XALAPA, VER. - Rodrigo Cásares no da crédito de lo que ha ocurrido con su padre, Eduardo Cásares, vocero de los concesionarios de centro de verificación de Veracruz. En cuestión de segundos, el hombre de 63 años pasó de protestar contra el gobierno de Veracruz a ser encarcelado.
Eduardo cumple 24 horas privado de la libertad en la Policía Ministerial de Xalapa. Sus abogados le dicen que será imputado por ultrajes a la autoridad; agravio que en 16 días llevó a prisión a él, a un periodista y un exsecretario de Gobierno.
“Mi padre daba una entrevista con los medios. Llegaron ocho policías que preguntaron exclusivamente por él y se lo llevaron. Ahora nos dicen que lo acusan de mentarles la madre y hasta de fisurarle el tobillo a uno de ellos”, dice Rodrigo, quien ha pagado más de diez horas en el cíber café para recopilar pruebas que libren a su padre de la cárcel.
Rodrigo además consiga: “Si fuera por ultrajes, mi madre, mi novia y yo estaríamos detenidos, porque con la adrenalina manoteamos y tratamos de impedir que se lo llevaran. Todo quedó grabado. Pero no, es claro que venían por mi padre”.
El 16 de marzo, Eduardo Cásares fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) cuando protestaba a las afueras de la Secretaria de Medio Ambiente, en Xalapa, junto a otros de sus compañeros.
Eduardo y su gremio se han manifestado en contra de un decreto que modifica el Código Financiero y Código de Derechos del Estado para que sea la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) la dependencia que se encargue del cobro de verificación vehicular y deja a los concesionaros como proveedores.
Fue hace una semana cuando los concesionarios se pronunciaron contra dicho decreto en los bajos del Palacio de Gobierno. Allí soltaron consignas que, hacen sospechar a Rodrigo, incomodaron al mandatario estatal. “Llevaron huevos que repartieron entre la gente y en la prensa se tituló que los llevaban por si al gobernador le hacían falta (para dar marcha atrás al decreto”.
Tras su detención, Eduardo ha permanecido en la policía ministerial de la capital donde incluso su hijo reconoce que ha recibido un trato amable. “Tiene un lugar donde dormir y nos permiten tres visitas al día. Aunque eso no evita el hecho de estar detenido, sin poder bañarse, ni estar tranquilo”.
Rodrigo teme, al igual que su madre y sus familiares que esperan noticias afuera del edificio, que el adulto mayor sea imputado ante un juez en las próximas horas por ultrajes a la autoridad y sea vinculado a proceso.
La detención de Eduardo Cásares, originario de Poza Rica, se da también a seis días de que diputados locales modificarán algunos artículos del Código Penal vigente en Veracruz que, entre algunas cosas, amplió las agravantes siguientes para la configuración del delito de ultrajes a la autoridad.
I. Se realice por una o más personas armadas o portando instrumentos peligrosos;
II. Se realice por medio de cualquier tipo de violencia contra la víctima;
III. Que el sujeto activo manifieste ser miembro de una pandilla, asociación delictuosa o de la delincuencia organizada, real o ficticia o que por cualquier medio manifieste la intervención de estos grupos en la comisión del delito; o
IV. Que se realice a través de cualquier otra circunstancia que disminuya las posibilidades de defensa o protección del sujeto pasivo o lo ponga en condiciones de riesgo o desventaja.
Estas modificaciones fueron duramente criticadas por abogados quienes consideran que son inconstitucionales debido a que violentan los principios de “taxatividad” y non bis in ídem. El primer principio hace referencia a que toda ley penal debe ser clara y concreta sin lugar a ambigüedades y el segundo que nadie puede ser castigado dos veces por el mismo hecho.
Un periodista y un perredista se suman a la lista por ultrajes
Rogelio Franco, secretario de gobierno en la administración de Miguel Ángel Yunes Linares, fue detenido por el ahora polémico delito el sábado 13 de marzo, en el municipio de Tuxpan, al norte del estado de Veracruz.
De acuerdo con información oficial, se pretendía detenerlo por un proceso penal en su contra por violencia familiar, denuncia promovida por su exesposa en mayo del 2020.
Al momento de ser cercado por policías ministeriales, el político contaba con un amparo que impedían su detención, lo que evitó que fuera procesado por tal motivo. Sin embargo, fue imputado ante un juez por ultrajes, señalado de haber agredido física y verbalmente a los oficiales. El perredista permanecerá en prisión debido a que un juez concedió la prisión preventiva justificada.
El pasado 1 de marzo, el reportero Antonio de Marco Arango, director de Foro Tuxpan, fue detenido después de haber sobrevolado un dron durante una diligencia en el malecón de ese municipio.
Tras su detención la FGE trató de imputarlo por los delitos de ultrajes a la autoridad y alteración de la escena del crimen. Tras 48 horas privado de la libertad en los separos de la policía municipal, el reportero fue liberado y la autoridad se abstuvo de imputarlo ante un juez.
Esta detención provocó críticas del gremio periodístico de Veracruz y de organizaciones quienes demandaron que se garantizaran los derechos del periodista detenido, entre ellos el de la libertad de expresión y acceso a la información.
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