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Duarte se queda en prisión; juez rechaza libertad condicional

En Audiencia los abogados del exmandatario solicitaron cambiar las medidas cautelares de la sentencia para favorecerlo

Escrito en VERACRUZ el

Xalapa, Ver. -  Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, continuará su proceso judicial en prisión. Ello, luego de que un juez federal negara la libertad provisional al expriista mientras se resuelve una apelación -hecha por sus abogados- sobre su sentencia por 9 años de cárcel.

La audiencia se llevó a cabo este 4 de enero, en la cual los abogados de Duarte de Ochoa solicitaron a un juez la variación de su medida cautelar. Es decir, pidieron que el exmandatario continuara su proceso en libertad o en prisión domiciliaria.

El juez argumentó que Duarte cuenta con los recursos económicos y materiales para darse a la fuga y, en consecuencia, negó la solicitud de sus abogados para que saliera del Reclusorio Norte.

El veracruzano fue sentenciado el 26 de septiembre de 2018 por los delitos de asociación delictiva y lavado de dinero.

Desde el 5 de diciembre pasado, el Primer Tribunal Colegiado Penal ordenó tramitar una apelación de la pena impuesta contra el exmandatario, por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa, delitos que no ameritan prisión preventiva.

En una audiencia breve dentro del reclusorio, el pasado 16 de diciembre, la defensa de Duarte solicitó el cambio de medida cautelar argumentando que la condena de 9 años ya “no estaba firme”.

Sin embargo, la condena de Duarte de Ochoa se vio reducida, debido a que toma en cuenta el tiempo desde su detención el 27 de abril de 2017, en un hotel de Guatemala, así como el tiempo que permaneció detenido en ese país, esperando su proceso de extradición, por lo que, en México, Javier Duarte solo debería pagar 7 años y medio en prisión.

El exgobernador decidió declarar en una audiencia, para evitar ir a un juicio oral, en donde la pena pudo haber alcanzado los 25 años de cárcel, por ser acusado de autor material de asociación delictuosa y el desfalco de cerca de mil 650 millones de pesos, sacados de programas sociales estatales y de presupuestos.