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En Fast Track designan a tres nuevos magistrados en Veracruz

En la administración de Miguel Ángel Yunes Linares se promovió la reforma para obligar al retiro de mayores de 70 y renovar el Poder Judicial

Escrito en VERACRUZ el

XALAPA, VER.- En dos sesiones “fast track” el Congreso de Veracruz recibió y aprobó las propuestas del gobernador Cuitláhuac García Jiménez para nominar a tres nuevos magistrados del Poder Judicial. En sólo tres años ha nombrado a 22 togados, entre ellos Sofía Martínez que está siendo enjuiciada y podría ser destituida.

El miércoles 31 de marzo, con solo cuatro horas para analizar los perfiles, diputados locales apoyaron la nominación de los abogados: Claudia Ocampo García, Juan José Rivera Castellanos y Américo Amadeo Fabbri, al menos dos ligados con Morena y PAN, y los votaron como nuevos magistrados en la entidad. 

En la sesión de la diputación permanente se dio entrada, a través de la correspondencia, de la propuesta de Cuitláhuac García para nombrar a tres magistrados y mantener a Claudia Marlene Galán Espinoza, como representante del poder Ejecutivo en el Consejo de la Judicatura por los siguientes cinco años.

Horas después se citó a un periodo extraordinario en donde los 41 diputados presentes, algunos de ellos suplentes que rindieron protesta en esa misma reunión, avalaron los nombramientos por un periodo de 10 años.

Quiénes son los nuevos magistrados

Claudia Ocampo García, es trabajadora del Poder Judicial; se desempeñaba como proyectista en la Sala Constitucional en el Poder Judicial y en el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz. Roberto Sigala Aguilar, magistrado del TEEV es esposo de Ocampo, por lo que se ha mencionado que impulsó su designación.

Juan José Rivera Castellanos, es abogado en Derecho por la Universidad Veracruzana, obtuvo el grado de Maestro en Derecho con énfasis en Filosofía del Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Se desempeñaba como asesor de la fracción del PAN en la actual Cámara, y fue Secretario del Congreso 2016-2018.

El abogado, identificado con Acción Nacional y Sergio Hernández Hernández, se desempeñó como Secretario de Estudio y Cuenta en el Consejo de la Judicatura del Estado de Veracruz.

A la nominación de Castellanos se le dio como lectura política que era un pago para que Sergio Hernandez impidiera la incorporación de Xalapa a la alianza Veracruz Va.

Américo Amadeo Fabbri Carrano fue Secretario de Acuerdos del segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito en Xalapa. 

Nadie sabe para quién trabaja

En diciembre del 2017, cuando el Congreso tenía mayoría del PAN, el entonces gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, envió una reforma para establecer las causas de retiro forzoso de los magistrados.

Promovió cambios al artículo 59, al establecer que los magistrados durarán en su cargo diez años, podrán ser ratificados por un período de cinco años, sólo serán removidos de conformidad con lo dispuesto en la Constitución o por retiro forzoso. “Será motivo de retiro forzoso: haber cumplido los diez años en el cargo sin ratificación; haber cumplido setenta años; o haber cumplido quince años en el cargo.

Con lo anterior, se inició la “purga y renovación” del Poder Judicial, sin embargo, Yunes Linares no logró el consenso para hacer los nombramientos. Cuando Morena ganó la mayoría en la elección del 2018 pidió al panista dejar a la siguiente Cámara la ratificación de los nuevos integrantes del poder judicial.

Los nombramientos y un juicio político por no subordinar al PJV

En octubre se nombró un primer paquete de 13 magistrados, Bertha Inés Chávez Méndez, Claudia Reséndiz Aguilar, Graciela Patricia Berlín Mendoza, Denisse de los Ángeles Uribe Obregón, Florencia Cruz Fernández, Isabel Inés Romero Cruz, María del Socorro Hernández Cadena, Rosalba Hernández Hernández, Sofía Martínez Huerta, Adolfo Cortés Veneroso, Cándido Nicanor Rivera, Esteban Martínez Vázquez y Sergio Jiménez Maraboto.

La magistrada Sofía Martínez Huerta fue sometida a juicio político por no aceptar la intromisión del poder Judicial al Ejecutivo. La Sala Constitucional determinará si hay elementos para destituirla e inhabilitarla por cinco años.

En junio del 2020, con 39 votos a favor y cuatro en contra, los legisladores aprobaron un segundo paquete de nombramientos. Se designó a Alma Rosa Flores Ceballos, Lizbeth Aurelia Jiménez Aguirre, Itzel Castro Castillo, María Lilia Viveros Ramírez, Aileth García Cayetano y Antonio Sobrevilla Castillo, por un periodo de diez años.

En ese caso hay dos amparos pendientes de atender, uno del magistrado Marco Antonio Lezama Moo y Gladys Pérez Maldonado quienes lograron la suspensión de los nombramientos de sus potenciales sustitutos. En tanto que Roberto Dorantes tendrá que ser reinstalado por la orden de un juez federal que emplazó a la presidenta Isabel Inés Romero.

Con anterioridad el Poder Judicial se integraba por 33 magistrados. En mayo del año pasado Morena determinó cambiar y establecer que “el Tribunal Superior de Justicia se compondrá por el número de magistradas y magistrados que determine la ley, y será presidido por alguna o alguno de ellos, que no integrará sala, sino en los casos expresamente establecidos en la propia ley”.

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