ciudadano en su totalidad no fue tomado en cuenta por el Ejecutivo.
Así, acusó que las autoridades de máximo nivel en Veracruz “prácticamente ignoraron al resto de las y los integrantes del Consejo”.
Otro señalamiento de Anaís Palacios fue contra la Comisión Estatal de Búsqueda de Veracruz, a cargo de Brenda Cerón Chagoya, a la que señaló de beneficiar a “amigos” con contrataciones.
“Se han externado señalamientos sobre contrataciones de amistades o de personas que no cubren el perfil profesional adecuado, lo cual no ha sido aclarado en su momento por las autoridades. Se acusa actuar indebido y prepotente de algunas personas del funcionariado vinculado o responsable de atender esta problemática, demandas que, igualmente, han quedado en el silencio o sin consecuencia alguna, por parte de sus superiores”.
En el caso de los instrumentos de seguimiento y evaluación, estos se han centrado en casos principalmente de hallazgos y escenarios forenses, dejando de lado los casos que ameritan investigación, análisis de contexto, el trazado de planes y rutas de búsqueda en vida, la identificación de restos, la colaboración en la alimentación de registros nacionales, planes estatales, entre otras tareas que conduzcan a la localización de personas desaparecidas.
“Muy pocas personas han podido recuperar a sus familiares y, lamentablemente, un número mucho menor han podido obtener verdad y justicia”, expuso la activista en el reporte.
En el caso de la Fiscalía General del Estado, a cargo de Verónica Hernández Giadáns, Anaís Palacios reprochó los rezagos en los casos de desapariciones.
“En algunos casos los colectivos y las familias, las víctimas mencionan un rezago en los casos de las regiones y de poca ética y capacidad para investigar diligentemente y con inmediatez”.
Y si bien en las reuniones participó la titular la Fiscalía de investigaciones Ministeriales, Maricela Aguilera, en la mayoría de los espacios de interlocución no acudió el titular de la Fiscalía Especializada en Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas.
En cuanto al Servicio Médico Forense, Palacios mencionó que existen dudas, entre estas, el número de muestras genéticas sin procesar, las condiciones de la bodega de indicios y el número preciso de los restos no identificados.
“Así como el tiempo preciso o por lo menos estimado, que se tomará en obtener los perfiles genéticos de los cuerpos y restos humanos, en los casos que aplique, también, es preciso que se informe cuántas personas han sido identificadas en la comparativa con el número de cadáveres que tienen”.
En el caso de Seguridad Pública, la activista sostuvo que los trabajadores resguardaron las diligencias, aunque en ocasiones no sabían el objetivo de su comisión y fotografiaron a familiares, lo que causó descontento, sobre todo en familias cuyos casos corresponden a desapariciones forzadas cometidas por la dependencia o la Fuerza Civil.
Además, señaló que dicha Secretaría sigue siendo lenta y burocrática en cuanto al acceso a los registros del C4, la obtención de registros de llamadas al 911 y la revisión de videocámaras de seguridad.
En el caso de Salud, Palacios refirió que esta mantuvo un papel de escucha y de presencia en distintas diligencias de búsqueda y recuperación de restos; mientras que la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública no acudió a sesiones del Mecanismo Estatal de Coordinación y su trabajo consistió por lo general en verter opiniones respecto a los temas de búsqueda.
Referente a Finanzas y Planeación, Palacios apuntó que siempre cambió a los funcionarios que acudieron a las sesiones, aunque el espacio debe ser ocupado por el titular de la dependencia, José Luis Lima Franco, según el Artículo 24 de la Ley Estatal en Materia de Desaparición de Personas.
“Cuestionados por el presupuesto, del 0.025 por ciento del presupuesto anual estatal, sólo se limitaron a emitir opiniones sobre el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, lo cual, en efecto alude a las víctimas, pero no particularizándose en el tema de desaparición y de búsqueda”.
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