La reestructuración aplicada por Verónica Hernández Giadáns a la Fiscalía General del Estado (FGE) no sólo evidenció múltiples irregularidades administrativas en el ente, sino probables actos de opacidad, omisiones, derroches, adeudos, remuneraciones excesivas y la falta de certificaciones de los excolaboradores de Jorge Winckler Ortiz, lo que derivó en su remoción del cargo.
De acuerdo con el informe anual presentado previo a la comparecencia de la encargada de despacho de la Fiscalía, Verónica Hernández, con su antecesor un total de 87 servidores públicos no aprobaron el proceso de Evaluación y Control de Confianza y en la última revisión todavía continuaban en la nómina del organismo.
Además, de un total de mil 920 servidores, solo 1 mil 584 personas aprobaron la respectiva evaluación, equivalente a una proporción de 82.5 por ciento; a la fecha casi el 20 por ciento de los empleados sigue sin cumplir ese requerimiento.
Durante su ejercicio, del 30 de noviembre de 2016 al 3 de septiembre de 2019, Jorge Winckler no cesó a subordinados reprobados en controles de confianza, incluso, con más diez años de antigüedad en las filas de la Fiscalía.
Así, el pasado 3 de septiembre, por acuerdo de la Junta de Coordinación Política, aprobado en la Diputación Permanente, se avaló la remoción temporal de Jorge Winckler de la titularidad de la Fiscalía.
En ese entonces, los legisladores argumentaron que Jorge Winckler no cumplía con el requisito de acreditación para desempeñar el cargo, al igual que decenas de sus empleados desde que asumió el puesto.
"Dada la gravedad, urgencia y necesidad de evitar daños irreparables a derechos fundamentales de los veracruzanos en materia de procuración de justicia, tutela judicial efectiva y seguridad jurídica, como medida cautelar, control y defensa de la supremacía constitucional se resuelve separar temporalmente al C. Jorge Winckler Ortiz del cargo de Fiscal General del Estado por el presunto incumplimiento del mandato constitucional de contar con certificación, revalidación y registro correspondientes, necesarios para el ingreso y permanencia en el cargo, tal y como lo informan las autoridades con competencia para su emisión. Garantizándose en todo momento la remuneración que en derecho proceda", argumentó la mayoría de legisladores a excepción de los panistas.
SUELDOS, GUARDIAS Y ADEUDOS
Los más de mil días de Jorge Winckler en la Fiscalía destacaron por probables anomalías en la contratación de obras, en la remuneración de sueldos, en la asignación de escoltas y el sobrepago en arrendamientos.
De hecho, el análisis de la FGE revela un gasto excesivo de 2 millones 800 mil pesos al mes en rentas de inmuebles, equivalente a más de 33 millones de pesos al año.
Además, la Fiscalía ejerció 316 millones 670 mil 271 pesos por adjudicaciones directas de contrato de obras públicas, sin el filtro de las licitaciones públicas y proyectos de mala calidad, estos últimos, por un monto de 316 millones de pesos.
La revisión a las finanzas de la FGE detectó 3.8 millones de pesos sin comprobar de fondo revolvente, razón por la cual, el ente investigador formuló la denuncia FGE/FECC EV/380/2019.
La Fiscalía además acumuló deudas por 251 millones 590 mil 599.68 pesos por el impago de sus obligaciones con el Sistema del Ahorro para el Retiro de sus trabajadores, el Seguro Social, el Instituto de Pensiones del Estado, además de acumular pendientes con proveedores, contratistas, obra pública y retención de impuestos.
A la vez, el primer círculo de los colaboradores de Jorge Winckler accedían a una dotación excesiva de combustible, incluso con montos de 125 mil pesos mensuales; también disfrutaban de personal de ayudantía, al grado de disponer de 45 elementos a su cuidado personal y al de sus familias y de sueldos excesivos, por 297 mil pesos al mes.
Además, se detectó personal sin el perfil para desempeñar puestos autorizados, personal que cobraba sin estar reportado en plantilla y la detección de 400 vacantes ante la necesidad de fortalecer las áreas sustantivas.
De estas 400 plazas, la FGE dispuso que 200 se destinaron a fortalecer la Policía Ministerial, 123 para la contratación de fiscales, 30 para reforzar Servicios Periciales, 40 para la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y 5 plazas para áreas administrativas
VACÍOS Y LAGUNAS
A la par de los excesos en la administración de recursos, la Fiscalía incurrió en el incumplimiento de su deber legal al no existir registro en las bases de datos de al menos 13 mil carpetas de investigación.
El Órgano Especializado en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias tampoco registraba en sus archivos 17 mil carpetas; lo cual suma un rezago de 30 mil carpetas.
Entre las demás omisiones de Winckler destaca la nula integración de la base de datos del Registro Nacional de Vehículos Robados y Recuperados y el Registro Nacional de Mandamientos Judiciales, labor compartida con el Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP), y por lo tanto existe una dilación en tales registros y una inexistencia del registro de vehículos entregados.
También había inconsistencias en la información sobre número de serie, placas, número de motor, además de la falta de los criterios de calidad establecidos por la Conferencia Nacional de Seguridad Pública.
A lo anterior, se suma el abandono y deficiencias de los Servicios Médicos Forense de Acayucan, Minatitlán, Cosamaloapan, San Andrés Tuxtla, Papantla, Tantoyuca, y Veracruz, y que ninguno contaba con la debida acreditación.
El diagnóstico a la Fiscalía permitió revelar que los procesos no se realizaban en cuanto a indicadores de calidad y resultados estadísticos, lo que obligó a la nueva encargada de despacho a redirigir el enfoque de una fiscalía Reactiva a una Proactiva, es decir, que no solo investigue delitos, sino que contribuya a la estrategia de seguridad en la entidad.
"Al llegar a la Fiscalía existía una nula coordinación con fuerzas estatales y federales, falta de coordinación confiable", versa el diagnóstico de la FGE; por lo anterior, se realizó la conciliación de las áreas generadoras de información, es decir, los primeros respondientes; para producir un instrumento estadístico con información consolidada y homologada a los trabajos de la Coordinación para la Construcción de la Paz.
El desempeño de Winckler igual incurrió en incumplimientos con la Ley General de Seguridad Pública, como no entregar información al Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia; además de que hubo un suministro incompleto de la información requerida por los Cuestionarios de Indicadores de Modelo de Evaluación y Seguimiento de la Consolidación del Sistema de Justicia Penal de 2017, 2018 y 2019.
Tampoco existió suministros en el reporte, la evaluación detectó deficiencias en el registro, clasificación y reporte de los delitos y las víctimas.
Este martes, a las 10 de la mañana, se espera que la fiscal encargada comparezca ante el pleno y además de dar a conocer la información anuncie las consecuencias legales de las anomalías detectadas.
ygr