En febrero pasado, grupos de hombres armados asaltaron al menos dos autobuses de ruta en Tamaulipas, llevándose a parte del pasaje, aparentemente todos migrantes, todos varones. Fueron dos casos en los que grupos criminales interceptaron los autobuses en la carretera, los obligan a parar, se llevan a un grupo de pasajeros y se marchan.
Todo ocurre sin violencia y sin resistencia por parte de los que se llevan. Este último detalle, alimenta la principal teoría de los investigadores. Sin descartar la hipótesis del secuestro, las autoridades creen que podría tratarse de un arreglo de los migrantes con los criminales con el objetivo de cruzar la frontera y llegar a Estados Unidos.
Ese mes se reportó el secuestro de más de 40 migrantes en carreteras de Tamaulipas y actualmente no hay detenidos ni se sabe el paradero de los migrantes.
El 19 de abril pasado, 13 personas, incluido un niño de un año de edad, fueron masacrados en Minatitlán, Veracruz, por órdenes de una célula de Los Zetas.
El 9 de mayo, “El Lagarto” fue detenido en la ciudad de Escárcega, Campeche, y fue anunciado por las autoridades de Veracruz como presunto líder del cartel de Los Zetas en el sur de la entidad, quien, a su vez, habría instruido el atentado en el salón de fiestas La Potra.
Sin embargo, el 16 de julio, el titular de la Secretaría de Gobierno de Veracruz, Erick Burgos Cisneros, reconoció que Jesús “N”, “El Lagarto”, podría quedar en libertad, debido a que la Fiscalía General del Estado (FGE) no lo ha imputado por el delito de homicidio doloso.
Estos dos casos ejemplifican las razones por las que Tamaulipas y Veracruz son las dos entidades con mayores niveles de impunidad en el país, de acuerdo con el estudio “Hallazgos 2018, seguimiento y evaluación del sistema de justicia penal”, realizado por el centro de análisis México Evalúa.
En la tierra del edén
En Tabasco, la mañana del 25 de marzo pasado fueron encontradas tres personas muertas -dos policías estatales y un guardia de seguridad privada- en las oficinas comerciales de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), triple crimen que hasta ahora permanece impune.
Similar a esos asesinatos sin castigo, se encuentran los 366 homicidios dolosos ocurridos en el primer semestre de este año, integrados en 308 Carpetas de Investigación (CI) iniciadas en la Fiscalía General de Justicia del estado (FGET).
En 2018 se registraron 532 homicidios dolosos, que igual en su mayoría son casos sin resolver y mucho menos se han detenido y sentenciado a los responsables.
En el estudio “Seguimiento y evaluación del Sistema de Justicia Penal en México. Hallazgos 2018”, la organización México Evalúa detectó que Tabasco se ubica en el quinto lugar nacional en el índice de impunidad en el SNP.
Junto con Baja California Sur, Chiapas, Nuevo León, Veracruz y Tamaulipas, Tabasco presenta una efectividad menor al 1 por ciento, “debido al uso mínimo de salidas alternas, anticipadas y sentencias respecto del total de casos conocidos”.
En la entidad, en el trabajo que realiza la FGTE “persiste un uso considerable del archivo temporal”, con el 87 por ciento de las Carpetas de Investigación iniciadas.
Si bien se trata de una determinación contemplada por el modelo acusatorio, el problema radica en que apenas se reactiva el 3.7 por ciento de estas investigaciones a nivel nacional.
“En este sentido, el archivo temporal podría estar distorsionando gravemente los índices de eficiencia de las instituciones y obstaculizando el acceso a la justicia para las víctimas”, destaca la investigación.
Para la directora de Análisis y Estadística de Observatorio Ciudadano de Tabasco (OCT), Julia Arrivillaga, el alto porcentaje de impunidad podría ser un factor generador de la elevada incidencia delictiva, pues el criminal sabe que es poco probable que sea castigado.
Otros factores por los que existe un elevado índice de delitos sin castigo en la entidad, es la falta de profesionalización del personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPCT) y de la FGET. En ello radica, mayormente, el “fracaso” que tiene hasta ahora la aplicación del Sistema de Justicia Penal.
Desde la llegada y actuación del policía primer respondiente a la escena del crimen y llenado del Informe Policial Homologado, la integración de la Carpeta de Investigación y la carencia de herramientas para la investigación científica, desencadena en la impunidad de los delitos en Tabasco.
También por la situación del irregular trabajo desempeñado por las autoridades, fue que crecieron los casos de linchamiento, pues de elevó en la misma proporción la desconfianza de la población hacia la policía y Fiscalía, por la no aplicación de la ley y el castigo a delincuentes.
De acuerdo a la revisión de casos de linchamiento realizada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) del periodo 2015-2018, de los 188 municipios que concentran que los 336 casos registrados, Cárdenas y Villahermosa, ocupan el tercer y cuarto lugar nacional en incidencia.
Más de una década de la reforma
A 11 años de la reforma constitucional en materia penal, México enfrenta un problema en la consolidación de su sistema de justicia en el que la impunidad alcanza porcentajes entre 94 y 96 por ciento.
El estudio advierte sobre los riesgos que enfrenta el país ante la posibilidad de un proceso de contra reforma, debido a una serie de contradicciones a la hora de aplicar justicia.
“La impunidad implica la falta de investigación y resolución de un caso, ya sea por una sentencia condenatoria o por alguna vía alterna. Si bien se trata de un fenómeno presente en todas las sociedades, los niveles en que la impunidad permea un sistema de justicia es lo que diferencia un Estado de derecho robusto, de uno que no lo es”, subraya el informe.
La medición del Índice de Impunidad para 2018 muestra que, en términos generales, el Sistema de Justicia Penal todavía contiene niveles importantes de impunidad. La media nacional es de 96.14% e, incluso, las entidades federativas que presentan los niveles de impunidad más bajos alcanzan niveles superiores al 87%.
Una muestra de la crisis que enfrenta en materia de justicia el país es el hecho de que en 2018 se pasó de dos millones 85 mil investigaciones iniciadas a solo 81 mil 80 asuntos vinculados, es decir solo 3.9 por ciento.
Esto se deriva, entre otras cosas de un fenómeno de “cuello de botella”, que provoca una serie de investigaciones pendientes, que alcanza hasta el 40 por ciento de congestión ministerial.
Los mejores y los peores
Los estados que tienen los menores niveles de impunidad son Guanajuato, Querétaro, Puebla, Campeche y Baja California, en tanto que las tasas más altas corresponden a Tamaulipas, Veracruz, Nuevo León, Chiapas, Tabasco y Baja California Sur.
En las entidades mejor calificadas, el estudio observó que en Guanajuato el mayor número de asuntos concluidos fue por acuerdos reparatorios en sede ministerial (85.7%), mientras que en Querétaro fue la mitad.
En Puebla se identificó un uso considerable de acuerdos reparatorios (95.3%); en Campeche hay porcentajes considerables, tanto en acuerdos reparatorios en sede ministerial (17.3%) como judicial (18.8%), y un mayor número de asuntos resueltos por procedimiento abreviado (38.6%).
En tanto que en Baja California hay un uso significativo de criterios de oportunidad, pues prácticamente siete de cada diez asuntos se resuelven así.
Y, por el contrario, Baja California Sur, Tabasco, Chiapas, Nuevo León, Veracruz y Tamaulipas presentan una efectividad menor al 1%, debido al uso mínimo de salidas alternas, anticipadas y sentencias respecto del total de casos conocidos. En particular, Tamaulipas reporta únicamente cuatro sentencias condenatorias y ningún otro tipo de conclusión, lo que representa una efectividad prácticamente nula.
En suma, el Índice de Impunidad 2018 demuestra que no se ha presentado una mejoría en las condiciones de eficiencia y eficacia de las instituciones del SJP para proporcionar justicia a los ciudadanos.
“Aunque algunos estados han logrado avances para dar una salida satisfactoria a los asuntos que conocen, el porcentaje de casos no resueltos es muy alto y, de manera preocupante, a veces corresponde casi a la totalidad de los asuntos”.
“Si pensamos en la cantidad de delitos ocurridos que ni siquiera llegan al conocimiento de las autoridades, las alarmas deben seguir encendidas para buscar la implementación de mecanismos que logren revertir la impunidad
generalizada que hoy impera en todo el país”.