Durante la audiencia de este viernes, donde fue vinculada a proceso Georgina Domínguez Colío, acusada de incumplimiento de un deber legal, coalición y abuso de autoridad, salieron a relucir contratos millonarios en favor de los periódicos El Águila de Veracruz, Capital y Centinela, cuyos ejemplares de este último fueron regalados a lo largo del sexenio de Javier Duarte (hoy preso en Guatemala).
De acuerdo con pruebas desahogadas por la Fiscalía General del Estado (FGE) cuando Domínguez Colío estuvo a cargo de la Coordinación General de Comunicación Social (entre 2010 y 2014) benefició de manera directa a Othón González Ruíz, dueño del medio El Golfo Info, con un pago de 200 millones de pesos.
La familia Sánchez Macías, propietarios de la cadena de periódicos El Heraldo también habría recibido contratos hasta por 300 millones de pesos; así como los dueños de la radio XEZL.
En la audiencia de vinculación a proceso, presidida por la jueza de control Verónica Portillo Suazo, la parte acusadora expuso que Domínguez Colío administró 5 mil millones de pesos, que correspondieron a contratos de publicidad de 16 dependencias de la administración pasada, de los cuáles, la mayoría habrían sido de palabra, es decir, sin extensión de facturas, ni comprobantes de pago.
En una denuncia interpuesta por Elías Assad Danini, vocero de Miguel Ángel Yunes Linares, también se mencionaron pagos ordenados por Domínguez Colío en favor de ocho empresas, entre las cuales se habrían distribuido 105 millones 927 mil pesos; nombres de dichos establecimientos que a continuación se detallan:
Centro de Recursos de Negocios (CERENE): 11 millones 688 mil 840 de pesos; MOGAVER: 12 millones; Comercializadora MONMART: 30 millones; G- MAN SMART BUSINESS: 17 millones 501 mil 296 pesos; Cordocom, 4 millones 822 mil pesos; Corporativo Ribello, 5 millones; Comercializadora Maza de Córdoba, 17 millones 250 mil pesos, y Nueva Imagen, 7 millones 665 mil 664 pesos.
Cabe mencionar que CERENE y MORGAVER fueron incluidas por el Sistema de Administración Tributaria (SAT) en un listado de las 69 empresas “fantasma” empleadas para desviar recursos en la administración de Javier Duarte, hoy preso por delincuencia organizada y lavado de dinero.
De acuerdo con dos testimonios anónimos, quienes se acreditaron como empleados de la Coordinación de Comunicación Social con 10 y más de 20 años de servicio, Gina Domínguez ordenaba a los medios de comunicación que entregaran facturas de sus pagos, después el personal de la Dirección de Medios las recibía y finalmente remitía a la SEFIPLAN quien era la encargada de ministrar los pagos millonarios.
Por lo anterior, fueron nombrados Alberto Silva Ramos, Tomás Ruiz González, Tarek Abdalá Saad, Gabriel Deantes Ramos y Edgar Spinoso. Así como Antonio Gómez Pelegrín, Salvador Manzur Díaz, Carlos Aguirre, Mauricio Audirac, Fernando Charlestón Hernández, Juan Manuel del Castillo y Vicente Benítez González. Todos con pasado en la Secretaría de Finanzas y con vínculos en las transferencias millonarias.
En su defensa, Georgina Domínguez alegó que quienes firmaron las órdenes de pago en favor de las empresas periodísticas fueron, Mario Rafael Villegas Rivadeneyra y Luis Manuel Salgado González, como jefes de la unidad administrativa de la CGCS, por lo que no había pruebas contundentes en su contra.
Sin embargo, la juez Verónica Portillo Suazo, determinó que s bien, la exvocera no signó órdenes de pago, sí era la encargada de la dependencia y debió estar enterada de las empresas que se veían beneficiadas con el pago de convenios publicitarios.
En punto de las cero horas con 38 minutos Portilla Suazo anunció la vinculación a proceso de Domínguez Colío y concedió a la Fiscalía veracruzana un plazo hasta el 26 de noviembre de 2017 para completar las investigaciones competentes. En tanto, la exvocera de Javier Duarte permanecerá en el penal de Pacho Viejo, en prisión preventiva.
Alrededor de las 2 de la mañana del domingo 21 de mayo inició la audiencia a la sala de juicios orales 4, donde la Fiscalía General del Estado señaló que tiene testigos resguardados sobre los hechos que se le imputan.
Alrededor de las 2 de la mañana de ese domingo inició la audiencia de imputación, donde los fiscales presentaron alrededor de nueve cajas de expedientes y varias hojas de la acusación.
La defensa de Gina Domínguez, encabezada por su hermano, Uriel Domínguez Colío declaró no tener conocimiento de las imputaciones de la Fiscalía General, por lo que solicitó un receso para conocer de la carpeta de investigación.
La jueza declaró un receso de 2 horas y media, para que la defensa realizara el análisis, por lo que reanudó la audiencia a las 5 de la mañana.
Luego de las medidas cautelares, alrededor de las 7 de la mañana, la ex vocera salió de la sala de juicios orales tapada con una sudadera gris a rayas y una capucha evitando a los medios de comunicación.
Un convoy de tres camionetas de policías ministeriales la trasladaron hasta el cereso a donde ingresó alrededor de las 7:03 de la mañana.
Cabe recordar que la ex vocera de la Dirección de Comunicación Social, durante el gobierno, Javier Duarte, fue detenida el sábado en sus oficinas de la avenida Orizaba 46 y trasladada al penal de Pacho Viejo la medianoche de ese domingo.
lra