Xalapa, Ver. - El proceso de reestructuración de la deuda pública del Gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, permitió una reducción de mil 933 millones 817 mil pesos en el pago de interés de los créditos bancarios. De ese “ahorro”, mil millones de pesos se gastaron por servicios legales y la renegociación de los 26 créditos que heredaron los priistas Fidel Herrera y Javier Duarte.
El secretario de Finanzas y Planeación, José Luis Lima Franco, informó que el proceso de reestructuración de la deuda que respaldó la 64 legislatura se diseñó a modo, por lo que en un periodo de dos años se tendría que buscar un refinanciamiento con la banca privada, beneficiando a los particulares que participan de la renegociación.
Desde el inicio del proceso de reestructura se vinculó a las empresas: Evensen Dodge International, así como a los despachos jurídicos Orozco Waters Abogados y Rico, Robles, Libenson y Bernal, como los potenciales beneficiarios de la renegociación. El entonces candidato a gobernador, Cuitláhuac García afirmó que Yunes Linares se embolsaría 900 millones de pesos por negociar con los bancos.
En entrevista en la televisora local, Lima Franco detalló que el modelo que aplicó la pasada administración encareció los nuevos créditos. El Estado dejó de ser el responsable del pago al crear un fideicomiso al que se transfieren los fondos federales, que se usan como garantía de pago para los 10 contratos bancarios que negoció el Yunismo.
En ese afán de innovar los bancos no participaron en el proceso de licitación porque no existía certeza jurídica de quien era el responsable del pago de los créditos, el Gobierno o el Fideicomiso, lo que derivó en una menor competencia, y se encareció la tasa de interés.
“La reestructuración costó mil millones, que tiene que ver con la constitución de fondos de garantías, con los servicios legales, con los gastos de reestructuración y gastos administrativos”, expuso en el programa de entrevista a 8 Columnas.
El funcionario detalló que este año se planteará una nueva renegociación con la banca privada, en la que el Estado asumiría la responsabilidad del pago, luego de que se logró mejorar la calificación crediticia. Se busca garantizar un interés bajo por al menos una década, para no ahorcar a la siguiente administración.
Las contradicciones de la negociación
En la comparecencia del titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, se informó que con el ahorro que se iba a generar a lo largo de los 30 años, plazos de los nuevos créditos, se podrá pagar a la banca privada los 37 mil 473 millones de pesos que se contrataron en los años 2017 y 2018.
En su presentación ante diputados locales, Guillermo Moreno Chazzarini, aseguró que la reestructura se dio a través de un mecanismo novedoso, que diseñó el Banco Nacional de Obras y Servicios (Banobras), que fue galardonado.
“La reestructura con los bancos no implicó incrementar la deuda. El ahorro a corto mediano y largo plazo proviene de contratar créditos a menor tasa”, afirmó tras jurar decir la verdad frente a legisladores locales.
En su presentación el 28 de noviembre del 2018, el funcionario reiteró que el gobierno panista se encontró con una hacienda estatal en quiebra técnica, con graves problemas financieros y poca liquidez.
La deuda pública ahorcaba las finanzas estatales por las condiciones de contrato que incluían penalizaciones que duplicaban el pago de interés. Y mencionó que la renegociación del proceso se reguló a través de la ley de disciplina financiera, el reglamento de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el código financiero del Estado de Veracruz.
“El proceso de reestructura incorporó un innovador esquema para la contratación y/o reestructuración de la deuda a través de un fideicomiso sin estructura, que funge como acreditado en lugar del gobierno, lo anterior, se logró en coordinación con Hacienda y Banobras”, afirmó al tiempo que destacó que los bancos ofrecieron hasta 60 mil millones de pesos de créditos bancarios.
La renegociación permitió disminuir en un 68 por ciento la tasa de interés, “lo que generó un ahorro de mil 933 millones 817 mil pesos de diciembre del 2017 a la fecha”, explicó en su mensaje a los diputados locales.
La historia de la reestructura
El 08 de noviembre del 2017 el entonces gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, detalló que 13 entidades bancarias ofrecieron el refinanciamiento hasta por 60 mil millones de pesos, pero que solo accedió a los 38 mil millones de pesos, y que la reestructuración está planteada para los próximos 23 años.
"Liberaremos recursos para acciones sustantivas y dejaremos de pagar recursos de una deuda que fue contratada a tasas altas (...) A largo plazo ahorraremos 40 mil millones de pesos, ese es el resultado del refinanciamiento".
En su mensaje desde Palacio de Gobierno, explicó que el ahorro significa dejar de pagar 2 mil millones de pesos anualmente, y acotó que el dinero se debe destinar para sanear las finanzas del estado y lograr su equilibrio financiero.
"En lugar de pagar 6 mil 600 millones de pesos, se pagarán 4 mil 600 millones de pesos; es decir un ahorro de 2 mil millones de pesos".
La reestructura
En el mes de noviembre de 2017 el Gobierno del Estado, a través de la Sefiplan que dirige Guillermo Moreno Chazzarini firmó 10 contratos con seis instituciones bancarias que compraron la deuda que fue heredada por el Gobierno de Javier Duarte de Ochoa, preso por lavado de dinero y delincuencia organizada.
Se contrataron dos créditos con Santander el primero por 6 mil y el segundo por 4 mil millones de pesos que se van a saldar en un plazo de 20 años.
Interacciones prestó 745 millones de pesos, que se tendrá que pagar en un periodo de 240 meses; Monex abrió una línea de crédito por mil millones de pesos que se van a liquidar en los siguientes 15 años.
Banorte prestó 4 mil 54 millones de pesos que se van a pagar a 20 años; Multiva autorizó la transferencia de 5 mil millones al gobierno del Estado.
Por su parte Banobras autorizó 4 líneas de crédito por 17 mil 200 millones de pesos que se van a pagar hasta en 30 años.
La historia
El 24 de enero del 2017 el gobernador Miguel Ángel Yunes solicitó al Congreso de Veracruz la reestructuración de la deuda pública, ya que, dijo, los altos intereses de los 21 créditos que le fueron heredados estaban ahorcando las finanzas estatales.
El 28 de febrero se enlistó en el orden del día el dictamen por el que se aprobaba la negociación con instituciones bancarias a fin de reducir el alto costo de la deuda, sin embargo, ante la falta de consenso se determinó retirar el dictamen del orden del día.
El entonces presidente de la Comisión de Hacienda del Estado, Sergio Rodríguez pidió regresar el documento a comisiones, para un mayor análisis.
El 14 de marzo se hizo el segundo intento por sacar adelante la petición el Ejecutivo del Estado, en esa ocasión tampoco se lograron los votos de las dos terceras partes de los diputados presentes. El PAN, PRD y PANAL sólo sumaron 25 votos.
Tres días después, el 17, finalmente se logró la votación requerida para empezar con la renegociación de la deuda. Y cinco meses después, en agosto, se lanzó la licitación pública nacional para vender la deuda de las administraciones de Fidel Herrera y Javier Duarte de Ochoa.
En el mes de noviembre de 2017 –el día 10- el Ejecutivo anunció que se habían logrado 10 créditos del gobierno del estado, lo que reduciría el monto que se paga por el servicio de la deuda, con lo que se lograban liberar 2 mil millones de pesos