XALAPA, VER. - La llegada de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) a algunos municipios de Veracruz -donde ha asumido el mando- ha dejado una estela de presuntas violaciones a derechos humanos y disparado los delitos del fuero común como desapariciones, asesinados y robos. Lo mismo ocurre cuando participan en operativos temporales.
Estos señalamientos han sido una constante durante la administración de Hugo Gutiérrez Maldonado, actual secretario de la SSP, quien ha apostado a someter a evaluación a las corporaciones policiacas de demarcaciones en los que las autoridades locales supuestamente son rebasadas, como ocurrió recientemente en Orizaba.
El último caso resulta emblemático ante la polémica por la reforma al Código Penal para agravar el delito de Ultrajes a la Autoridad propuesta por el Ejecutivo y aprobada por el Congreso local. Tras la modificación, líderes de la oposición han sido vinculados a proceso señalados por ese delito; también lo han sido dirigentes de grupos con reclamos al Gobierno y civiles.
Esto último ocurrió hace unos días en Orizaba: la SSP asumió el control del ese municipio en febrero pasado y ahora, algunos jóvenes están acusados de agresiones contra la autoridad, mientras familiares acusan montajes y abusos policiacos manifestándose en la vía pública de la ciudad.
Desde 2019 la dependencia ha asumido la seguridad en Pueblo Viejo, Coxquihui, Camerino Z. Mendoza, Río Blanco, Ixtaczoquitlán, Acultzingo, Tlalixcoyan, Alvarado, Sayula de Alemán, Texistepec, Ixhuatlán del Sureste, Naranjal, Mixtla de Altamirano, Paso del Macho, Orizaba, Xico, Maltrata, Altotonga, Agua Dulce, Coetzala, Acayucan, Huatusco, Misantla, Tres Valles y Álamo Temapache.
ORIZABA
El pasado mes de febrero, el gobierno de Veracruz tomó el control de la seguridad pública de Orizaba. Elementos de la SSP desarmaron a los elementos de la Policía Municipal y los trasladaron a la ciudad de Xalapa para someterlos a exámenes de control y confianza.
Autoridades justificaron esta acción con el objetivo de “garantizar el orden y la paz social” en la región de las Altas Montañas. En un comunicado, se informó que el secretario de Seguridad, Hugo Gutiérrez, encabezó el operativo que contó con el apoyo de fuerzas federales.
En ese contexto, a finales de marzo, seis personas desaparecieron cuando se encontraban todos en las inmediaciones de un estudio de tatuajes en la zona centro de Orizaba.
A través de fichas de búsqueda, se dio a conocer que entre los desaparecidos estaban Adriana “N” de 22 años, Raúl “N” de 19 años y su hermano de 17 años, Moisés “N”, desaparecieron luego de acudir al estudio South Siders de la calle Madero. Pero también se agregó la ficha de José Rogelio “N” de 35 años, de oficio tatuador, al no saber de su paradero.
Una persona más, Itzel Moreno de 20 años, igualmente desapareció ese día en la ciudad. A la lista, se sumó Gonzalo García, un hombre de 60 años que vende comida en las inmediaciones del estudio de tatuajes. En total, fueron seis personas las que desaparecieron.
Al respecto, las autoridades tardaron 24 horas en informar que no se había tratado de un secuestro o privación de la libertad, sino que la SSP los había detenido.
Las personas aparecieron boletinadas como integrantes de un grupo criminal y se justificó que les fueron encontradas armas y vínculos con la delincuencia, además de que supuestamente habrían atacado a los elementos.
Hasta la fecha y aunque se prevé que sean vinculados a proceso este miércoles, tras la liberación de uno de los detenidos, los familiares acusan que se trata de un abuso policiaco contra los procesados por supuestos ultrajes a la autoridad, presuntamente por apedrear y agredir a los elementos.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) marca que en Orizaba, en enero y febrero de este 2021 se han reportado cuatro homicidios dolosos, tras el arribo de la SSP, igual que en el mismo periodo de 2020, así como 65 robos contra 70 en 2020 y ocho casos de secuestro, contra uno perpetrado en 2020.
ÁLAMO
El pasado 8 de agosto de 2020 el director de la policía municipal Guillermo “N” y seis de sus oficiales fueron detenidos por los delitos de portación de armas de uso exclusivo del Ejército y traslado de droga; el director de la Municipal fue vinculado al Grupo Sombra operado en la región por Agustín Méndez Díaz alias “El Guty”.
Dos meses después, el 9 de octubre, ya con la SSP patrullando la zona, una estudiante de Pedagogía de la Universidad Veracruzana (UV) fue asesinada “en un fuego cruzado” durante un enfrentamiento entre elementos de Fuerza Civil y presuntos delincuentes en la carretera federal de Álamo.
La SSP informó que en el lugar los uniformados “repelieron el ataque y neutralizaron a dos sujetos”, además incautaron armamento, vehículos e hidrocarburo; entre los “neutralizados” estaba Ximena, de 20 años de edad; algunas versiones afirman que la joven había sido plagiada cuando iba a su casa. La UV exigió justicia en este caso.
Pese a la presencia de elementos de la SSP en este municipio se han incrementado delitos como el homicidio en apenas un año, debido a que en el primer bimestre de este 2021 se reportaron 14 casos, contra dos en el mismo periodo, pero de 2020; en cuanto a robo la cifra no ha disminuido significativamente, pues pasaron de 41 en enero y febrero del año pasado a 39 en este, según datos del SESNSP.
SAYULA DE ALEMÁN
El 19 de junio de 2019, la SSP asumió el control del municipio sureño. Ya en este año, a través de denuncias públicas, los habitantes manifestaron su inconformidad en contra de los elementos adscritos a la Fuerza Civil, por una supuesta serie de abusos cometidos.
Así, se documentaron los daños que la corporación policiaca causó a su domicilio, donde únicamente se encontraba una madre de familia y sus hijas menores de edad.
Según señaló la víctima, los presuntos oficiales de la Fuerza Civil, además de agredirlas físicamente, causaron diversos destrozos al interior de la vivienda e incluso robaron algunas pertenencias.
Además de este caso, en tres sitios más de Sayula de Alemán, se conoció que la corporación policiaca antes citada amedrentó a habitantes y detuvo a otros sin tener alguna orden de aprehensión o algún motivo por el cual ser detenidos.
Asimismo, policías de Fuerza Civil fueron exhibidos el año pasado cuando irrumpieron en una papelería en Almagres, en el mismo municipio de Sayula de Alemán, donde robaron objetos de valor. Sus abusos quedaron grabados.
ACAYUCAN
También en Acayucan, cámaras de videovigilancia captaron el momento en que dos ciudadanos de Acayucan fueron violentados a manos de elementos de la policía estatal.
En el video se ve como los oficiales acorralaron a una persona de sexo masculino, en un pasillo donde lo interrogan y después lo golpean en el tórax, rostro y cráneo.
Los policías se trasladaban en las unidades SSPE 3431 y 11-1481.
Uno de los últimos casos es el de la detención de tres jóvenes, mismos que fueron golpeados y cuyos familiares señalaron a la Fuerza Civil, exhibiendo incluso fotografías de las condiciones en las que quedaron. La SSP negó los hechos.
En ese municipio tampoco la llegada de elementos policiacos ha mejorado la seguridad, pues de acuerdo con el SESNP en enero y febrero de este año se contabilizaron siete homicidios, contra cuatro en el mismo periodo pero de 2020; los robos tampoco han disminuido en gran medida, pues mientras en 2020 en el periodo de referencia se reportaron 81, este año la cifra sólo bajó a 76.
OTROS CASOS
Que la SSP asuma el control de las policías no es el fundamento único de presuntas desapariciones y abusos; en operativos especiales donde han participado, también se les ha vinculado a homicidios y violaciones.
En este contexto, se cuentan los casos de una maestra de Tlalixcoyan y un docente de Orizaba que fueron violados sexualmente.
Asimismo, las ejecuciones de cinco personas que aparecieron embolsadas en Maltrata y cuyo papel de la SSP dejó más dudas que respuestas. Entonces las autoridades judiciales investigaron la implicación de los elementos.
Igualmente, se tiene documentado el caso de presuntas ejecuciones extrajudiciales al estilo del crimen organizado en Zempoala, donde el único sobreviviente de los hechos narró cómo los elementos aparentemente fabricaron la escena del crimen y dieron muerte a los supuestos integrantes del crimen organizado.
RECOMENDACIONES POR VIOLACIONES A DH
La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitió en 2020 dos recomendaciones tras acreditar abusos policiacos ya con la administración de García Jiménez y Gutiérrez Maldonado al frente de la Secretaría.
Se trata de la recomendación 22/2020, emitida por afectaciones a la libertad e integridad personal cometida por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Los hechos relatados por un xalapeño refieren que fue detenido ilegalmente el 13 de febrero de 2019 por tres motopatrulleros que lo golpearon y llevaron al cuartel de policía de San José, aparentemente sin fundamento alguno.
En la recomendación se relata que “unos cinco oficiales me rodearon y una oficial mujer me preguntó mi nombre y que había sucedido, yo le di nombre y le dije que no hablaría hasta que llegara mi abogado, porque los oficiales que me detuvieron habían procedido de manera ilegal, en ese momento.
“Otro oficial me dice que me detuvieron por alboroto en la vía pública y por ultrajar a la autoridad, a lo que contesté que eso no era cierto, porque el procedimiento ejecutado por los elementos policiales era ilegal y habían violentado mis derechos humanos, diciéndome que me callara y pasara al siguiente módulo y les dijera si traía algo, porque si lo traía iba a valer madres”.
Cabe recordar que esta recomendación no fue aceptada por la Secretaría de Seguridad Pública, y por ende, los lineamientos de reparación del daño no fueron acatados.
Asimismo, la Comisión libró la recomendación 26/2020 al violentar los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública los derechos a la intimidad y a la vida privada así como el derecho a la integridad personal.
Los hechos ocurrieron el 19 de diciembre de 2018, en Córdoba, luego de que policías estatales allanaran una vivienda, donde golpearon al propietario, al que robaron teléfonos celulares, una tableta y dinero en efectivo.
El agraviado denunció que los policías iban con el rostro cubierto y causaron destrozos en su vivienda presuntamente buscando drogas y armas; al no encontrar nada, señala, se retiraron de su hogar.
“… escuché ladrar a mis perros que tengo en el exterior de mi casa, cuando de repente entraron tres elementos de la policía estatal, con el rostro cubierto y fuertemente armados, me sacaron con lujo de violencia de mi baño, desnudo.
“Me percato que había más policías estatales en el interior de mi vivienda, los cuales se encontraban registrando todo mi domicilio, volteando colchones, rompiendo cerraduras de closets y demás lugares de mi vivienda, me dieron de golpes en el costado, de patadas en piernas y me acomodaban zapes en la cabeza.
“Al poco tiempo y casi de manera inmediata, de repente uno de ellos dice éste no es, vámonos, me dicen que estaban buscando armas pero que ese no era el lugar, por lo que molesto les exijo una explicación y uno de ellos me apunta con su arma y me dice cálmate o aquí te carga la madre”.
DELITO DE ULTRAJES A LA AUTORIDAD SEGUIRÁ VIGENTE
La fracción de Morena en el Congreso del Estado advirtió que no respaldará otra modificación al Código Penal del Estado respecto al delito de ultrajes a la autoridad; la oposición por su parte, ya promovió la correspondiente Acción de Inconstitucionalidad, señalando que se está “desvirtuando”.
El legislador con licencia de MORENA, Rubén Ríos Uribe, aseveró que la Ley “está bien”, pues se debe hacer respetar a la autoridad en Veracruz, puesto que, para los casos contrarios, cuando los elementos agreden a los ciudadanos, ya hay sanciones.
“Nosotros estamos en el sentido de que se respeten las manifestaciones, pero siempre en el respeto de que no se afecten los Derechos de terceros, no es válido que policías sean golpeados, agentes de tránsito y cualquier autoridad”.
Cabe recordar que el pasado 11 de marzo el Congreso reformó el artículo 331, que establece que se impondrán de seis meses a dos años de prisión y multa de diez a cuarenta veces el valor de la unidad de medida y actualización diaria, a quien amenace o agreda a un servidor público en el momento de ejercer sus funciones o con motivo de ellas.
En tanto que, para echar abajo dicha modificación, los legisladores de oposición lograron reunir las 17 firmas necesarias para llevar el caso a control constitucional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).