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En medio de pandemia, Héctor fue defraudado por supuestas financieras

Héctor Zúñiga fue enganchado a través de internet por dos supuestas empresas financieras que lo defraudaron con más de 160 mil pesos

  • VÍCTOR M. TORIZ
  • 01/12/2020
  • 20:02 hrs
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En medio de pandemia, Héctor fue defraudado por supuestas financieras
Héctor Zúñiga contó su historia a La Silla Rota Veracruz para alertar a la población sobre supuestas empresas financieras que defraudan a clientes.

La voz a través del auricular promete liberar un crédito por más de 400 mil pesos, siempre y cuando Héctor realice un depósito de 20 mil pesos a la misma cuenta bancaria de la Financiera Comunitaria de Patrimonio PFC a la que le ya pagó 110 mil pesos cuando previamente le hicieron la misma promesa.

La voz apela a su humanidad, le expresa amistad y trata de convencerlo de que le está haciendo un favor. No lo convence de pagarles más dinero. Más tarde recibe otra llamada de la misma persona en tono indiferente, se torna amenazante, para que pague lo que le piden o terminará por perder la oportunidad de crédito y el dinero que ya depositó.

De esta forma Héctor Zúñiga Solorzano, un empresario de Boca del Río, fue enganchado a través de internet por dos supuestas empresas financieras que terminaron por defraudarlo por más de 160 mil pesos.

El fraude del que fue víctima ocurrió en medio de la pandemia de covid-19 en el país, en el mes de mayo, uno de los más críticos en contagios y en el que el cierre de toda actividad no esencial recrudeció la crisis en el estado de Veracruz.

A pesar de recurrir a diversas instancias para denunciar su caso hasta el momento ninguna autoridad ha dado respuesta para investigar los hechos, dejando impune el fraude del que fue víctima.

Lo contactaron por correo electrónico

El primer fraude ocurrió en mayo cuando en la bandeja de entrada de su cuenta de correo electrónico recibió un mensaje de la empresa Confía Opciones y Acciones SAPI de CV SOFON NR, que contenía la promesa de una línea de crédito.

El mensaje fue respondido y ese mismo día recibió una llama telefónica de un ejecutivo para iniciar el trámite que se realizó en dos semanas, iniciando con un estudio socio económico y la entrega de la documentación básica.

Luego de firmar un contrato en el que se autorizaba un préstamo por 685 mil pesos con intereses bajos y plazos cómodos para pagar le fue solicitado un pago para la cobertura del trámite.

Después de solicitar información con más de cinco ejecutivos de la empresa, Héctor recibió en garantía una copia del acta constitutiva de la empresa, el RFC y la identificación del personal que supuestamente laboraba en Confía Opciones y Acciones.

Visto lo anterior Héctor no dudó de la autenticidad legal de la financiera e inició con el pago del dinero que le fue solicitado: 51 mil 375 pesos; solo para ser avisado que su trámite había sido cancelado por un supuesto error en la entrega de la documentación.

Sin embargo, el dinero que pagó no le fue devuelto, pues la financiera que lo defraudó alegó que se trata de una supuesta penalización.

“El último asesor que me atiende me pide un último requisito, enviar la escritura de una casa, que claramente él me dice que es para localización, mi credencial de elector y la escritura concuerdan con esa dirección, pero después de que la mando me dice que siempre no es posible porque no cumplo con el requisito del título de propiedad.

“Los señores me mandan dos cartas: una donde dan por finiquitado el asunto del préstamo, pero donde hay una cláusula en donde me dicen que yo no puedo ejercer ninguna acción legal contra esa empresa y que el dinero se lo quedan, la cual no firmé, y otra carta en donde dicen que no me van a enviar a otra financiera”, relató.

Al ver el proceso truncado, Héctor Zúñiga busca otra opción que en ese momento responda a la solicitud de crédito, encuentra a la empresa Financiera Comunitaria de Patrimonio PFC en un directorio de Internet.

La supuesta financiera lo contacta vía telefónica y sigue casi paso a paso cada uno de los procedimientos que la empresa anterior, solo que jamás presenta documentación que acredite que su existencia es legal.

“Viendo la situación atorada con la otra financiera busco otra alternativa en Internet, envío solicitud a un correo que manejan, a partir de ahí empiezo a trabajar con el ejecutivo Joel Báez, me realiza un estudio socioeconómico y me hace una propuesta de 400 mil pesos”.

En esta ocasión le solicitan 16 mil pesos para iniciar el trámite, posteriormente acude a una casa de empeño en donde comienza a dejar en garantía diversos artículos de su propiedad para realizar otros pagos a la misma financiera, para hacer una suma al final de 110 mil pesos, hasta antes de entender que estaba siendo defraudado por segunda ocasión.

“El primer pago que hice fue de 16 mil pesos pero no pongo el número de contrato, me llaman de nuevo y me dicen que debo depositar de nuevo pero colocando el número de contrato y a partir de ahí me piden que tengo que pagar el impuesto del IVA, el impuesto del TIDE, y una serie de situaciones, con el afán de llegar a ese recurso lo hice, creyendo en esta gente, de eso hace seis meses, teniendo en su haber ellos 110 mil pesos míos”.

Cuando exige que le sea devuelto su dinero para la cancelación del trámite, Héctor Zúñiga recibe una negativa, inician entonces las llamadas diarias que hasta este 30 de noviembre seguía recibiendo, ofreciéndole la alternativa de depositar 20 mil pesos para dar curso a la liberación del supuesto crédito.

Sin embargo, Héctor comprobó que a diferencia de la primera empresa Confía Opciones y Acciones SAPI de CV SOFON NR, Financiera Comunitaria de Patrimonio PFC no estaba registrada ante ninguna instancia.

Cuando su hermano se presentó en Reforma 200 de la Ciudad de México, domicilio descrito en el contrato firmado para la liberación del supuesto crédito, se enteró que las oficinas eran en realidad un lote baldío.

“Me dicen que están en el 195 de Reforma, en un edificio que sí existe, pero cuando les aviso que mi hermano se encuentra en el lugar para que lo atiendan porque estaba en el lobby, una ejecutiva que se identifica como Verónica Hernández se pone como loca y me dice que no lo puede atender porque no hay cita”, dijo.

Pese a denuncias, persiste impunidad

Héctor Zúñiga Solorzano denunció el fraude de las dos supuestas empresas financieras ante la Comisión para la Defensa de Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) el 2 de junio del 2020, después de no recibir respuesta durante un mes decidió acudir a las oficinas de la dependencia para saber cual era el avance de su proceso.

La Condusef respondió que debido a las características del caso se trataba de un asunto en el que no podría intervenir, le sugirió presentarse en la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

De acuerdo con lo relatado por Héctor, en la Profeco presentó la documentación detallada de los hechos, las pruebas que tenía sobre su caso, contratos firmados que le fueron enviados, depósitos pagados y demás documentación que consideró pertinente agregar.

Sin embargo, la persona que la atendió en las oficinas de la Profeco en Veracruz le dijo que si la suerte se ponía a su favor, entre los meses de diciembre y enero recibiría una llamada para iniciar los requerimientos a las supuestas financieras.

“Si bien le va nosotros lo estaremos atendiendo en diciembre o enero, cómo me dicen eso, qué pasa si esta empresa desaparece, me quedaré sin problema porque no tendrán capacidad de atenderlo”, dijo.

Desesperado, el empresario de Boca del Río envió tres cartas el 9 de septiembre a la Presidencia de la República pidiendo que se investigue su caso, empleo y un apoyo para reactivar su empresa.

Después de varias llamadas tuvo que viajar a la Ciudad de México por una respuesta formal de la Presidencia de la República, en la que le solicitan enviar de nuevo una carta a las supuestas empresas financieras solicitando la devolución del dinero que depositó o de lo contrario advirtiera que se iniciaría un procedimiento sancionador por parte de Hacienda.

Sobre su solicitud de empleo, le pidieron acudir a las oficinas del Servicio Nacional del Empleo, en donde debido a que tiene 60 años la única vacante que le pueden ofrecer es la de “cerillito” en un centro comercial.

“En el sentido de empleo me mandaron una carta en la que me piden que me presente en las oficinas del Servicio Nacional del Empleo aquí en Veracruz en donde lo único que hicieron fue tomarme una foto para demostrar que supuestamente ellos dieron respuesta, lo único que me ofrecieron fue un empleo de cerillo acomodando despensa en las cajas de algún supermercado, pero es algo que ni siquiera ahora ha llegado”, relató.

El último recurso que Héctor agotó fue ante la Fiscalía Regional de la República (FGR), con la intensión de presentar una denuncia penal por el delito de fraude, sin embargo, al intentar hacerlo en la recepción le explicaron que por la pandemia no podrían darle curso a su trámite hasta que se desahogaran otros asuntos prioritarios.

Héctor Zúñiga afirma que su exigencia a las autoridades es obligar a las instituciones encargadas de investigar y sancionar el delito del que fue víctima, que atiendan su caso, que podría estarse repitiendo en otras partes de Veracruz o el país en un momento de crisis como el que actualmente se vive.

“No estoy pidiendo dinero, no estoy pidiendo una ayuda económica, estoy pidiendo la intervención del gobierno para que se investigue y esto ya no suceda, porque estoy seguro de que no soy la última víctima, y que esta gente sigue operando en total impunidad.”

Desesperación lo obligó a recurrir a crédito

La pandemia de covid agudizó la crisis que Héctor Zúñiga vivía desde el 2018, debido a la falta de oportunidades para acceder a contratos municipales o estatales que hasta antes del gobierno morenista conseguía para suministrar equipo de seguridad y uniformes para policías municipales y estatales.

El empresario señaló que tanto en ayuntamientos como en la administración estatal se impuso una sobrerregulación que dejó en desventaja a las pequeñas y medianas empresas para competir con proveedores más grandes.

Entre otras cosas, los pagos de fianzas para participar en licitaciones y que jamás son devueltos, así como créditos para permitir que la mercancía suministrada sea pagada uno o dos meses después de que son otorgadas.

Héctor afirmó que en la mayoría de los municipios del estado de Veracruz los alcaldes tienen preferencia por empresas que se prestan para otorgar “moches” con contratos que inflan los precios, en otros se privilegia a empresas foráneos sobre los veracruzanos, a pesar de ofrecer mejores alternativas en precio y calidad.

“Para ahora ya poder trabajar en un municipio te piden que aportes toda la inversión, yo soy una microempresa, no tengo millones de pesos para invertir sin adelantos, piden una fianza en el proceso de licitación de 30 mil pesos que se pierden, en caso de perder la licitación no se regresa el dinero y en caso de que se gane el pago de la mercancía llega un mes después”.

El empresario afirma que la necesidad de reactivar su empresa y obtener recursos para mantener a su familia le obligó a buscar acceder a un crédito financiero rápido que le permitiera estabilizarse, sin saber que se convertiría en un calvario que sigue pagando.

Alerta Condusef de supuestas financieras que buscan estafar

El 19 de noviembre, 10 supuestas empresas que se presentaban como Sociedad Financieras de Objeto Múltiple, Entidades No reguladas y 1 Sociedad Financiera Popular, debidamente inscritas en el Sistema de Registro de restadores de Servicios Financieros (SIPRES) fueron exhibidas por la Condusef por cometer presuntos delitos de fraude y suplantación de nombres comerciales, incluso de algunos de sus datos fiscales o administrativos.

El organismo giró un documento con los nombres de las supuestas financieras, así como la forma en la que operaban, advirtiendo a los usuarios, como Héctor Zúñiga, del riesgo que corrían en caso de realizar algún tipo de pago o entrega de datos personales a las compañías en la lista.

De acuerdo con la información de la Condusef, representantes de las supuestas empresas financieras contactaba a las víctimas vía telefónica o por redes sociales, ofreciendo créditos inmediatos, con un mínimo de requisitos y planes de pagos atractivos.

Para ganar la confianza de sus clientes presentaba información como razón social, domicilio, teléfonos e imagen corporativa (logotipos) de empresas debidamente autorizadas y registradas, para hacerse pasar por ellas.

La documentación en todos los casos era enviada por servicios de mensajería instantánea como WhatsApp o Facebook, lo que ponía en riesgo los datos de las personas.

La estafa venía cuando pedían anticipos de dinero en efectivo o mediante depósito a una cuenta bancaria con la supuesta finalidad de apartar el crédito, gestionarlo, adelantar mensualidades, pagar gastos por apertura o como fianza en garantía.

Lo anterior descrito por la Confusef, que La Silla Rota documentó en una nota informativa del 19 de noviembre, encuadra con la forma en la que Héctor Zúñiga, empresario veracruzano, fue engañado en dos ocasiones durante la pandemia.

Los nombres de las empresas que hasta ese momento la Condusef identificó por quejas de usuarios son:

1- Finadix, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

2- Tótem Prestamos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

3- Tu Kapital en Evolución, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

4- Sotiderc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

5- Alcana Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

6- Financiera Maestra, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.

7- HINV, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

8- GRT Logros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

9- Soluciones Múltiples Empresariales, S.A. de C.V. S.O.F.O.M., E.N.R.

10- Valia Servicios Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

11- Sociedad de Alternativas Económicas, S.A. de C.V., S.F.P.

Héctor Zúñiga desesperado decidió contar su historia para que autoridades atiendan su caso y terminen con la impunidad con la que siguen operando estas empresas, además de alertar a la población para evitar ser víctimas de una situación como la que ahora enfrente.