La comparecencia de la titular de la Comisión Estatal de Atención y Protección de Periodistas (Ceapp), Ana Laura Pérez Mendoza, fue el escaparate de diputados de Morena y PRI que plantearon la desaparición del organismo encargado de promover los derechos e implementar medidas de protección a comunicadores.
La diputada María Josefina Gamboa Torales, quien fue reelecta, planteó desde la pasada Cámara la desaparición de dicho organismo, en esa ocasión, los diputados de Morena frenaron la intentona, por lo que la legisladora alertó que la Ceapp se podría convertir en un botín político.
El 19 de septiembre la Diputación Permanente acordó llamar a comparecer a la Ceapp. La intención, según el acuerdo votado por la mayoría, era conocer las medidas preventivas que se adoptaron para proteger a Celestino Ruiz Vázquez, quien fue asesinado el 3 de agosto en el municipio de Actopan.
Tras narrar los hechos que se han reportado en diversos medios de comunicación, Pérez Mendoza se limitó a responsabilizar al gobierno de no acatar las medidas de protección que se dictaron en favor del comunicador, quien perdió la vida tras tres ataques en el último año.
También se le requirió para explicar las medidas administrativas en contra del comisionado Pedro Díaz, quien fue acusado de extorsionar a comunicadores de la zona norte para gestionar apoyos desde la Ceapp. Aunque reconoció que estaba al tanto esas acciones, afirmó que es responsabilidad del Congreso implementar medidas de sanción, dado que ellos lo nombraron.
Las respuestas de la también columnista provocaron el malestar entre los diputados y las diputadas asistentes que señalaron que la función de la Ceapp es muy limitada, pese al presupuesto de 20 millones de pesos anuales.
La propia Pérez Mendoza defendió el gasto operativo y los salarios de los comisionados, con el argumento que fueron de los pocos órganos autónomos que se ajustaron al plan de austeridad del gobierno federal, y que reintegraron fondos a la Sefiplan.
Su comentario, le valió nuevas críticas, pues su salario mensual de 30 mil pesos, es cinco veces mayor de lo que gana en promedio un reportero veracruzano, que recibe 3 mil pesos a la quincena.
LA DISPUTA EN EL CONGRESO POR LA CEAPP
Después de citar la estadística de las acciones que ha implementado la Comisión en beneficio de los trabajadores de los medios de comunicación, el diputado de Morena, Augusto Nahúm Álvarez Pellico, cuestionó sí la Ceapp fue omisa ante la muerte de Celestino Ruíz Vázquez, asesinado por personas desconocidas.
La titular de la Ceapp se deslindó de la violencia contra el trabajador del Gráfico de Xalapa, quien cobraba una comisión por cada periódico que se vendía en la región. Fue siete meses después que la Comisión Estatal Derechos Humanos, instancia a la que acudió, le pidió al órgano autónomo acompañarlo jurídicamente, luego de que se abrió la carpeta de investigación UIPJ/DX/I/9/4656/2019.
“Y como pueden ver se ha cumplido casi un año que el periodista denunció estos hechos, y hasta el momento sigue sin resolverse. No obstante, ante los nulos avances, el periodista solicitó la intervención de la Ceapp, es decir, no había acudido a nosotros.
“Fue primero a la Fiscalía, después a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, institución quien solicitó, el 27 de mayo del 2019, que la comisión brindara atención jurídica para el seguimiento de la carpeta de investigación”, expuso ante diputados locales.
La denuncia involucraba dos ataques previos contra el comunicador, y lamentó que en un tercero perdiera la vida, sin avances en la carpeta de investigación.
La familia sigue recibiendo apoyo de seguridad y protección en su vivienda, planteó Pérez Mendoza, quien omitió dar a conocer las “medidas extraordinarias” que se implementaron para cuidar a la esposa e hijos de Celestino Ruiz, para no ponerlos en riesgo.
CEAPP YA CONOCÍA DE DENUNCIAS DE EXTORSIÓN CONTRA UN COMISIONADO
El segundo tema, por el que se pidió la presentación de los integrantes de la Ceapp, ante la Comisión de Gobernación, fue la denuncia penal y mediática contra Pedro Díaz, comisionado de la zona norte, a quien se le acusa de extorsionar a comunicadores a cambio de gestionar apoyos del órgano autónomo.
La Comisionada planteó que ellos han dado seguimiento a las quejas, y recordó que, en la 64 legislatura, el entonces diputado Manuel Francisco Martínez, imputado por el secuestro contra Gonzalo Vicencio, denunció desde la máxima tribuna el presunto delito.
La pregunta la planteó la diputada local Gamboa Torales, por lo que la Comisionada aprovechó la oportunidad para recordar que en el pasado ella no levantó la voz.
Durante la comparecencia, Gamboa Torales entregó audios y videos de 40 comunicadores que participaron en una reunión en la que exigieron la intervención de la Comisión de Atención y Protección de Periodistas del Congreso local.
“Nosotros siempre hemos estado atentos, es un igual a nosotros y no somos la instancia, para sancionarlo, en todo caso le compete a la legislatura; de hecho, el 26 de enero del 2017 en la sesión ordinaria de la 64 legislatura, el diputado Manuel Francisco Martínez, hizo lectura de las quejas de los periodistas, y usted estuvo presente en esa sesión”.
LAS ESTADÍSTICAS
Pérez Mendoza, detalló que desde el año 2005 se empezó a llevar una estadística sobre la violencia contra comunicadores. A la fecha se han reportado 25 muertes violentas, de esas 14 corresponden al periodo en el que entró en operación la Ceapp.
Se contabiliza la muerte de Raúl Gibb Guerrero (2005), Roberto Marcos García y Alfonso Sánchez Guzmán (2006); Luis Méndez Hernández (2009); Noel López Olguín, Miguel Velasco, Misael López Solana, Yolanda Ordaz de la Cruz (2011); Regina Martínez, Gabriel Huge Córdova, Guillermo Luna Varela, Esteban Rodríguez y Víctor Manuel Báez (2012).
Gregorio Jiménez de la Cruz (2014); Juan Mendoza Delgado, Moisés Sánchez Cerezo (2015), Anabel Flores Salazar y Manuel Torres González y Pedro Tamayo Rosas (2016); Ricardo Monlui Cabrera, Edwin Rivera Paz (Periodista de Honduras), Cándido Ríos Vázquez, Gumaro Pérez Aguilando (2017), Leobardo Vázquez Atzin (2018) y Jorge Celestino Ruiz Vázquez (2019).
Se reporta la desaparición de ocho periodistas del 2003 a la fecha: Jesús Sandalio Mejía Lechuga (2003), Evaristo Ortega Zárate (2010), Anwar Castillo Domínguez (2011), Gabriel Manuel c Hernández (2011), Miguel Morales Estrada, Raúl Alfonso Rivera, Sergio Landa Rosado (2012), y Tomás David Matus Galván (2014).
LA CIFRA NEGRA
Desde el año 2013, cuando se creó la Comisión, se han presentado 285 denuncias, de esas 185 siguen en trámite; 51 ya fueron determinadas; y en 40 casos no se ha recibido avance de la investigación.
En cuanto a los 14 asesinatos o muertes violentas, solo en dos casos hay sentencias condenatorias, nueves siguen en investigación, y tres más no tiene mayores datos.
La delincuencia organizada ha generado formas híbridas de intromisión en el periodismo, y ha sembrado así la división y la desconfianza entre los periodistas, y entre estos y las autoridades locales.
ygr